EL PAíS
› LA CORTE Y BARRIONUEVO CAMBIARON EL ESCENARIO Y DETONARON DOS CRISIS
Fuegos que queman al Gobierno
Dos hechos que repercutirán en las elecciones. Cómo fue la interna de la Corte. Qué se viene. Qué hará el Gobierno para diferir otra sentencia que lo perjudique. Los banqueros presionan al oficialismo, que no es unánime en la resistencia. Singh pasó en silencio. Sus dudas sobre la política y sus certezas sobre la economía. La defensa oficialista del senador pirómano y sus brechas. El piloto automático, out of order.
› Por Mario Wainfeld
En la mayoría de los países del orbe dos sucesos como la frustrada elección de Catamarca y el fallo de la Corte sellarían la suerte de unas elecciones presidenciales tan inminentes cual reñidas. En la Argentina, se regocija el politólogo sueco que hace acá su tesis de posgrado, está por verse. Los costos de ambos deberían ser soportados por el oficialismo pero en las pampas nada es tajante ni seguro. Aunque posiblemente cuando se haga el análisis ulterior de los comicios más impredecibles de los últimos 20 años se computará la tórrida semana que hoy termina como decisiva. ¿Decisiva en qué sentido? “Acá las profecías naufragan como el ‘Titanic’, profesor”, escribe el escandinavo a su maestro de tesis, mientras suda tinta para explicarle por qué diantres renovó su palco en Boca y lo pasó en calidad de viáticos.
Influyan mucho, poquito o nada en la decisión de las urnas, los dos sucedidos agravarán de modo severo la malaria económica y política que mortifica a los argentinos. Como explicó, en una inteligente columna de opinión publicada en este diario el jueves Alfredo Zaiat, la sentencia de la Corte –en cuya honestidad jurídica y política sólo puede creer un mamerto– instala un efecto social a futuro que es redistribuir los costos de la salida de la convertibilidad. Los ahorristas quedarán (bastante) a cubierto de soportarlos, algo que no les sucedió a los asalariados y los propietarios de activos ubicados en el país (condiciones que, para mayor complejidad, pueden también revestir algunos ahorristas). Estos, además, deberán hacer un vaquita para reponer a los ahorristas al status en que estaban en diciembre de 2001, en bruta asimetría con la caída sufrida desde entonces por la mayoría de sus conciudadanos y por el propio país.
Todo puede ser peor
El Gobierno jugó durante meses a postergar la decisión cortesana que se conoció el miércoles. La senda fue zigzagueante, arrancó con el juicio político a los nueve supremos, luego con su cajoneo, luego con saliva, luego con la incorporación de Juan Carlos Maqueda. El ministro de Justicia, Juan José Alvarez, trabajó en tándem con Roberto Lavagna, con quien hizo rápidas buenas migas y a esta altura una sociedad política. Lavagna le pidió tiempo y Alvarez se esmeró en lograrlo. El tiempo jugaba a favor del Gobierno: una sentencia como la del caso San Luis en junio de 2002 hubiera significado su caída, ahora es un formidable dolor de cabeza. Es que los costos económicos –no ya de esta sentencia sino de las que irán viniendo– han ido acotándose en parte porque muchos ahorristas (bien o mal) llegaron a una solución y en parte porque el valor de 1,40 más CER que pagan los bancos ha ido creciendo con el transcurrir de los meses, achicando lo que deberá pagar el fisco.
Economía festejó que pasara diciembre y luego que los cortesanos honraran la feria judicial. Luego transcurrió febrero sin novedad en el frente. Tiempo quería, acostumbrado, Lavagna el lunes pasado cuando ya se sabían los lineamientos generales de la sentencia y sólo quedaba pendiente definir cuántos días se les daría a las partes para negociar forma y plazos del pago. El martes a la tarde había caras largas en la Rosada y en Hacienda. Es que, por entonces, prevalecía la línea dura de la Corte integrada por quien es su real conducción actual: Eduardo Moliné O’Connor y sus laderos Carlos Fayt y Guillermo López. Su criterio era estipular sólo 30 días corridos de negociaciones. Pero el ala moderada de la mayoría, integrada (quién te ha visto y quién te ve) por Julio Nazareno y Adolfo Vázquez, consiguió primero posponer la resolución y luego consensuar el plazo de sesenta días, que viene a caer después de la primera vuelta electoral.
Ese margen temporal y la cantidad de considerandos de la Corte destinadas a “encapsular” su decisión motivaron que el Gobierno terminara –si no feliz– tampoco presa del pánico. Pero lo esencial del fallo, la inconstitucionalidad de la pesificación de los ahorros, será un criterio jurisprudencial adoptado por todos los tribunales inferiores y por la propia Corte, al menos mientras dure su actual integración. Lo que significa que –más tarde o más temprano (diferencia que el gobierno le importa y mucho, como se dirá luego)– todos los ahorristas que no hayan reconvertido sus créditos (y aun aquellos que lo hicieron haciendo reserva de sus derechos) cobrarán el equivalente de los argendólares que colocaron.
