El juez federal Norberto Oyarbide resolvió admitir a las Madres de Plaza de Mayo como querellantes en la causa en la que investiga el posible desvío de fondos que estaban destinados para que la Misión Sueños Compartidos de la fundación construyera viviendas sociales. El magistrado le dio a la entidad la posibilidad de impulsar la causa, aunque no aceptó a Hebe de Bonafini a título personal, según explicaron allegados al expediente. Una de las hipótesis del magistrado es que el organismo de derechos humanos como tal pudo haber sufrido una defraudación, de la que en principio serían principales sospechosos Sergio y Pablo Schoklender, como ex apoderados. Pero a la vez está en pleno análisis el papel de quienes firmaron contratos, operaciones y balances.

Cuando recién se inició la investigación judicial, Hebe de Bonafini pidió ser reconocida como querellante con el argumento de que las Madres fueron damnificadas por los hermanos Schoklender mediante maniobras de defraudación: sostuvo que le dejaron un tendal de deudas (en especial previsionales e impositivas al no haber pagado las cargas sociales de los empleados de Sueños Compartidos por extensos períodos) y que no todos los cheques del Plan Federal de Viviendas para las obras encaminadas eran depositados en cuentas de la fundación sino que eran cambiados por los ex apoderados en cuevas financieras, con lo cual se desconocería hasta ahora su destino, que está siendo investigado. La semana pasada la fundación insistió con el pedido para que la admitan como parte. No lo hizo esta vez Bonafini, sino que fue una presentación de otras Madres.

Las defensas de los Schoklender reconocen la existencia de deudas pero dicen que ellos no se llevaron nada de la fundación y minimizan las sospechas de un supuesto enriquecimiento. A su vez, le apuntan al consejo de administración de la entidad, como insistió el mayor de los hermanos a mediados de julio al hacer una presentación en la que intentó responsabilizar a Bonafini por el manejo de los fondos de Sueños Compartidos. Allí sostuvo que él era ajeno a ese consejo y entregó un balance de 2009, firmado por la titular de Madres, donde consta una importante deuda de cargas sociales. También intentó culpar a la tesorera, Juana Meller de Pargament, una mujer de 96 años. En Madres de Plaza de Mayo dicen que Hebe firmaba los balances y en buena medida era por la gran confianza que tenía en los hermanos. Todavía tiene una auditoría interna en pleno desarrollo para determinar qué pasó con el dinero.

A su vez, el juez Oyarbide estudia desde hace dos semanas documentación fundamental, que se contrapone al planteo de Sergio Schoklender: son dos poderes muy amplios donde la fundación les daba amplios poderes de administración a los ex apoderados. El poder a favor de Sergio está fechado el 24 de octubre de 2006 y el de Pablo es del 2 de julio de 2009. “Poder amplio de administración y disposición”, es el encabezado de los poderes, que permitía a los hermanos hacer todo tipo de operaciones de compra y venta y movimientos de fondos en nombre de la asociación.

El magistrado finalmente resolvió ayer admitir a la fundación como querellante, aunque con algunas limitaciones. Por ejemplo, no la reconoció a Bonafini como tal, en forma individual como presidenta, porque estaría en estudio si le cabe alguna responsabilidad. En un comienzo, el fiscal Jorge Di Lello señaló al Estado y a las Madres como posibles damnificados. En un dictamen posterior sostuvo que Hebe debía “dar explicaciones”, aunque no aclaró si debía ser como testigo o imputada. En las últimas semanas, el juzgado y los fiscales Di Lello y Raúl Pleé intentaron avanzar en el análisis de la documentación secuestrada en múltiples allanamientos. Hay dos líneas clave de la pesquisa: una apunta a reconstruir la ruta del dinero y el crecimiento patrimonial de los Schoklender; uno de los imputados, que también fue alcanzado por la inhibición de bienes, de hecho es el financista Fernando Caparrós Gómez, que habría cambiado cheques de las Madres y le vendió a Sergio la empresa Meldorek, que habría sido utilizada para la adquisición de bienes. Por lo pronto, los delitos que estaría contemplando el juzgado son defraudación y lavado de dinero.