Cada día que pasa aparecen más evidencias sobre el vínculo de hombres de Jaime Durán Barba, el principal asesor de Mauricio Macri, con las distintas variantes de la campaña sucia. Hace veinte días se publicó una página de Internet apócrifa, danielfilmus.com, que constituía una falsificación de la real danielfilmus.com.ar. Por supuesto, incluía la historia falsa de que el padre del senador era contratista de Sergio Schoklender. La empresa que gestionó en Estados Unidos la subida a Internet de la página apócrifa es la misma que la que gestionó el dominio de duranbarba.com. Con una particularidad adicional: cuando se realizó una presentación judicial contra la página apócrifa, la misma fue sacada por esa empresa de Internet a las 11.57 del 7 de julio y, curiosamente, a las 12.02, la misma empresa realizó modificaciones en duranbarba.com. Como adelantó ayer Página/12, peritos de Gendarmería habrían detectado archivos borrados en las computadoras de empresas vinculadas con Durán Barba. En esos archivos borrados figuran cuestionarios de encuestas.

Las falsas encuestas estuvieron en el centro de la campaña electoral entre la primera vuelta y este ballottage. La denuncia judicial que hizo Daniel Filmus y que ahora cuenta con el patrocinio de León Arslanian se originó en que decenas de personas que atendieron las llamadas telefónicas de las encuestas falsas.

El sistema era curioso y tenía su sofisticación.

- Después de algunas preguntas formales, la voz formulaba la siguiente: ¿Usted cree que el caso Schoklender afecta al candidato Daniel Filmus?

- Si el ciudadano contestaba oprimiendo la opción no, la llamada se cortaba en forma automática. La idea no era pedir opiniones para un estudio sociológico, sino trabajar –con falsedades– sobre quienes tenían dudas o existía alguna posibilidad de convencerlos de que no voten a Filmus. La persona que pensaba que el caso Schoklender no afectaba al senador era directamente descartada.

- A los que oprimían la opción sí, se les exponía la falsedad: “¿Usted sabía que el padre de Daniel Filmus es arquitecto y es el principal contratista de Sergio Schoklender?”

- Y como remate: “¿Ahora que lo sabe ¿igual votaría Filmus?”.

El padre de Filmus, Salomón, tiene 88 años, no pudo terminar la primaria, siempre fue comerciante y no tiene la menor relación ni con la construcción ni con Schoklender.

Hecha la denuncia judicial, la jueza María Servini de Cubría pidió informes a las empresas telefónicas. Para ubicar las llamadas, se presentaron unos diez testigos que habían recibido las encuestas truchas, lo que permitía saber exactamente a qué hora se hicieron las comunicaciones. Sobre esa base, Telecom presentó dos informes y se determinó que las llamadas se gestaron a partir de un carrier llamado Tag Continental y una empresa de Internet, Connectic. Luego, otra gigantesca empresa interna-cional de Internet, Iplan, confirmó que las comunicaciones se originaban en esas compañías. Con Servini de licencia, el juez Ariel Lijo ordenó los allanamientos. Se incluyó tam-bién a Call and Contact Cen-ter S.R.L.

En Libertad 1240 funcionaban en la misma oficina Tag Continental y Durán Barba y Asociados. Así está escrito en el tablero del hall de entrada al edificio y en la puerta de la oficina. A esto se agrega que en ese domicilio y en Talcahuano 644 se encontraron facturas y chequeras de todas las empresas vinculadas a las encuestas falsas, lo que significa que son una unidad. También en ese grupo está Opinión Confidencial, cuyas facturas y chequeras se encontraron en los mismos domicilios.

La relación con Durán Barba no termina en los domicilios. Quien se autodenomina fundador de Tag Continental y Connectic, Rodrigo Lugones, es presentado como director ejecutivo de Durán Barba y Asociados. Y el socio de todas las empresas es Guillermo Garat, otro hombre estrechamente vinculado con el consultor estrella de Macri.

En los allanamientos, se secuestró una carpeta de facturas rotulada como Facturas GCBA, o sea las facturas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En su momento, Página/12 reveló que las empresas de Durán Barba habían ganado una licitación en la que fueron únicos oferentes por 1.300.000 pesos, una cifra de gran volumen para el mercado de IVR, las siglas del sistema de llamadas automáticas. Filmus sugiere que hubo varios contratos del gobierno de Macri a favor de las empresas de Durán Barba y que por esa vía se podría haber pagado la campaña sucia. Esa es una de las cuestiones que le queda por investigar a la jueza Servini de Cubría.

Las respuestas del macrismo han sido, hasta ahora, más que generales. “Nunca hicimos campaña sucia”, argumentan. Nada responden, en cambio, sobre las computadoras y empresas de las que salieron las encuestas falsas y dicen que no se acuerdan de los contratos que firmaron. Es más, Horacio Rodríguez Larreta firmó el contrato de 1.300.000 pesos dos veces porque la primera vez el texto tenía un defecto. Aún así afirma que no se acuerda.