La presidenta Cristina Kirchner elevó esta semana las propuestas de designación de 76 jueces, cinco fiscales y dos defensores públicos para su consideración por parte de la Cámara de Senadores. “Desde el retorno de la democracia, Cristina Fernández es la presidenta que más jueces designó en las tres instancias”, replicó ayer el ministro de Justicia, Julio Alak, en respuesta a los reclamos que habían trascendido respecto de una supuesta demora en el Ejecutivo. En la próxima sesión del Senado, prevista en principio para el 27 de julio, se dará ingreso formal al Congreso y luego pasará a su estudio en la Comisión de Acuerdos, por lo que su tratamiento en el recinto será para después de las primarias abiertas y simultáneas del 14 de agosto.

Entre los más de ochenta cargos judiciales propuestos por el Ejecutivo se encuentran tres de los cuatro miembros de la Cámara de Casación que estaban vacantes. Se trata de Ana María Figueroa, jurista especializada en derechos humanos; Alejandro Slokar, ex secretario de Política Criminal de la Nación, y Mariano Borinsky, director de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco), que investigó, entre otras causas, al ex presidente de River José María Aguilar por el presunto delito de evasión y el escándalo de la valija del venezolano Antonini Wilson.

Se elevó también como fiscal general de la sala cuatro de Casación Penal a Javier De Luca. Además de profesor universitario, De Luca fue secretario letrado de la Corte Suprema y uno de los fiscales del juicio que condenó al represor Luis Abelardo Patti. Como juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Capital Federal se propuso a Adriana Palliotti, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel, entre otros.

Como juez federal de Dolores se propuso a Alejo Ramos Padilla, abogado de Chicha Mariani, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo.

Hasta esta semana, la Presidenta llevaba alrededor de ocho meses sin resolver ninguna designación de las 146 ternas de jueces que habían sido enviadas por el Consejo de la Magistratura. A pesar de que la ley no establece plazos para que el Poder Ejecutivo tome alguna definición, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, así como otros actores del Poder Judicial y legisladores de la oposición habían manifestado malestar por lo que consideraban era una dilación del Ejecutivo.

“Desde el 10 de diciembre de 2007 hasta ahora hizo 265 designaciones sobre un total de 905 en las tres instancias, es decir alrededor de un 30 por ciento”, recordó un funcionario del Ejecutivo, quien señaló que muchas de las vacantes se fueron acumulando por cuestiones de edad.

Más allá de la definición de Cristina Kirchner, la designación de los magistrados deberá esperar todavía por el lento trámite parlamentario. El ritmo de la campaña electoral disminuyó considerablemente la actividad legislativa y se prevé que el 27 de julio podría haber sesión en el Senado, si es que hay acuerdo respecto de los temas a tratar. En esa oportunidad se le dará a los pliegos enviados por el Ejecutivo ingreso formal al Congreso para luego ser tratados en la Comisión de Acuerdos que preside el chubutense Marcelo Guinle. Como es costumbre, se podría avanzar primero con los pliegos que no obtengan ninguna observación en la comisión para tratarlos en el recinto en una primera tanda, luego de las primarias del 14 de agosto.