El juez Andrés Gallardo denunció penalmente a Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y otros funcionarios porteños y dispuso la clausura del Club 17 de Agosto, donde el jefe de Gobierno se lanzó en medio de un maremoto de globos. Gallardo tomó estas medidas tras los cuatro allanamientos que ordenó el viernes pasado, de los que se obtuvieron documentos que probarían que iban a destinar al club cerca de medio millón de pesos y que su director es Sergio Costantino, un funcionario macrista que depende de Vidal. El club iba a recibir esta suma del gobierno porteño supuestamente por albergar indigentes, aunque no existen constancias de cuántos estuvieron allí. Inclusive, le iban a pagar 102.300 pesos el mes de mayo, cuando la Justicia comprobó que no alojaron a nadie. Lo único que ocurrió en mayo en ese club fue el acto de Macri, que bailó al ritmo del “no me arrepiento de este amor” de Gilda.

A las 9 de la mañana, el procurador porteño, Ricardo Monner Sans, y el defensor general, Mario Kestelboim, se acercaron a conocer la resolución judicial. La causa se inició en 2008 a raíz de un amparo por el estado del Parador Retiro. Gallardo dispuso refacciones y mientras el gobierno porteño las hacía, envió en micros a los sin techo que dormían allí a otros lugares. El 6 de enero de este año, la gestión PRO entregó a la Justicia una lista de que refugios alternativos donde, curiosamente, omitió al Club 17 de Agosto de Villa Urquiza. Esta omisión fue detectada por un veedor judicial. El club sirvió como albergue para indigentes también con los desalojos del Bajo Flores y con el Operativo Frío. El 11 de febrero, Gallardo le reclamó al gobierno porteño la habilitación del club para funcionar como parador y que detallara la relación contractual con el gobierno porteño. La gestión PRO no respondió, a pesar de que recibió sucesivas intimaciones.

Cuando fueron los allanamientos, la semana pasada, tanto Macri como Vidal repitieron que toda la documentación que ordenó requisar el juez ya había sido entregada. Incluso el líder de PRO hizo un chiste y dijo que si el magistrado la había perdido, podría haberlos llamado por teléfono. En realidad, lo que hicieron el 7 de abril fue entregar un certificado de Defensa Civil –como toda habilitación– y un convenio sin fecha con firmas ilegibles.

De los biblioratos que se secuestraron de las dependencias del ministerio que conduce Vidal surge que el expediente administrativo lo inició el subsecretario de Fortalecimiento Familiar, José Luis Acevedo –también candidato PRO a legislador– el 5 de abril. Es decir, dos días antes de hacer la presentación que le venía reclamando la Justicia. Esto significa que cuatro meses después de que el club hubiera empezado a funcionar como parador, no existía convenio. Ni siquiera había un expediente formal antes de que un juez empezara a requerirlo.

Por esta negativa del PRO a entregar los documentos –pese al “no tenemos nada que ocultar” de Macri y Vidal– se dieron los cuatro allanamientos del viernes pasado: uno al club y tres a dependencias del Ministerio de Desarrollo Social. En el fallo, Gallardo resumió las evidencias de irregularidades que encontró en los expedientes de la gestión de la ministra, por la que Macri dijo que pondría “las dos manos en el fuego”.

Las manos en el fuego

Como adelantó Página/12, un funcionario porteño es el director del club. Se trata de Sergio Costantino, director general de Infraestructura Social. Así se identificó ante el veedor judicial que en un informe del 6 de abril dice “se encontraban presentes el presidente del club Sergio Costantino, quien también es director de Infraestructura y Obras del Gobierno de la Ciudad”. A raíz de una sinuosa trayectoria de licencias, renuncias y reasunciones del cargo por parte de Costantino, el juez solicitó la corroboración a la Inspección General de Justicia (IGJ) y el organismo certificó que Costantino sigue siendo el director.

Costantino, antes de ejercer el cargo en el ministerio que depende de Vidal, fue director general de Infraestructura y Actividades Deportivas. En los allanamientos apareció una factura del club con fecha del 12 de mayo de 2010, “por la cual el Gobierno de la Ciudad, a través de la Subsecretaría de Deportes, abonó la suma de 40 mil pesos en concepto de ‘alquiler de instalaciones’ para clínicas deportivas”. “No se llega a advertir cuál habría sido la causa del pago de tan elevada suma”, consideró Gallardo.

