Tres de los asesinos de José Luis Cabezas podrían quedar en libertad en las próximas semanas. Los abogados de los ladrones del barrio platense de Los Hornos, que participaron activamente de la operación en la que se secuestró a Cabezas, lo llevaron a la Cava, le esposaron las manos, le pegaron dos tiros en la nuca y quemaron el cuerpo, pidieron la libertad por cuanto ya han transcurrido seis años desde el crimen y aún no hay sentencia firme. Consideran entonces que se ha extinguido el “plazo razonable” que establecía la ley en el momento del asesinato del fotógrafo. El caso debe ser resuelto ahora por la Cámara de Apelaciones de Dolores, pero está extendido el rumor de que uno de los jueces ya tendría decidido su voto –que sería favorable a la libertad– y los otros dos magistrados decidirán próximamente. Si uno se suma al voto resuelto, los horneros quedarán en libertad, pese a que –para algunos juristas– no puede invocarse el principio de inocencia ya que fueron condenados a prisión perpetua en el extenso juicio oral que terminó en febrero de 2000. Lo más grave es que la Sala I de la Cámara de Casación Penal Bonaerense lleva tres años sin resolver las apelaciones y recién hace dos meses se realizó la audiencia para escuchar a los defensores, dando así los argumentos para pedir la libertad de los asesinos.
Los ladrones Horacio Anselmo Braga, Sergio González, Héctor Retana y José Luis Auge fueron reclutados por el policía Gustavo Prellezo, quien los llevó a la Costa, los alojó en un departamento y después del crimen los trajo en su auto de regreso a La Plata. Cuando Cabezas volvía a su casa en la madrugada del 25 de enero de 1997, los ladrones lo esperaban junto a Prellezo para secuestrarlo. Con una zona liberada por otros policías, los horneros y Prellezo llevaron a Cabezas hasta la Cava donde, según el fallo judicial, el policía le pegó dos tiros mientras los horneros lo sujetaban. Los ladrones después rociaron el auto con nafta para quemar el cuerpo. Todo esto les valió la pena de prisión perpetua en el juicio que se hizo en Dolores.
Hace varios meses, los abogados de los horneros, Martín Cerolini y Fernando Burlando, se presentaron ante la Cámara de Dolores para pedir la libertad de los tres ladrones que están con vida, ya que Héctor Retana murió el año pasado en la cárcel. El argumento es que, según la norma que regía las excarcelaciones cuando se cometió el asesinato, corresponde la libertad cuando no existe condena firme después de un plazo razonable. Es más, en algún momento ese plazo razonable se calculaba en tres años. De todas maneras, en un caso complejo como el asesinato de Cabezas, donde participaron ladrones, policías y también se inculpó al jefe de la custodia de Alfredo Yabrán, Gregorio Ríos, el “plazo razonable” se consideraba que debía ser mayor. Cerolini y Burlando sostienen ahora que seis años excede todo lo razonable.
El año pasado, la Cámara de Dolores trató de sacarse el caso de encima considerando que la excarcelación tenía que ser resuelta por la Cámara de Casación Bonaerense, que es el máximo tribunal en materia penal y ante el cual se tramitaba la apelación. No sólo sostuvo ese criterio en el caso de los horneros sino también en el de Gregorio Ríos. Al menos respecto de los ladrones de Los Hornos, Casación decidió devolverle la pelota a la Cámara de Dolores y le dijo que debía resolver, algo que ahora está en pleno trámite.
Para algunos juristas, los horneros están en su derecho porque es responsabilidad de la justicia y no de los imputados el que no haya sentencia definitiva. El juicio oral se hizo en tiempo y forma, porque se consideraba razonable que tres años después del crimen hubiera juicio oral y sentencia. Pero después la Cámara de Casación demoró inexplicablemente las apelaciones. El ejemplo nítido es que la audiencia en que los defensores exponen los argumentos por los que apelan suele hacerse dos otres meses después de terminado un juicio oral. En este caso, esa audiencia se hizo el 21 de diciembre pasado, prácticamente tres años después del juicio oral.
Para otros juristas –y también para la ley que impulsó durante su gestión Carlos Ruckauf–, el condenado en un juicio oral pierde la presunción de inocencia y ya no se puede alegar lo del plazo razonable en la apelación como base del pedido de libertad. La condena surge de un proceso oral en el cual se pronunciaron tres jueces e intervinieron extensamente los defensores y fiscales. Quienes sostienen esta postura argumentan además que la norma sobre excarcelaciones no es una ley penal, sino procesal, y por lo tanto es la que se debe aplicar ahora cualquiera sea la fecha del homicidio. Más allá de estos aspectos teóricos, da la impresión de que la Cámara de Dolores quiere dejar en claro que no tuvo ninguna responsabilidad en los increíbles atrasos y, de hecho, si toma la decisión de darle curso a la excarcelación le cargará las culpas de la eventual libertad de los asesinos a la Cámara de Casación.