La Corte Suprema y los ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos firmaron un convenio de colaboración para “combatir” la trata de personas, con el objetivo de “concretar tareas que contribuyan a desarrollar la formación, capacitación y sensibilización sobre la perspectiva de género para la prevención e investigación de ese delito”.

En el marco de la formalización del acuerdo, la jueza del máximo tribunal Carmen Argibay advirtió que ese delito “crece y se está transformando en una situación terrible” en Argentina.

La trata de personas con fines de explotación sexual “es considerada por la Corte como una de las formas de agresión más violentas contra la mujer, por lo que hay que dedicarle un trato especial”, aseguró Argibay durante la firma del convenio de colaboración. La ministra, que además es titular de la Oficina de la Mujer que depende del tribunal, añadió que Argentina es “un país de tránsito y de destino y esto hace que tengamos una serie de actos de violencia contra las mujeres terrible”.

El trato al que adhirieron la Corte Suprema y las carteras de Justicia y Seguridad apunta a “promover el intercambio de datos y experiencias que contribuyan a la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y ejecución de políticas” que se relacionen con la “prevención e investigación” de la trata de personas, explicaron a través de un comunicado. En el acto formal de adhesión y presentación del convenio estuvieron presentes, además de Argibay, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y la vicepresidenta del tribunal, Elena Highton de Nolasco; el titular de la cartera de Justicia, Julio Alak, y la viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño.

Además del convenio de intercambio de datos y formación con el tribunal supremo, las carteras de Seguridad y Justicia forjaron entre sí un acuerdo que apunta específicamente a la elaboración e implementación de medidas de prevención, detección e investigación del delito de trata de personas, “prestando especial atención a la asistencia a la víctima”, informó un comunicado a cargo de la ministra de Seguridad, Nilda Garré.

En ese documento, la funcionaria denunció que la trata de personas “es implementado por organizaciones criminales que por vía de engaños y violencias someten a personas, a veces con fines laborales y otras con fines de explotación sexual” y expresó: “Desde la creación del Ministerio de Seguridad se le ha asignado el máximo de dedicación a la articulación de las fuerzas de seguridad para combatir esas redes delictivas”.

Además, la funcionaria destacó que “para lograr el máximo de resultados” la cartera de Seguridad trabaja “estrechamente” con la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia y con la Unidad Fiscal Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase). En ese sentido, según las cifras que maneja ese ministerio, desde su creación, en diciembre de 2010, hasta mediados de julio, “las fuerzas de seguridad rescataron un total de 451 víctimas, 41 de ellas menores de edad”, remarcó en el documento en el que refiere al convenio sellado con la Corte.