Después del revuelvo mediático en torno de la denuncia de la ONG La Alameda contra el juez Raúl Zaffaroni, la Corte Suprema unificó su mensaje: “Esto no afecta el trabajo” del tribu-

nal, ni pone en duda “la actividad de Zaffaroni como magistrado”, quien tampoco tiene por qué explicar ante sus colegas lo que entienden como un asunto “personal”. Palabras más, palabras menos, es lo que dijo públicamente un día antes el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Sólo que ayer lo conversaron entre todos los jueces en su primer plenario pos feria judicial y con el tema todavía en caliente. Quien sumó su voz fue Carmen Argibay: “Nosotros esperamos a ver qué pasa. Las explicaciones se las tendrá que dar (Zaffaroni) a quien corresponda. Será el Congreso, no lo sé”.

La idea de que hay un clima de “tranquilidad” en la Corte y de “cordialidad” y respaldo a Zaffaroni fue la que intentaron transmitir desde distintos despachos del tribunal ante las consultas de Página/12. “Hay una unidad interna muy fuerte”, fue una de las frases más repetidas. Apuntaba a contrarrestar el clima de crisis institucional que intentaban pintar algunos medios y sectores subidos al pedido de renuncia que formuló el candidato presidencial Ricardo Alfonsín. Contra ese reclamo, desde el alto tribunal insistieron en que “no hay un cuestionamiento a Zaffaroni por su desempeño como juez” “y la Corte no tiene nada que hacer”.

Eso fue lo que le expresaron durante el acuerdo y aunque le dijeron que tampoco veían necesario que rindiera cuenta puertas adentro, él les dijo, como lo había hecho en algunas radios, que se había visto “superado” por un problema con sus propiedades convertido “en un vendaval político insólito”. Desde que La Alameda denunció que en seis de sus inmuebles se ejerce la prostitución, el juez viene explicando que ni siquiera conoce algunos de sus departamentos (ya que tiene quince propiedades), que no sabe quiénes son los inquilinos y que no recibió reclamos ni denuncias. La administración de sus bienes la delega, dijo, en un apoderado y el alquiler lo hace una inmobiliaria. El, señaló, se ocupa de su vida profesional y académica. Ante el alboroto público informó que está tratando de que se vayan los inquilinos. Atribuyó todo a una campaña para forzarlo a renunciar, en medio de la campaña electoral.

En la Corte, al parecer, hasta los colegas que le tienen menos simpatía le dieron apoyo. Nadie lo increpó ni lo aisló, cuentan en el Palacio de Justicia. “Para mí es una cuestión particular y es el doctor Zaffaroni quien debe explicar o decir lo que quiera decir. A la Corte esto no la afecta en su trabajo ni nada por el estilo, no tiene nada que ver con la Corte”, insistió Argibay. El penalista les reiteró a sus colegas que si lo cita la Cámara de Diputados, irá a contestar todas las preguntas.