No es tarea simple conseguir los primeros planos de los represores. Los camarógrafos del Incaa sólo pueden intentarlo si encuentran una habilitación adecuada. Pese a eso, algunas caras de los acusados de la ESMA son difíciles. Alfredo Astiz sabe que lo miran o que pueden hacerlo, y se la pasa pertrechado atrás de cuerpos más robustos que con sus espaldas fungen de grandes escudos. La imagen de Oscar Antonio Montes en la que lograron detenerse por algunos minutos las cámaras era la de un señor anciano de pelo blanco, con la cabeza irremediablemente inclinada hacia abajo, lejos de ese hombre todopoderoso que estuvo a cargo de los crímenes que se produjeron en el principal centro de exterminio de la Marina, el hombre que empezaba a ser descripto por el fiscal Pablo Ouviña en un nuevo día de alegatos.

“Como podemos apreciar, (Montes) bien podría haber permanecido ajeno, pero cuando visitó la ESMA se mostró investido de autoridad, al tiempo que inspeccionó las marchas de las modalidades de lo que llamaban la lucha a la subversión”, dijo el fiscal en un tramo. “Por eso resulta insostenible –aclaró– afirmar su desconocimiento acerca de las personas que se encontraban allí secuestradas.”

La fiscalía llevó adelante una nueva jornada de alegatos, y si todo sigue como hasta ahora terminará el viernes próximo. El fiscal Ouviña y Mirna Goransky empezaron a leer las acusaciones en orden jerárquico, por eso arrancaron con Montes, que era jefe del Grupo de Operaciones del Estado Mayor de la Armada y jefe de la Fuerza de Tarea que tuvo a cargo el Grupo de Tareas de la Esma. Continuaron con Jacinto García Tallada, su sucesor. Y más tarde describieron a Jorge “El Tigre” Acosta, el jefe ejecutivo de la ESMA. A media mañana, como sucede cada dos o tres audiencias, un nuevo contratiempo de salud desestabilizó a un represor y demoró el debate durante una hora. Esta vez, Juan Antonio “Piraña” Azic tuvo una complicación de presión como la semana pasada, un cuadro que su abogada definió como producto del “estrés que le provoca” este último tramo de la causa. La audiencia no se suspendió pero, a pedido de su abogada, Azic siguió el debate a través de un monitor en una sala contigua.

En esas condiciones, Ouviña empezó con Montes. Dijo que ahora tiene 87 años, que comenzó su carrera naval en 1943, tomó numerosos cursos, recibió las mejores calificaciones, fue ministro de Defensa y Relaciones Exteriores, obtuvo un título de diplomado en 1966. Para 1973, era jefe del Servicio de Inteligencia Naval como capitán de navío y luego como contraalmirante. Para 1976, era jefe de Operaciones Navales del Estado Mayor de la Armada y comandante de la Fuerza de Tarea 3, que estaba a cargo del GT 332 que tuvo en sus manos la ESMA. Los fiscales le atribuyeron 36 casos de privación ilegal de la libertad y tormentos, entre abril de 1976 y mayo de 1977. Entre ellos, lo acusaron por los secuestros de los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics.

“Nada podemos deducir de sus dichos porque se negó a declarar –dijo Ouviña–. El Tribunal tampoco permitió la incorporación por lectura de las declaraciones que hizo en la instrucción, pero sí vamos a usar referencias brindadas por otras personas y una variada documentación.”

Entre las pruebas, la fiscalía tomó los testimonios de algunos detenidos-desaparecidos, pero también pasó revista a los legajos oficiales, hojas proyectadas en una pared con líneas borradas, tachadas y sobreescritas. “Ya hemos denunciado las alteraciones, borrados, sobreescrituras y hasta la sustracción parcial de las hojas que se vieron escamoteadas –dijo el fiscal–. Está claro que esto no se hizo para perjudicar a los imputados, sino para favorecerlos a través de un delito que desde ya queremos que se investigue.”

