El juez federal Norberto Oyarbide analiza ampliar la investigación contra los ex apoderados de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender, y extenderla a una veintena de empresas que podrían estar vinculadas a los hermanos o a personas de su entorno y a un grupo de cuevas financieras donde cambiaban cheques del organismo. Las Madres presentarán en los próximos días a la Justicia los resultados de una auditoría interna que daría cuenta de que los Schoklender las dejaron con abultadas deudas impositivas y previsionales. Según informó ayer el abogado Eduardo Barcesat, detectaron –por ejemplo– que un departamento que usa habitualmente Hebe de Bonafini en Capital Federal está a nombre de Sergio pese a que ella le indicó que lo pusiera a nombre de la fundación.

Oyarbide ampliaría la investigación en respuesta a un requerimiento presentado por el fiscal Jorge Di Lello que propone medidas para establecer si los fondos públicos asignados a la Misión Sueños Compartidos fueron desviados hacia sociedades o inversiones ajenas a esa finalidad y si hubo lavado de dinero.

Según explican los abogados de Madres –Barcesat y Antonio Rojas Salinas–, con ayuda de un grupo de contadores están intentando determinar exactamente cuánto dinero recibieron para Sueños Compartidos, cuánta de esa plata fue depositada en cuentas bancarias de la fundación y cuánta fue cambiada por fuera para darle un destino ilegal. Tienen fuertes indicios, además, de que arrastran una abultada deuda de cargas sociales. Para los letrados, entregar estos datos es clave para demostrar que la institución fue defraudada por sus ex apoderados. También dan casi por descontado que Oyarbide podría citar la semana próxima a Bonafini como testigo. Y que recién después resolvería si la acepta como querellante o si admite al menos al organismo.

Como parte de la investigación interna analizan un conjunto de propiedades. Barcesat consideró “gravísimo” lo del departamento a nombre de Schoklender. “Vamos a pedir que Hebe sea la depositaria judicial porque el departamento se compró con fondos de la fundación”, anticipó.

Di Lello pidió nuevas medidas para ampliar la investigación en función de datos que harían suponer la presunta existencia de un “entramado de empresas” vinculadas entre sí por diferentes de nombres hacia donde se pudo haber derivado dinero que Madres debía destinar a la construcción de viviendas. Quienes manejaban todo ese dinero eran los ex apoderados, los Schoklender, Sergio en un papel al parecer operativo y de gestor de negocios y Pablo en uno administrativo. El fiscal pidió allanamientos de empresas sospechosas y la medida alcanzaría a cuevas financieras. Según trascendió, pese al hermetismo propio del “secreto de sumario” impuesto en la causa, propuso la declaración testimonial de unos veinte escribanos que habrían intervenido en la constitución de sociedades bajo sospecha.

La lista de empresas y personas físicas que se agregaría a las que ya están bajo la lupa –como Meldorek y Antártica– parecer ser grande. En tribunales se hablaba de un centenar, en total, de nuevos nombres. Varios de los que ya empezaron a circular estos días se presentaron en el juzgado de Oyarbide para ponerse a disposición, como es el caso de Manuel Camet, muy cercano a Pablo Schoklender y socio suyo en emprendimientos como Construcciones Calificadas, donde figuraba el abogado Hugo Omar Gallardo, también de Madres.