En la noche del viernes 25 al sábado 26 de enero, efectivos de la Policía Federal hirieron con balas de goma, golpearon brutalmente y detuvieron en forma ilegal a dos jóvenes desconocidos llevándoselos en un taxi; una metodología que se está poniendo de moda en las últimas represiones. El episodio ha sido ignorado a nivel gubernamental, a pesar de que existe una denuncia judicial y fue registrado, entre otras, por las cámaras de CrónicaTV y un fotógrafo de Página/12. Sería uno de esos “excesos” que el secretario de Seguridad Juan José Alvarez aún no logra descubrir. Un delito que el juez federal Juan José Galeano decidió no incorporar a su investigación sobre las 63 detenciones que se practicaron en la madrugada de aquel cacerolazo nacional y que derivó a la Justicia correccional de la Capital Federal. Una investigación de Página/12 prueba que los efectivos policiales cometieron estos y otros gravísimos ilícitos (golpes y amenazas a testigos) sin que hasta el momento hayan sido procesados o sancionados. Cabe admitir, como frustración, que este informe especial no pudo establecer la identidad de los dos jóvenes virtualmente secuestrados y el destino que corrieron. Esperamos que sus rostros, que se publican en estas páginas, ayuden a individualizarlos y que ellos mismos le cuenten a Página/12 qué les pasó a partir del momento en que se los llevaron dos policias de civil en un radiotaxi.
“¡Bajalo!”
Gladys Noemí Ponce, 38 años, es morocha, delgada y bajita. Pero nada frágil. Sus ojos negros miran el mundo con intensidad y no poca desconfianza; la de quien ha sufrido demasiadas agresiones y desengaños. Es madre soltera de una hija adolescente y lo suelta con una sonrisa desafiante. Actualmente trabaja como auxiliar ayudante en el juzgado Nacional en lo Correccional número 11, a cargo del juez Luis Alberto Schelgel. No es una heroína de película, pero se atreverá a denunciar a efectivos de la Policía Federal en ese mismo juzgado, ante su jefe. También se animará a sentarse frente a este cronista para repetir su denuncia a nivel periodístico.
En la noche del viernes 25 al sábado 26, en la madrugada del cacerolazo, Gladys Ponce bajó con su hija al portal de su domicilio, en Rivadavia al 1900, para observar lo que estaba ocurriendo a pocos metros, en los alrededores del Congreso. Las dos mujeres vieron algo que las pondría fuera de sí. No lo puede precisar con exactitud, pero debía ser “entre la una y media y las dos de la mañana, justo en el momento en que paró la lluvia. Entonces llegó “un grupo importante de policías, sin identificaciones visibles. En motos y a pie. También policías de civil. Venían por Rivadavia hacia el Oeste, disparando balas y gas lacrimógeno”.
En ese momento había mucha gente en las veredas de sus casas en Rivadavia entre Combate de los Pozos y Sarandí (vereda sur). Y esos vecinos, “ante tamaña violencia”, se meten corriendo en sus domicilios. Gladys y su hija se demoran en entrar y ven a “dos jóvenes, de unos 18 años cuando mucho, que comienzan a correr hacia el lado de Once”. La hija de Gladys les grita “no corran porque les disparan” y los chicos “se ponen contra la pared con las manos hacia arriba mostrándolas”. Eso ocurre frente a la puerta que lleva el número 1962 de la avenida Rivadavia.
“Una de las motos –dice el testimonio judicial de Gladys– se frena (tenía dos ocupantes) y el que manejaba la moto policial le dice al que iba detrás ‘BAJALO’. El de atrás les dispara con una escopeta, la moto gira y se escapa circulando a contramano por Rivadavia”.
Algunos días después de esa declaración, mientras observaba con este cronista un video de Crónica TV donde se ve a dos policías en moto, uno de los cuales dispara una Itaka, Gladys exclamó: “Esos fueron los que dispararon”. La moto se identifica con el número 22611 y pertenecería, según lo que dice la pintura blanca, a la comisaría 26.
“La próxima sos vos”
“En esos momentos –prosigue el testimonio– venían periodistas del lado del Congreso. Es por eso que la dicente deduce que se fueron para no ser filmados o, al menos, no ser identificados los policías por su accionar. Inmediatamente se aproximan policías de civil y uniformados y arrastran a las víctimas hacia un garage ubicado a dos casas de distancia (para el lado de Sarandí). Entonces los empiezan a golpear (aclara que los muchachos estaban indefensos sobre el piso) Los pateaban y les pegaban con los bastones. Los que “se animaron” a salir en defensa de los jóvenes le gritaban a la policía que los pibes no estaban haciendo nada, que los dejen. También ante semejante acto de abuso y cobardía los insultaban”.