Las pruebas

Uno de los legajos alterados fue el de Rubén Jacinto Chamorro. Los fiscales lo consideraban un documento clave de la defensa de Montes. Chamorro era uno de sus subordinados, y estaba claro que como jefe, Montes debía calificarlo. Las páginas del legajo, sin embargo, lo califican como responsable de la formación de los marinos, en su faz burocrática, pero no en su faz operativa. “Creemos que ya no se discute si la ESMA era una escuela de enseñanza o si funcionaba como sede del Grupo de Tareas, ni que Chamorro era el comandante –dijo Ouviña–, pero las faltantes de las hojas dan cuenta de Chamorro no como director de la escuela sino como director del Grupo de Tareas.” Si no están las hojas de quienes lo evaluaron desde ese rol, no fue para protegerlo a él, o sólo a él, sino y en esa lógica, a ellos mismos.

Pero ésos no fueron los únicos datos. Recordaron que en otro informe Luis María Mendía –superior de Montes– reconoció que “ha demostrado claras y positivas actitudes en la guerra antisubversiva”. O indicó, en otro momento, que uno de los problemas que tenía era que disponía de poco personal superior, un dato que a la luz del alegato de los fiscales y de las otras querellas, explica ahora cómo fue que diversos oficiales de menor jerarquía –como el Tigre Acosta– ocuparon cargos que no les correspondía porque “las actividades habían superado las previsiones originales de la Fuerza”. En el terreno de las pruebas, también se leyeron datos de sobrevivientes y familiares. Recordaron el testimonio de Alberto Girondo, en cuya declaración dijo que Montes estuvo en la ESMA con Massera y García Tallada, y que los altos mandos visitaban la escuela especialmente en épocas de cambios de conducción. Otro testimonio fue el de Elisa Tokar, una sobreviviente que trabajó como esclava en el sótano del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se hacían tareas de prensa y difusión para cuando Montes estaba a cargo de esa cartera. Tokar dijo que su jefe en el ministerio era quien la había torturado en la ESMA y que cuando terminaba el trabajo la llevaban nuevamente a Capucha donde, por supuesto, recordó el fiscal, conservaba su cucheta.

Emilio Mignone nombró a Montes en su declaración del Juicio a las Juntas. Esa declaración fue una de las que se reescucharon en el debate y otra prueba retomada en el alegato. Ouviña recordó cuando el fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales, en el afán de dar con su hija y otros catequistas secuestrados, consiguió una entrevista con Montes, en la que le habló del secuestro de Jalics y Yorio. Montes le dijo que sí, “que a esos capellanes del Tercer Mundo los tuvo la Infantería de Marina y sobre todo a uno de ellos, que ‘es muy peligroso’”.

Montes pasó al Ministerio de Defensa y Culto después de mayo de 1977. “Lejos de apartarlo de la lucha antisubversiva –dijo el fiscal– eso le dio la posibilidad de continuarla desde un punto de vista estratégico, para resguardar la imagen de Argentina y para dirigir el seguimiento de los secuestrados que iban fuera del país bajo la órbita del tristemente célebre Centro Piloto de París.”

La acusación a García Tallada tomó un eje distinto: la fiscalía analizó sus propias declaraciones. García Tallada fue el sucesor de Montes hasta mediados de diciembre de 1977. Pese a que en sus declaraciones asumió las responsabilidades, curiosamente no admitió los tormentos, uno de los dos cargos por los que está acusado. “Pretendió desvincularse diciendo que no tuvo conocimiento de que se produjeran tormentos, pero no tuvo inconvenientes en describir sus técnicas”, dijo el fiscal. Para Ouviña, eso “permite concluir sin demasiado esfuerzo que efectivamente sabía de las prácticas que se usaban en la ESMA, que por cierto contaban con su favor”. García Tallada está acusado por 26 casos, entre ellos los doce asesinados del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz.