La Corte Suprema volvió a marcarle la cancha al Consejo de la Magistratura: declaró la invalidez de una resolución del cuerpo de consejeros que el año pasado autorizó a los funcionarios judiciales a afiliarse a partidos políticos por medio de una modificación al Reglamento para la Justicia Nacional. Una acordada de los jueces supremos firmada anteayer dice que el organismo “no cuenta con la atribución para dictar normas reglamentarias” en asuntos de “incompatibilidad” y que la prohibición de integrar fuerzas políticas o agrupaciones “procura sustraer a la Justicia (...) de cualquier suspicacia respecto de su imparcialidad, que es cuestión primaria de su función trascendental”.

La decisión fue firmada por todos los supremos, excepto Raúl Zaffaroni. No responde a ninguna denuncia, sino a una iniciativa propia, en rechazo a la modificación que votó el Consejo en junio del año pasado con apoyo de todos sus integrantes menos los jueces. ¿En qué consistía? Cambiaron, a propuesta del oficialismo, el artículo 10 del reglamento para acotar sólo a los jueces la prohibición de afiliarse políticamente. Así habilitaron a los funcionarios (como los secretarios de juzgado) a acceder a la actividad política. Los sumaron a los empleados que ya podían hacerlo desde años anteriores. Argumentaron que se impedía el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y la libertad de expresión y asociación. Los beneficiarios eran unos 4000 funcionarios judiciales.

“La decisión de la Corte es una demostración de poder. Las facultades del Consejo son debatibles. Nosotros entendemos que la Constitución le posibilita dictar reglamentos relacionados con la organización judicial, la independencia y el servicio de justicia”, sostuvo Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo. “Además, no entiendo cuál es la diferencia entre un empleado y un funcionario.” El camarista y consejero antikirchnerista Ricardo Recondo sí ve diferencia: “Un funcionario judicial tiene la posibilidad de dirigir una causa, por ende no me parece mal que se le impida la afiliación; de todos modos, en el fondo la Corte quiso retacearle facultades al Consejo”.

–Usted nunca ocultó su afinidad con el radicalismo, ¿eso le quita independencia como juez? –le preguntó este diario a Recondo.

–Una cosa es la simpatía política, que yo no oculto, y otra la dependencia orgánica.

Si algún funcionario se afilió en el último año ahora debería borrarse, o iniciar una causa judicial, que igual terminará en la propia Corte.