Gladys oculta con modestia administrativa su propia actuación, pero el video de Crónica la muestra declarando a los gritos que los chicos no han hecho nada y que deben ser dejados de inmediato en libertad. Un policía, que la cámara de Crónica toma permanentemente de espaldas, “empuja a la dicente con un fuerte codazo sobre el pecho, la amenaza apuntándole con el arma y le hace una seña que la dicente entendió como que ‘la próxima sos vos’. No sabe si los periodistas lo advirtieron. Después pudo ver la secuencia por televisión. No se veía (no sabe si porque fue cortada la escena o no fue filmada) la agresión a los chicos. Sin embargo pueden verse las caras de los chicos ensangrentados, el taxi en el que fueron llevados. El policía que amenazó a la dicente es un hombre de contextura robusta, alto, con casco blanco, con uniforme muy oscuro y puede vérselo habitualmente por Congreso en la moto”.
Unos días después, uno de los informantes de esta investigación le diría al autor que el policía robusto era el mismo que había sacado al diputado Franco Caviglia de la confitería Casablanca, donde los parroquianos lo querían linchar, y lo había llevado al edificio del Congreso. Todos los testimonios coinciden en que el policía que agredió y amenazó a Gladys es un oficial que la noche de la represión daba órdenes a troche y moche. También se pudo establecer que se desplaza en la moto 648 CEV, perteneciente en este caso a la comisaría 20. Según Gladys Ponce puede vérselo habitualmente por Congreso en esa moto. “No usa bigotes. No prestó atención al grado, ni siquiera sabe si la jerarquía se ve en las charreteras o en sus mangas. Sin embargo de volverlo a ver lo reconocería por su cara. La voz del mismo sólo pudo escucharla, muy poco”
Un tal Poncio Pilatos
El lunes a primera hora de la mañana, indignada por lo que había visto y sufrido en carne propia, Gladys Ponce hizo la denuncia ante su propio jefe, el juez Luis Alberto Schelgel, que estaba de turno. Tenía miedo por ella y por su hija. Recordaba –entre otras cosas– lo que murmuraban algunos miembros de la Guardia de Infantería formados ante el Congreso, cuando pasaban frente a ellos: “Nos las vamos a coger, mamita. Nos las vamos a coger a las dos”.
El magistrado y su secretario Marcelo Bartumeu Romero le tomaron personalmente la declaración y el magistrado tuvo la decencia de escribir en la segunda foja: “(Gladys Ponce) Sintetiza su denuncia diciendo que los jóvenes no hicieron nada que habilitara a los policías a agredirlos salvajemente. La dicente sólo dijo la verdad y fue amenazada por contar lo que vio a la prensa. Realmente siente miedo de la policía (no es la primera incidencia de violencia que presencia por parte de integrantes de la Policía Federal Argentina hacia terceros) y no cree que los jefes de esa fuerza tengan intención alguna de remediar los males y la violenciaque provocan. No puede individualizar a otros testigos en este acto, pero muchos vecinos vieron lo ocurrido”.
El juez Shelgel se limitó “a recibir una denuncia por delitos de acción pública, en las que no existe autor individualizado”. Y, como él mismo lo escribiría más tarde en otro oficio (no sin cierta ironía): “Quizás equivocadamente interpreté que la investigación de los incidentes que dieron lugar a la detención de sesenta y tres personas implicaba también la pesquisa de los delitos que pudieran haber cometido distintos funcionarios federales en ocasión de esos mismos incidentes. Por esta interpretación envié las actuaciones a Justicia Federal”. Que las rechazó amparado en jurisprudencia de la Suprema Corte, según la cual no corresponde al fuero federal investigar el tipo de delito denunciado “si careció de entidad suficiente para afectar la seguridad del Estado nacional o de alguna de sus instituciones”. Las actuaciones recalaron en el juzgado correccional número 2, a cargo de la doctora Atucha de Ares. La fiscalía a cargo es la número 3, cuyo titular es el doctor Cichetti.
Mentiras, suicidios y video
Por suerte la sociedad civil está más alerta que algunos jueces esquivos. Una mañana, alguien tocó a la puerta de mi casa y me contó esta historia. Temía que los dos muchachos estuvieran desaparecidos. También en el ciberespacio, en Indymedia, circulaba un excelente artículo firmado simplemente por Mabel, una ciudadana que se había quedado hasta las 3 y 30 horas del sábado, “viendo televisión y llamando a amigos para saber si estaban bien”. Y allí, en Crónica TV, vio la imagen de “dos chiquilines totalmente ensangrentados por golpes en la cabeza que tres canas de civil tenían acorralados contra la pared. Dos mujeres gritaban como enloquecidas porque fueron testigos de cómo esos jóvenes pasaron caminando por la zona y los tomaron como rehenes. Es interesante la actitud de la cana de civil: les tapó la cara para que no supiésemos quienes eran y a una de las víctimas que llevaba una mochila en su espalda, le abrieron el bolsillo mientras le colocaban algo. Dos personas de civil tomaron un taxi con los chicos ensangrentados. Ningún periodista preguntó hacia donde se dirigían y el que mostraba la imagen, ingenuamente, comentaba que eran llevados a algún hospital. ¿Quién sabe que pasó con esos dos adolescentes? No vimos sus caras, no sabemos sus nombres ni su último paradero”.
