Con las elecciones porteñas del próximo domingo llega un nuevo actor a la política local: el comunero. Experiencia en gestión, legitimidad territorial y equilibrio entre los sectores que integran los frentes fueron algunos de los criterios que aplicaron los partidos para seleccionar a sus candidatos. La boleta para Jefe de Gobierno y legisladores suma este año el casillero de la Junta Comunal, que estará integrada por siete miembros y se encargará del mantenimiento de los espacios verdes y las vías secundarias, aunque no hay acuerdo entre los partidos acerca de qué implica eso.

“Se eligieron personas representativas de cada lugar, de sus tradiciones y militancia”, explicó el candidato Daniel Filmus la composición de las listas del Frente para la Victoria. “Algunos vienen de los movimientos sociales, otros de las cooperadoras de los colegios, otros de los locales partidarios”, agregó, y mencionó que el candidato a presidente de la junta comunal por la comuna 5, Raúl Sánchez, proviene de la militancia universitaria y actualmente coordina un centro cultural, ComunArte. La legisladora Gabriela Alegre, que integra la comisión de Descentralización, agregó que hubo también una decisión de priorizar “la juventud” para confeccionar las listas.

En una línea similar, el presidente de la comisión de Descentralización de la Legislatura porteña, Rafael Gentili, mencionó que el criterio de Proyecto Sur fue resultado de “la combinación de representación social y equilibrio entre los espacios”, y destacó que el primer candidato de la comuna 4, Miguel Vayo, proviene del movimiento social MTL, y que Luciano Umerez, quien encabeza la lista de la comuna 2, tiene 23 años.

En el PRO, en cambio, se apostó a quienes ocuparon la dirigencia de los CGP comunales desde 2007, con excepción de las comunas 1, 3, y 10.

Los presidentes de la junta comunal percibirán un salario equivalente al 70 por ciento del sueldo bruto de un legislador, es decir, 8200 pesos, mientras que los otros seis cobrarán 7100 pesos, o sea el 60 por ciento. Si bien hace un mes el jefe de Gobierno envió un proyecto a la legislatura para modificar la ley de comunas y quitarles la asignación a los seis que no presidan la junta, este proyecto aún no ha sido tratado y todo indica que pasará un tiempo hasta que sea discutido por los legisladores.

Más allá de la existencia de legitimidades barriales previas a la elección, vinculadas a la militancia o a la gestión, una encuesta reciente de la Defensoría del Pueblo indica que el 82 por ciento de los ciudadanos consultados desconoce qué son los comuneros o nunca escuchó hablar de las comunas. El desconocimiento fue, justamente, el motivo al que apelaron en mayo todos los bloques de la Legislatura porteña –salvo el radicalismo– para unificar las elecciones comunales con las generales.

Así acabaron con una discusión de diez años, que empezó con la asamblea constituyente porteña. La Constitución de la Ciudad, que es de 1996, establece que el distrito se divide en unidades de gestión política y administrativas con competencia territorial –las comunas– y que se debía haber llamado a elecciones comunales en un período no mayor a cinco años desde su sanción. Pero recién en 2005 se creó una Ley de Comunas, que fijó en 15 la cantidad de comunas y definió sus límites. En 2007 la Legislatura convocó a elecciones para agosto de 2008, pero como la justicia electoral no llegó a confeccionar los padrones, la votación no se realizó y un grupo de organizaciones vecinales presentó un amparo que finalmente llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia porteño. Ahí fallaron a favor del reclamo vecinal y ordenaron fijar una fecha para que se votaran los comuneros. Fue a partir de esa orden que la Legislatura puso la fecha.

“El modelo de comuna y sus competencias va a depender del contenido político del gobierno porteño”, explicó Gentili, para aclarar las discusiones en torno de lo que pueden o no pueden hacer los comuneros. “Macri quiere armar CGP plus, nosotros queremos que las comunas tengan potestades similares a las de una intendencia”, agregó. En la misma sintonía, Alegre expuso que hay puntos de la Ley de Comunas que “tienen que ser reglamentados porque no están del todo claros”, aunque se atajó: “Pero la Ley dice que ante cualquier discusión hay que interpretar las lagunas jurídicas a favor de las comunas”.

Si bien las competencias exclusivas de las comunas son solo dos –el mantenimiento de vías secundarias y espacios verdes–, tanto la interpretación de esas competencias como la forma en la que se distribuirá el presupuesto son cuestiones que permanecen en disputa. “El PRO dice que las vías secundarias son solamente las calles de un solo carril. Su definición se contradice con el Código de Planeamiento, que solo habla de autopistas”, aseveró Gentili, y comentó que lo mismo se aplica a la idea de “mantenimiento”, que puede interpretarse como pavimentación o como trabajo de bacheo.

Una discusión similar ocurre con los espacios verdes, para las comunas en las que hay parques más extensos que funcionan como pulmón de toda la ciudad. En relación con esto último, Alegre piensa que “el parámetro no puede ser la cantidad de hectáreas del parque sino el uso. Hay parques que no son de uso barrial sino que va gente de toda la ciudad”.

Consultado acerca del rol que tendrían las comunas en su gobierno, Filmus ejemplificó su posición con su propuesta de trasladar la cárcel de Devoto, y dijo que “son los vecinos del barrio” quienes deberían definir el futuro de ese predio. Y aseguró: “Vamos a llevar a la mayor ampliación posible la potestad de las comunas”.

Informe: Sol Prieto.