Al club de Costantino el gobierno porteño le iba a pagar cerca de medio millón de pesos. En el expediente administrativo que secuestró Gallardo aparecían cinco facturas que suman en total 498.300 pesos y todas tienen fecha del 21 de junio de 2011. “Ninguna factura contiene un respaldo documental relativo a las prestaciones efectivamente realizadas”, advierte el juez. Esto incluye el mes de mayo, cuando la Justicia no encuentra que el club haya sido utilizado como parador –lo desalojaron cinco días antes del acto de lanzamiento de Macri y se volvió a usar el 31 de mayo–, servicio por el que iban a cobrar 102.300 pesos. Esa factura también “fue recibida con conformidad, incluida en el expediente administrativo, despachada su orden de pago”. Según detalla el fallo, lo que detuvo la transferencia de fondos fue el allanamiento judicial.

Más pruebas

Del análisis que hace Gallardo en su fallo, surge una serie de irregularidades extra en la relación entre la gestión PRO y el club que conduce el funcionario de Vidal.

- Sin gastos. El club tenía que proveer ropa de cama, cena, elementos de higiene personal (jabón, toallas) y de la ropa. Sin embargo, en los allanamientos no aparece un solo recibo de los gastos que esto implica. “No se han detectado elementos que permitan acreditar la efectiva erogación por parte del club en los citados rubros. Tampoco se ha detectado el pago de personal al cumplimiento” de esto.

- Un funcionario porteño advirtió que faltaban las constancias. Ante la falta de listas de las personas que habían pasado por el lugar, el gerente operativo de Legales le solicitó a la Dirección General de Atención Inmediata que informase “el cupo mensual comprometido”. Nadie le contestó. En lugar de eso, la directora de Atención Inmediata, Guadalupe Tagliaferri, consideró que “en todos los meses se ocuparon el ciento por ciento de las plazas disponibles por convenio, todos los días del mes”.

- El club no está habilitado. La semana pasada, Vidal aseguró que el lugar tenía la habilitación correspondiente. Esto resultó no ser cierto: “El club sólo cuenta con un trámite de habilitación que data del año 1953. La habilitación no ha sido conferida”, advirtió Gallardo en el fallo. El juez también encontró una cédula de notificación de la Agencia Gubernamental de Control por “habilitación en infracción”. “Han sido secuestradas además diez actas de infracción por higiene, aseo, ventilación en baños y otras causales”, señala en la resolución judicial.

- El club tenía causas judiciales abiertas. Por convenio, el club no tenía que tener ninguna causa abierta y así lo manifestaron sus autoridades en una declaración jurada, que la gestión PRO rápidamente dio por buena. “No mereció ningún control, en tanto una simple compulsa de la base pública permite determinar que es demandado por el Gobierno de la Ciudad por un monto de 7432 pesos y también es demandado por el Gobierno en una ejecución tributaria”.

- El seguro estaba vencido. “El seguro de responsabilidad civil vigente que exige el convenio no fue debidamente estudiado por la funcionaria, ya que su fecha de vigencia finaliza el 31 de marzo”, señala la resolución judicial. De todas formas, la póliza sólo cubría actividades deportivas y no tenía ninguna validez para presuntos siniestros en las actividades del club como parador nocturno de personas sin techo.

- El convenio es posterior al pedido judicial. En los allanamientos, se halló una copia del convenio con fecha del 13 de mayo de 2011. Sin embargo, Vidal había entregado a la Justicia un convenio sin fecha el 7 de abril y aseguró que ya se encontraba firmado. Curiosamente, los balances del club previos a la firma de ese convenio no están rubricados por nadie de la comisión directiva. Sólo los firma una escribana.

Además, Gallardo remarcó que este documento viola el decreto 607/97, que está destinado a dar subsidios a ONG que se ocupen de los sin techo y hagan convenios con el gobierno porteño. El decreto dice que se puede hacer convenios “con organismos no gubernamentales que se ocupen de esta problemática”. “El convenio es violatorio del decreto, en tanto el club no es una ONG que se ocupa de la problemática de las personas sin techo y porque además el contrato no contiene un pago de subsidios, sino de contraprestación por persona/día asimilables a un precio”, advierte Su Señoría.

Gallardo señala que este modus operandi puede haberse repetido en otros casos, por lo que envió copias del expediente a la IGJ y a la Auditoría General de la Ciudad para que hagan un análisis más amplio y sistemático. Además, envió copia de las evidencias a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, “a los fines de investigar los supuestos ilícitos que involucran a los funcionarios del Poder Ejecutivo Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, José Luis Acevedo, Guadalupe Tagliaferri, Sergio Costantino y Elena Petrapertosa”. La Cámara la sorteó y la denuncia se radicó en el Juzgado de Instrucción 14, que tiene a su cargo la jueza Fabiana Palmaghini.