El juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni salió ayer a defenderse de las acusaciones, pedidos de renuncia y de juicio político que realizaron dirigentes de la oposición, a raíz del escándalo provocado por el funcionamiento de al menos cuatro prostíbulos en departamentos de su propiedad. “Hasta ahora lo que hay es un ilícito civil de desnaturalización del contrato de locación, del cual yo soy una víctima. Si hay delito de trata lo analizará la Justicia”, sostuvo Zaffaroni. El magistrado insistió en que desconocía por completo esa situación ya que sus bienes eran administrados por su apoderado, Ricardo Montivero, y alquilados por una inmobiliaria. Ante los planteos opositores, Zaffaroni reiteró que no firmó ningún contrato y que no conocía a los inquilinos. Se ofreció además a concurrir al Congreso si es convocado para contestar preguntas y mostrar la documentación correspondiente.

Zaffaroni, uno de los abogados penalistas argentinos más reconocidos en Latinoamérica y el mundo, volvió a minimizar “el hecho en sí” de los prostíbulos e hizo especial hincapié en la “situación de acoso” montada por medios “amarillistas” contra él y sus colaboradores con el objetivo de provocar su renuncia. La denuncia original fue publicada por medios de la Editorial Perfil. El magistrado desmintió que la Corte Suprema tuviera pendiente algún fallo que pudiera provocar esta reacción en su contra.

“Yo tengo un gran respeto por Ricardo Alfonsín, fui amigo de su padre. Le reconozco al doctor Duhalde la patriada que hizo en un momento muy difícil. Nunca me he llevado mal con nadie, no sé a qué se debe esto. No tengo ningún enemigo en la política”, respondió el magistrado respecto de los dichos de los candidatos presidenciales.

Con relación al radical deslizó además que no debería estar bien informado. “Cuidado si tomamos en la política el hábito de tirar heces para todos lados, cuidado que estamos cayendo en una destrucción de la república”, agregó.

Más allá de las declaraciones altisonantes propias de la campaña electoral, Zaffaroni sostuvo que le parece “absolutamente insólito estar en medio de un escándalo político” y que le preocupa más el objetivo de desequilibrarlo y hacerlo renunciar. “Si la comisión de Diputados quiere hacer preguntas yo no tengo ningún problema, el hecho en sí no me preocupa, es una nimiedad. Lo colocan a uno en un escándalo político en medio de una campaña electoral”, sentenció.

Al ser consultado por los pasos judiciales a seguir, Zaffaroni aclaró que nunca fue notificado por ninguno de los consorcios, que no conoce cuál es “la situación exacta” que se vivía en los departamentos y que solamente busca que se le devuelvan los inmuebles para evitar un juicio de desalojo y “terminar con esta situación”.

En el caso de que no se compruebe la existencia de trata de personas, de explotación o proxenetismo y se ejerciera solamente la prostitución, la cual no está penada por la ley argentina, el ministro de la Corte advirtió que de todas maneras no avalaría esa situación. “No me hace ninguna gracia que en un inmueble de mi propiedad funcione un prostíbulo, por una cuestión ética, no legal. Y por las molestias al resto de los propietarios”, explicó.

Por último, Zaffaroni adelantó que no está previsto un pronunciamiento de la Corte Suprema al respecto ya que “es un tema absolutamente ajeno” al máximo tribunal. Además relató que no tiene previsto dejar su cargo, más allá de que en otras oportunidades manifestó públicamente que está “cansado”. “No tengo ningún proyecto político inmediato”, continuó.

La presentación judicial fue realizada la semana pasada por Gustavo Vera, el titular de la ONG La Alameda, orientada a denunciar la trata de personas y esclavitud sexual.

Desde el Congreso, diputados de la oposición anticiparon que pedirán al magistrado que se presente para aclarar la denuncia presentada por La Alameda ante la Procuración General de la Nación.