Mié 03.08.2011

EL PAíS  › MEDIDAS SOLICITADAS POR EL FISCAL EN LA CAUSA SCHOKLENDER

La hipótesis del desvío de fondos

› Por Irina Hauser

El fiscal federal Jorge Di Lello investiga la hipótesis de que la empresa Meldorek, adquirida por Sergio Schoklender en 2010, habría sido utilizada como pantalla para el desvío de fondos que la Misión Sueños Compartidos de la Asociación Madres de Plaza de Mayo recibía para construir viviendas sociales. Así surge de un escrito en el que le pidió al juez Norberto Oyarbide nuevas medidas de prueba que apuntarían a corroborar si el contrato de la entidad con Meldorek era una fachada, teniendo en cuenta que esa firma contaría con menos de diez empleados y escasa actividad, mientras que los trabajadores dedicados a la elaboración de los paneles y armar las casas de las Madres eran de la fundación. Di Lello, además, citó al ex apoderado para el miércoles próximo, para la apertura de las ocho cajas con documentación que entregó semanas atrás.

El fiscal detalló, según allegados a la causa, que se habrían constatado “irregularidades” en el contrato por el cual la Asociación encomendó a Meldorek, en diciembre de 2010, la construcción de las viviendas. Ese acuerdo tendría las firmas de la titular de la entidad, Hebe de Bonafini, y del presidente de la sociedad, Alejandro Gotkin, quien a su vez figuraba como empleado de la fundación. Di Lello se basó en parte en información recopilada por la Unidad Fiscal de Investigación de lavado de dinero, a cargo de Raúl Pleé.

Los investigadores presumen que habrían existido dos tipos de operatorias por las que Schoklender y sus colaboradores habrían sacado fondos que el Plan Federal de Vivienda otorgaba a la fundación: cambiando cheques en financieras o depositándolos en cuentas bancarias para luego sacar el dinero en efectivo por ventanilla. A su vez, analizan la evolución del patrimonio de Sergio y Pablo Schoklender y su círculo de confianza, entre ellos Gotkin, a quien el Banco Central le detectó una abultada cuenta bancaria. Gotkin fue uno de los primeros nombres que aparecieron en la causa, ya que figuraba como presidente de la empresa Antártica Argentina, que tenía una cuenta en el Banco Supervielle donde fueron depositados cuatro millones pesos de cheques de la fundación, retirados luego por ventanilla. Antártica, además, compartía domicilio con Meldorek. Los fiscales intentan rastrear quién retiró por caja el dinero.

Las supuestas anomalías que diagnostica la fiscalía se refieren a que Meldorek aparecería contratada para el armado y la construcción de las casas, pero los empleados dependían de Madres, lo que constaría en los registros de la Anses. Los materiales, que en un comienzo provenían de una empresa italiana, también serían de la fundación, según la fiscalía. Algunas de las medidas que pidió Di Lello –y que Oyarbide se disponía a ordenar ayer– incluyen pedidos a la Dirección General de Aduanas para que aporte la documentación sobre mercadería ingresada para la fundación, la Misión Sueños Compartidos y la Asociación Rebeldía y Esperanza; que informe el origen de las maquinarias importadas para la construcción de las viviendas y que se constituya en una de las fábricas, en Pedro de Mendoza al 3800, para determinar el origen de los materiales. A su vez pidió medidas para establecer a quién le vendía la empresa italiana.

En Madres sostienen que “Hebe no sabía que Sergio Schoklender era el dueño de Meldorek, sólo daba por hecho que su ex apoderado tenía la licencia para el armado de las viviendas móviles, que elaboran trabajadores de Madres. Todo lo que Hebe firmó, lo firmó de buena fe. En todo caso Sergio va a tener que explicar por qué armó un contrato con su propia empresa”. Schoklender viene sosteniendo que cedía parte de su producción a las Madres y que el resto lo vendía fuera del país. Que compró Meldorek porque le interesaban dos aviones que usaría para recorrer las obras en todo el país y que estaban a nombre de esa sociedad. La compró en dos millones de pesos, según señalan en tribunales, y había pertenecido al financista Fernando Caparrós Gómez. La empresa era propietaria de otros bienes costosos, un yate y una Ferrari, que habrían sido desligados. Caparrós está imputado y se sospecha que cambió cheques a los Schoklender.

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