Las primeras preguntas de la supuesta encuesta telefónica son las típicas: la edad, el estado civil y, rápidamente, si el receptor de la llamada considera que el caso Schoklender perjudica a Daniel Filmus. Pero en la sexta pregunta se despliega el corazón de la maniobra:

–¿Sabe usted que el padre de Daniel Filmus es arquitecto y uno de los principales contratistas de Sergio Schoklender?

Como es obvio, todos los que reciben el llamado del call center contestan que no, en primer lugar porque nadie sabe que don Salomón Filmus nunca tuvo título universitario y menos todavía en arquitectura: fue comerciante durante toda su vida y, ahora, a los 80 años, no está laboralmente activo. La séptima pregunta contiene el remate de la maniobra:

–Ahora que usted sabe que el padre de Filmus está involucrado con Schoklender, ¿igual lo votaría?

El candidato a jefe de Gobierno porteño presentó ayer dos denuncias ante el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad de Buenos Aires y ante la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, que tiene competencia electoral en Capital Federal, pero también podría abordar la investigación teniendo en cuenta que las llamadas provendrían de algún centro fuera de la ciudad. En los dos textos se señala que el call center que hizo miles de llamadas como la descripta tendría relaciones con la administración de Mauricio Macri. Según dice textualmente la denuncia, las encuestas falsas se hacen desde un call center “que, según las versiones que nos llegaron, podría haber sido contratado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

Los abogados que representan al candidato del Frente para la Victoria, Juan Manuel Olmos y Mauro Riano, apuntan a que existe, en primer lugar, un delito electoral previsto por el Código y que imputa a quien induzca, mediante engaño, a votar de una manera o abstenerse de votar de una manera. En este caso el engaño es categórico: se intenta vincular al padre de Filmus con una situación a priori delictiva en la que supuestamente está involucrado Sergio Schoklender. Según los letrados, el delito podría no ser únicamente electoral, ya que se trata también de una injuria.

Las encuestas truchas se hicieron por miles a partir del viernes pasado. Aunque hay indicios respecto del call center utilizado, se mantiene en reserva si opera desde un centro en Capital o en algún lugar del interior del país. En la denuncia del candidato se citan varios números de teléfono que recibieron las llamadas con la falsa encuesta y el horario exacto en que se hizo. Esto debería permitir a la Justicia identificar el call center con relativa facilidad.

La maniobra

Después de algunas preguntas tradicionales, la voz grabada pregunta: “¿Usted cree que el caso Schoklender influye en el voto a Filmus?”. Allí se produce el primer hecho sorprendente: si la persona contesta que no, la llamada se corta. Es decir que considera que a ese ciudadano ya no lo van a poder convencer con una mentira de que no vote a Filmus. En cambio, si contesta que cree que el caso Schoklender influye en el voto a Filmus, avanzan con siete preguntas más, entre ellas la falsa referencia al padre arquitecto del candidato.

Hay incluso otras preguntas que apuntan a otro tipo de objetivo, el de la confusión. Por ejemplo, preguntan al ciudadano que atiende el teléfono si votaría por la fórmula Filmus-María Eugenia Estenssoro, la candidata de la Coalición Cívica; o qué le parece Jorge Telerman como candidato del Frente para la Victoria.

Lo que perciben los letrados del FPV es que hay una especie de unidad entre estas encuestas falsas y los carteles igualmente falsos que aparecieron en paredes de Buenos Aires. En las imágenes también se vincula a Filmus con Schoklender, con la firma del Frente de Izquierda y de Proyecto Sur. Ambas fuerzas, a través de la candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad, Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, y el primer postulante a legislador por Proyecto Sur, Julio Raffo, desmintieron que hayan confeccionado esos carteles. Es más, Bregman acusó directamente al macrismo.

El razonamiento de los representantes legales de la candidatura de Filmus es que el despliegue a través de carteles y de call centers, con varias encuestas distintas utilizadas al mismo tiempo, no provienen de un trabajo artesanal o de jóvenes “francotiradores” que actúan por las suyas, sino que demuestran que hay cierto poder económico y cierto nivel de organización detrás del fraude. Habrá que ver los pasos que dará la Justicia a partir de hoy.