La policía de Catamarca detuvo ayer a ocho personas a las que se vincula con los disturbios que el último domingo impidieron el desarrollo de las elecciones en esa provincia. “Dentro de la gente detenida hay personas del PJ Catamarca, de Santiago del Estero y de las localidades bonaerenses de Hurlingham, San Miguel y Boulogne”, aseguró el gobernador Oscar Castillo e insistió en que los incidentes originados en la inhabilitación de Luis Barrionuevo para participar de los comicios los “dirigieron personas venidas de Buenos Aires”. Mientras Castillo no descartó, por otra parte, convocar a los catamarqueños a votar nuevamente junto con las presidenciales del próximo 27 de abril, el titular del PJ provincial lo denunció por cometer “maniobras de intimidación contra militantes y dirigentes peronistas”.
Las ocho detenciones se concretaron en el Hotel Provincial de Turismo y fueron ordenadas directamente por la policía catamarqueña, que indicó que todos los arrestados “en principio estarían identificados como participantes de los graves disturbios ocurridos el domingo 2 de marzo”. Según precisó esa fuerza, los arrestos se hicieron por “averiguación de antecedentes” y todos los detenidos eran oriundos de la provincia de Buenos Aires que estaban en Catamarca desde el viernes pasado para participar en un “presunto Congreso Nacional del Sindicato de Panaderos”.
Si bien en un principio se indicó que el allanamiento al Hotel Provincial de Turismo había sido ordenado por la jueza de instrucción María Milagros Vega, la magistrada aclaró que si bien está trabajando para establecer quiénes fueron los responsables de los disturbios del último domingo, nada tuvo que ver con el procedimiento. “El allanamiento –afirmó– fue una decisión de la Jefatura General de Policía”.
A propósito del origen de los detenidos, Castillo insistió en que los incidentes que impidieron desarrollar las elecciones de “los catamarqueños fueron dirigidos por personas venidas de Buenos Aires con un actuar ‘celular’”. El mandatario explicó a la radio La Red que estaban organizados en “grupos distintos y cada uno tenía una misión diferente, uno quemar las cubiertas, otros entorpecer la votación de la gente, otros romper vidrios y arrojar bombas molotov y otros romper las urnas”.
En cuanto a la fecha en que convocará nuevamente a votar a los catamarqueños, Castillo lo supeditó a los tiempos judiciales. El mandatario sostuvo que “habrá que esperar una sentencia de la Corte Suprema” sobre la situación de Barrionuevo y consideró que “un intento de nueva elección debe ser a partir de que hay una claridad absoluta y total y que no haya más vías judiciales y todo esté agotado”.
Desde el punto de vista operativo, las elecciones podrían realizarse en dos semanas, según aseguró el presidente del Tribunal Electoral y titular de la Corte de Justicia de Catamarca, José Cáceres. “En 15 días se puede reponer todo el material y estar listo para controlar un acto eleccionario”, precisó Cáceres, aunque manifestó que la nueva convocatoria depende de una “decisión política” de Castillo.
Varios partidos ya fijaron posición en cuanto a que habría que anular directamente los comicios del pasado domingo y se debería abrir un nuevo proceso electoral. De hecho, ayer mismo el Frente de la Gente-ARI así lo reclamó ante el juez electoral Raúl Cerdá y lo mismo hizo el PJ.
Claro que los peronistas no sólo reclamaron ante el juez, sino que también arremetieron contra Castillo y exigieron su renuncia. “El gobernador ha realizado afirmaciones temerarias, como aquella de que existen bandas armadas de origen foráneo, pero no ha aportado un solo dato sobre estos supuestos delincuentes”, señaló el diputado justicialista Fidel Sáenz. Por su parte, el vicepresidente a cargo de la titularidad del PJ, Jorge Moreno, denunció “maniobras de intimidación contra militantes peronistas por parte de efectivos policiales que responden al secretario de Seguridad, general Rafael Cazaux”.
Castillo, en cambio, encontró respaldo en el radicalismo, que apoyó su gestión y su decisión de suspender los comicios. La conducción de la UCRsubrayó que los actos de violencia “deben ser esclarecidos y establecerse la responsabilidad de sus instigadores para restaurar la supremacía del orden legal por sobre la barbarie” y arremetió contra Barrionuevo. “Vi a Herminio Iglesias quemar el cajón, pero esto es más grave y Barrionuevo es el único responsable de estos atentados a lo jurídico y a la democracia”, dijo el titular del partido, Pablo Verani, y criticó al Gobierno por “sacarse el problema de encima lavándose las manos”.
Otro que cargó la romana sobre el Gobierno fue Carlos Menem. “Esto viene ocurriendo en el justicialismo desde el famoso congreso de Lanús, tras el cual estamos concurriendo a las elecciones del 27 de abril sin nuestro partido, por culpa de (Eduardo) Duhalde y su gente”, expresó.