Contra reloj, como no podría ser de otra manera, los legisladores nacionales y funcionarios del Gobierno negocian la elaboración de un proyecto de ley que garantice el financiamiento del Fondo de Incentivo Docente, vetado por el presidente Eduardo Duhalde. De esta manera se pretende desactivar lo que parece un conflicto inevitable con los gremios del sector. “Tenemos sospechas. Tengo la convicción de que ni el presidente Eduardo Duhalde, ni el ministro de Economía, Roberto Lavagna, están de acuerdo con esta medida. Nadie veta el monto de seis meses para darnos el equivalente a 2 años de incentivo”, le comentó a Página/12 la titular de CTERA, Marta Maffei.
A pesar de las lógicas dudas sobre la voluntad política del Gobierno en solucionar el tema, Maffei considera que el proyecto “es bueno y demuestra que hay recursos genuinos”. Para el Gobierno la llave sería una iniciativa presentada la semana pasada por el Consejo Federal de Educación en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Contempla utilizar para el pago del incentivo el 60 por ciento del incremento proyectado para este año de la recaudación del impuesto al cheque. De acuerdo a los montos contemplados por Economía, esa cifra rondaría los 700 millones de pesos. Es decir menos de un 10 por ciento del total de lo que recauda el tributo.
Para discutir este proyecto ayer se reunieron, en la comisión, el viceministro de Educación, Ricardo Biazzi; Sergio Palacio, secretario general del Consejo Federal, los responsables de Educación de la provincia de Buenos Aires, Mario Oporto, y de Misiones, Pablo Tirsch, y los titulares de los gremios docentes de CTERA, Marta Maffei, y del Sadop, Horacio Ghilini. Por los diputados estuvieron la titular de la comisión, la tucumana del PJ Olijela del Valle Rivas, los radicales Aldo Neri, Lilia Puig de Stubrin y Marta Di Leo, los aristas Eduardo Macaluse e Irma Parentella. Primero telefónicamente y posteriormente por escrito, el secretario de Hacienda Jorge Sarghini se comprometió a respaldar la iniciativa. La medida será analizada la próxima semana en la reunión de la Comisión de Presupuesto y luego habrá que acordar una fecha para su tratamiento en el recinto.
“No tendría que surgir ningún impedimento para la sanción del proyecto”, señaló a este diario Palacios. Para el funcionario esta medida “da certidumbre a los docentes y cuenta con el consenso de todos”. Lejos de este optimismo, el diputado Macaluse en diálogo con Página/12 se preguntó en voz alta: “Si había fondos para pagar el incentivo, ¿por qué el Presidente vetó el artículo 65 del Presupuesto que contemplaba el pago del primer semestre del 2002. Ahora si no hay fondos por qué surge este proyecto?”. Parte de la respuesta es la obsesión de todo gobierno por garantizar el ciclo lectivo. En todo caso el nuevo inquilino en la Rosada tendrá otro tema que resolver: ¿cómo saldar los 1200 millones de pesos que se les adeudan a los docentes por el pago de 20 meses de incentivo?