Las sombras del pasado siguen ocultas en la plantilla estable de la Policía Bonaerense. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Plata denunció ayer ante el poder político que el comisario inspector Jorge Luis Tejerina, designado al frente de la Dirección de Antecedentes, es un hombre que perteneció al aparato represivo que durante la dictadura militar revistó bajo las órdenes del ex jefe de la repartición general Ramón J. Camps, condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y luego favorecido por el indulto. Tejerina, tal como se acreditó en una denuncia judicial presentada a principios del año pasado, formó parte del plantel de la comisaría 5ª de la capital provincial, “utilizada simultáneamente por el COT (Comando de Operaciones Tácticas) como depósito de prisioneros y por otro grupo de tareas como centro de torturas y de exterminio”, según denunció la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos en un trabajo de recopilación de datos que fundamentó la denuncia judicial contra Tejerina y otros 61 represores.
La presentación judicial, que contó con el patrocinio de la APDH platense, fue hecha ante el fiscal Félix Crous, quien luego de analizar
la información y de realizar una investigación complementaria, elevó las actuaciones al juez federal de La Plata Arnaldo Hugo Corazza. El pedido del fiscal fue muy concreto: que se anulen las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida y que se llame a prestar declaración indagatoria, como imputados, a los 62 represores mencionados en el escrito. El juez Corazza se declaró incompetente por entender que la causa debe tramitar en la Cámara Federal de la Capital Federal, que fue la que tuvo a su cargo el juzgamiento y la condena de Camps y de otros altos jefes policiales en el año 1986. Tras la denuncia pública de la APDH, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero, anunció que hoy recibirá a la entidad de derechos humanos para conocer la magnitud de la denuncia contra Tejerina.
Fuentes judiciales recordaron anoche a Página/12 que el hoy comisario Tejerina se desempeñó en la comisaría 5ª, con el grado de Oficial Ayudante –como tal, miembro de la plana mayor de la dependencia policial–, entre el 1º de enero de 1977 y el 7 de setiembre de 1981. Esa larga permanencia lo convirtió en “uno de los oficiales que más acusaciones tiene, ya que se cruzaron los datos sobre su estada en el lugar y la cantidad de detenidosdesaparecidos que pasaron por allí durante todo ese tiempo”. En su trabajo sobre la comisaría 5ª, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos le adjudicó a Tejerina participación en cuatro apropiaciones de menores, de los cuales solo uno fue restituido a su familia; en el secuestro de 46 personas; en la privación ilegítima de la libertad y las torturas que sufrieron otras 69. En los años en que estuvo Tejerina estuvieron alojadas 49 personas que continúan desaparecidas.
La investigación sobre los crímenes ocurridos en la comisaría 5ª forma parte de una “mega causa” que comprende a otros centros clandestinos de detención que conformaron el llamado “circuito Camps”. De la 5ª dependía el campo conocido como “El Pozo de Arana”, en el partido del mismo nombre, cercano a La Plata. Esa investigación también está a cargo del fiscal Crous, quien sigue acumulando datos para una próxima elevación al juez para que se inicien las citaciones de los imputados. La decisión del juez Corazza de declararse incompetente en la causa por la comisaría 5ª fue apelada por el fiscal y se encuentra ahora a consideración de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
Anoche, consultadas por este diario, fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense dijeron que Tejerina seguía en funciones porque “nunca estuvo procesado” por los delitos que se le imputan. Esto es rigurosamente cierto, pero hay que tener en cuenta que las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida impidieron que continuaran, hacia abajo en la cadena de mandos, los juicios orales que habían comenzado con el que se realizó en 1986 contra el general Camps. Anoche, Cafiero se comunicó por teléfono con el fiscal Crous, para interiorizarse sobre el estado de la causa, y hoyrecibirá a los dirigentes de la APDH. Fuentes judiciales recordaron que los datos centrales de la acusación habían sido puestos en conocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. Además, habían sido publicados por Página/12, el 15 de julio del año pasado (ver nota aparte). El llamado “circuito Camps” comenzó a funcionar a partir del 24 de marzo de 1976. Los operativos de secuestro eran coordinados por el Comando de Operaciones Tácticas (COT), cuya base de operaciones era la Brigada de Investigaciones de La Plata. El trabajo de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos precisó que “en general el circuito que recorrían los prisioneros” pasaba primero por la Brigada, luego por el Destacamento de Arana y finalmente por la comisaría 5ª. De todos modos, se aclaró que “la comisaría 5ª fue utilizada simultáneamente por el COT como depósito de prisioneros y por otro grupo de tareas como centro de torturas y de exterminio”. La comisaría está ubicada en un predio comprendido por la calle 24, la Diagonal 74 y la calle 63.
