Mientras los pobladores de Libertador General San Martín siguen tomando tierras, y las ocupaciones se extienden a otras localidades jujeñas, en la Legislatura provincial comenzaron las negociaciones para tratar el proyecto de expropiación presentado por el gobierno de Walter Barrionuevo. Según la Corriente Clasista y Combativa (CCC), unas dos mil familias se instalaron en terrenos y complejos habitacionales a lo largo de la ruta 34, en Perico, Pampa Blanca, Libertador y Puesto Viejo, así como también en Los Lapachos, en reclamo de créditos para acceder a viviendas y de respuestas a pedidos oficiales pendientes. “El asentamiento que comenzó en El Triángulo se expandió en un gran estallido social, producto de la crisis habitacional”, describió a Página/12 Julio Gutiérrez, del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (Capoma). En tanto, el líder del gremio azucarero local, Cristian Bautista, advirtió que “la situación es desesperante”.

Los representantes social y gremial de la localidad que el jueves pasado fue escenario de un violento desalojo que provocó cuatro muertos coincidieron en pedir que los funcionarios acudan a recorrer el lugar para que tomen dimensión real de la situación. “Si no vienen a ver la necesidad, el gobernador, los diputados, el secretario de infraestructura, no lo van solucionar mirando la televisión y leyendo los diarios. Acá el intendente es un lacayo de (ingenio) Ledesma que dice que lo único que hace es asfalto”, se lamentó Gutiérrez. “Queríamos que hoy (por ayer) empiecen los arreglos en el terreno (El Triángulo), pero vemos que todo sigue igual, por eso queremos una reunión con el gobernador para conocer en qué se avanzó”, reclamó Bautista. El sindicalista dijo que “hay policías, docentes y empleados municipales que tomaron las tierras, no queremos que se llegue a una guerra civil”.

La alusión a un conflicto entre ciudadanos responde a que algunas de las viviendas sociales tomadas ya tienen adjudicatarios, precisamente del sindicato de obreros y empleados del azúcar. A continuación de El Triángulo hay unas 80 hectáreas que Ledesma, la firma de la familia Blaquier, ya había cedido al gobierno para viviendas que nunca se construyeron. En esa misma franja fueron tomadas el sábado un conjunto de casas sin terminar por parte de mujeres de policías, y hacia la entrada sur de la ciudad fueron ocupadas unas 20 hectáreas en las que Ledesma aún no cosechó su caña de azúcar, de modo que las familias avanzaron allí a fuerza de machete. En Perico fueron ocupadas 140 viviendas del Plan de Emergencia Habitacional, 250 del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, y también casas de la Cooperativa Municipal. Grupos de trabajadores tomaron un predio vacío detrás de la sede comunal de Pampa Blanca, mientras que en Puesto Viejo se asentaron en terrenos de la empresa Minetti. En Los Lapachos, pobladores hicieron lo propio en un terreno ubicado detrás de las vías del ferrocarril.

Ayer el gobierno del kirchnerista Walter Barrionuevo esperaba que los legisladores realizaran una sesión especial para tratar el proyecto de expropiación con el que busca resolver la crisis habitacional que quedó en evidencia tras la represión de los ocupantes de El Triángulo, que había sido tomado por iniciativa de la Corriente Clasista y Combativa. La iniciativa oficial pretende tomar fracciones de tierras en las localidades de Libertador General San Martín, Fraile Pintado y Pampa Blanca, bajo la modalidad de “expropiación de urgencia”, sobre la base de deudas impositivas de los terratenientes. El proyecto propone expropiar una fracción de cinco hectáreas en una propiedad de la familia Lamas en Pampa Blanca, otras 25 al grupo Braccamonte en Fraile Pintado y las 15 del Ingenio Ledesma conocidas como El Triángulo. El PJ provincial quiere que el proyecto sea aprobado tal como lo envió el Ejecutivo, pero la UCR reclamó que se organice una comisión investigadora y pedirá que declaren el gobernador, su ex ministro de Gobierno Pablo La Villa y el actual jefe de la cartera, Hugo Echavarri, además de pedir informes sobre recursos que habría enviado la Anses para la construcción de viviendas.

“La ley de expropiación se está tratando en estos momentos en la Legislatura, pero el diputado Marcelo Llanos ya dijo que, como no iban a poder expropiar más de 15 hectáreas a Ledesma, estaban negociando que cedan 98 terrenos fiscales, y con eso no llegan a las 20 hectáreas, lo cual no soluciona el problema”, dijo Gutiérrez. Ante la masificación de las tomas en Libertador, los ocupantes de El Triángulo redujeron cada una de sus parcelas, de modo que ahora pasaron de ser 700 a 1000 las familias ocupantes.