El primer paso en la presente investigación fue tratar de localizar esa transmisión de CrónicaTV que había conmovido a Mabel. El autor pidió a Héctor Ricardo García ese material y el dueño de Crónica TV lo sometió a un ominoso ninguneo que le depararía, sin saberlo, una emoción fuerte en una vida que no carece de emociones. En efecto, llevaba media hora esperando que García me recibiera, cuando unos gritos, a pocos pasos de distancia, me hicieron pensar que algo muy raro estaba pasando. Me levanté de la silla y vi un espectáculo digno de un film de Tarantino: un hombre joven, de anteojos negros, con un papel en la mano, apoyaba el cañón de un revólver 32 mm sobre su labio inferior y pedía –en tono quejumbroso– que lo entrevistaran “en vivo” para recuperar a su mujer que lo había abandonado. Los guardias de seguridad procuraban convencerlo, sin éxito, de que bajara el arma. Que estaba amartillada y podía dispararse a la primera de cambio. El hombre, como se sabe, terminó por dispararse pero, afortunadamente, se salvó. Pese a la felonía de García que me hizo esperar y finalmente no me dio el video, debo profundizar en la digresión y decir que tanto la cronista que se jugó la peluca entrevistando al suicida, como los productores, los hombres de la seguridad y el propio García actuaron con total buena fé. Tratando de salvarle la vida y no de conquistar rating como muchos colegas dijeron. Me consta personalmente que durante un buen rato lo engañaron y no le pusieron una cámara de verdad, hasta que las exigencias con el cañón del revólver rascando las encías del pobredesdichado los convencieron de hacerle caso. También hubo presencia médica y psicológica en la antesala de entrada y se dejó ingresar a policías de civil que se hicieron pasar por personal del Canal.
El video, hubo que comprarlo, pero valió la pena. Es notable lo que se puede ver cuando se camina cuadro por cuadro. Con Gladys y otros testigos hicimos ese ejercicio varias veces y surgieron datos interesantes. En las imágenes aparecen varios “sérpicos” de civil, de esos que portan jeans y gorritas con visera. Uno de los cuales, de remera a rayas, le mete efectivamente cosas en la mochila a uno de los chicos. ¿Qué? Eso se sabrá en próximos pasos. En el video se ve a un gordo, de remera beige y cara de Manolito, que carga un garrote enorme y viene arrastrando de la camisa blanca a uno de los muchachos. Que tiene una herida sangrante en la cabeza. Ese gordo, según uno de los testigos, estaba apostado junto a un kiosco de revistas sobre Rivadavia y señaló a los chicos para que sus colegas motociclistas los fusilaran a pocos metros de distancia. También fue el que metió al chico ensangrentado de la camisa clara adentro del radiotaxi y se lo llevó con rumbo desconocido. “A un hospital”, como especuló con cierta irresponsabilidad el movilero de Crónica. Mientras otro policía también de civil metía al muchacho de la camisa oscura en el mismo auto. En un procedimiento que no tiene nada que envidiarle a los de la Triple A y poco en común con las detenciones de un país democrático y civilizado.
Por suerte se pudo establecer que el radiotaxi en que se habían llevado ilegalmente a los muchachos era un Peugeot 504, con un cartel naranja en el techo que identifica al vehículo como integrante de la empresa de radiotaxis On time y pertenece a Recoleta Cab SRL. La patente que no se veía por la lluvia resultó ser la RVO 252. La licencia de la puerta, que sí se distingue en el video, es la 35415 y fue otorgada al propietario del vehículo, Alejandro Daniel Veras. Con cuya esposa este cronista mantuvo dos diálogos muy ásperos y difíciles. La señora se sentía injustamente investigada en su privacidad. Y fue imposible hacerle entender que el servicio que presta es público. Ante un segundo llamado, contestó inclemente: “Me asesoré y no tengo porqué responder a sus preguntas”.
A esa altura habíamos logrado establecer que dos peones conducían el auto y que quien solía hacerlo por las noches era Hugo Daniel Sirni. Ubicamos el teléfono y nos preparamos para lo peor. Pero, afortunadamente, nos encontramos con un ser humano.
El chofer contó que esa madrugada se le cruzó una moto policial pidiéndole que se prestara a un traslado de detenidos, dato corroborado por un testigo. Con temor comprensible, pero poniéndose “a las órdenes” del periodista que le solicitaba la información, Sirni relató que los muchachos habían viajado escoltados por dos policías hasta la comisaría sexta, en la calle Venezuela a pocas cuadras de Congreso. Según él no hubo ninguna violencia dentro del auto, aunque recuerda que uno de los chicos iba jurándole al policía que ellos “no habían hecho nada”. Al llegar a la seccional se bajaron, sin pagarle el viaje, por supuesto. Y ya no supo más nada hasta el momento en que recibió la incómoda llamada de un periodista.
Página/12 concurrió a la Sexta donde un oficial que no quiso identificarse, pero portaba un cartelito que decía “Inspector S. Ramallo” confirmó que en la noche del 25 al 26 “hubo detenciones” pero que no podía proporcionar ni nombres ni detalles. En la puerta el cronista vio una mayólica que decía “Dios, Patria, Hogar”. Y se preguntó qué Dios amparaba a los ciudadanos, qué Patria protegía sus derechos, que Hogar atendería con amor a los humillados y ofendidos.