“El personal que custodiaba a los secuestrados vestía uniforme de la policía de la provincia de Buenos Aires y alternaba sus funciones entre las tareas de oficina y atención al público y custodia de los secuestrados”, denunciaron los Ex Desaparecidos. Los detenidos eran alojados en los fondos de la dependencia, donde estaban los calabozos, “mientras en las oficinas de adelante funcionaba la comisaría en forma normal”. En la denuncia se citó el testimonio de una joven, conocida de la esposa de Carlos De Francesco, uno de los ex detenidos. La mujer concurrió para hacer una denuncia normal y sin quererlo “pudo ver, sobre la mesa o mostrador de atención, un listado de nombres”. Cuando comenzó a leerlo se sorprendió al ver el nombre de De Franceso.
La mujer se asustó y dejó de leer el papel por temor a represalias. “Este incidente refuerza la evidencia de que la custodia y contralor de los prisioneros ilegales alojados en la comisaría estaba a cargo de policías de la propia dotación, que desempeñaban dicha tarea como una de las actividades rutinarias del servicio. Por lo demás, quienes oficiaban de carceleros solían hacerlo vistiendo el uniforme policial del servicio de calle”, afirmó De Franceso. La ex detenida Adriana Calvo y el propio De Francesco recordaron que “la patota” de la que ellos dependían “visitaba el lugar aproximadamente una vez por semana y tomaba lista a una parte de los detenidos. Los restantes dependían de otros grupos operativos y no figuraban en la lista de ‘la patota’; a éstos se los torturaba en las dependencias de la 5ª”. Entre los casos, citaron las torturas sufridas por Susana Falabella y su esposo José Abdala.
En la comisaría, entre otros desaparecidos, fueron vistos por última vez la nombrada Falabella, Inés Ortega de Fossatti, Jorge Bonafini, hijo de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y Lidia Fernández. En el lugar “los prisioneros comían cada dos o tres días (...) no había colchones ni abrigo, el hacinamiento era por momentos tal que debían dormir sentados”. Hugo Fernández relató cómo fue torturado: “Me condujeron hasta un recinto amplio al que denominaban gimnasio donde un grupo de represores me atan a un elástico y me aplican picana eléctrica (...) no sabían manejar dicho elemento de tortura y por la forma de comportarse (se trataba) de policías comunes (vi los borceguíes)”.
Adriana Calvo, quien había sido secuestrada el 4 de febrero de 1977, se encontraba embarazada de siete meses. “Su parto se produjo en un auto, maniatada y con los ojos vendados, cuando era trasladada por personal de la Comisaría Quinta al llamado Pozo de Banfield”, otro centro de detención y tortura. Entre los niños que fueron llevados a la comisaría 5ª figuran Sabino Abdala y María Eugenia Gatica, cuyos padres estuvieron detenidos allí. De Francesco recordó como “uno de los hechos más dramáticos” de su cautiverio la llegada de “dos niños de corta edad, uno de unos dos años y otro de 3 o 4. Las dos criaturas lloraban y gritaban”. Enterada de la presencia de Tejerina en la actual estructura de la Bonaerense, Adriana Calvo le confesó a este diario: “Seguimos llevando la misma pesadamochila” de una historia que nunca termina de cerrar. Marta Vedio, abogada de la APDH-La Plata, sostuvo que lo que ocurre “va a contramano del discurso democratizador” de las actuales autoridades.