El fallo San Luis dinamizará los juicios en trámite, los acelerará sin duda y detonará nuevas presentaciones de ahorristas hasta el miércoles expectantes. Incluso se rehabilita la posibilidad de la vía del amparo pues una añosa jurisprudencia permite ese recurso cuando se reivindican derechos reconocidos por fallos de la Corte.
Los acreedores, entonces, crecerán en número y combatividad. Irán cobrando en tiempos distintos, en función de dónde ande hoy su reclamo judicial, diga lo que diga el Gobierno sobre los alcances del fallo San Luis.
Algo hay de cierto en el discurso oficial y es que las cobranzas se catalizarán aún más cuando la Corte resuelva el caso de una ahorrista particular, el de Mirta Beratz. De ahí que, dentro de su estrategia gradual y minimalista, la dupla Alvarez-Lavagna juegue sus menguantes fichas a que éste tarde un tiempito. Para ese fin, han recibido una manito que no parece obra de la casualidad. La “minoría automática” (así la apoda el gracejo oficialista) conducida por Antonio Boggiano fustigó duramente a Fayt por haber votado contra su propia recusación sugiriendo hasta la nulidad del fallo. Lo de Fayt es un papelón ilegal, no debía intervenir en su recusación y es incorrecto que resuelva siendo un importante ahorrista acorralado del Banco Nación, parte en el pleito. Pero lo de sus colegas, antes que un súbito arranque de dignidad, es un burdo favor al oficialismo. “Nos preconstituyeron la prueba del juicio político” maquina una espada oficialista mientras pulsa el número de celular de Eduardo Camaño. Boggiano, Augusto Belluscio y Juan Carlos Maqueda le dieron una chance al Gobierno en su carrera contra el reloj y en la Rosada tratarán de aprovecharlo.
Esa misma urgencia explica la de Fayt por votar rápido Beratz. Por ahora se abre una impasse porque Moliné ha viajado al primer mundo a ver tenis de primera.
–¿Cuándo vuelve? –pregunta Página/12 a uno de los principales negociadores del Gobierno.
–No estoy seguro, no es mi área, mejor mire la ESPN, bromea el hombre.
Mientras prende la tele, Página/12 promedia la fecha que corre en Gobierno y Tribunales: 25 de marzo. Para entonces, casi seguro, ya habrá empezado la guerra.
La banca aprieta
“Tras estudiar rápidamente el fallo, Roberto (Lavagna) armó una teleconferencia con (Guillermo) Nielsen que está en Nueva York y (Alfonso) Prat Gay que está en Europa. “¿Nos volvemos?”, preguntaron los dos. “Para nada –dijo Lavagna–, acá está todo tranquilo.” La anécdota es contada por alguien que conoce y representa bien al ministro de Economía y busca pintar su estado de ánimo del miércoles. Es creíble el relato, alusivo a la flema del ministro, proverbial durante crisis aún peores incluso cuando tenía menos capital simbólico acumulado. Pero eso no implica que su situación no haya cambiado y para peor. Y que se le vienen dos meses más peliagudos de lo que pintaban una semana ha.
Es que alguien ha de pagar los costos de la nulidad de la pesificación y los bancos quieren cerrar trato para que ese alguien sea el (actual) Gobierno. La movida tiene una lógica política primitiva más certera: este gobierno es más débil que el que nacerá de las urnas. Los banqueros anhelan, pues, cerrar trato con la administración Duhalde: que el Estado emita un bono compulsivo a cinco o diez años para cubrir la totalidad de la diferencia que haya que pagar. Por un ratito hasta fantasearon con la perspectiva de pedir la nulidad del fallo, basándose en el voto de la minoría. Pero los juristas que consultaron y los abogados del Gobierno los convencieron de que esa jugada (que les habría sugerido Boggiano, hombre de comunión diaria con los banqueros) iba al muere y para colmo tardaría mucho.
Las presiones sobre el Gobierno son intensas. El argumento principal es, que si no hay bono ni un pago total, los bancos deberán previsionar dólares para ir pagando los amparos que vayan lloviendo. Para eso deberán comprar billetes verdes, lo que puede impactar en su cotización. Y también atraer depósitos, lo que implicaría un incremento en las tasas, con el consiguiente derrame en las tasas de los préstamos, más el riesgo de que el sistema entre en una de esas espirales delirantes que suelen caracterizar a la City desde tiempos de la plata dulce. Aunque “los mercados” ni mosquearon estos días, la argumentación encuentra oídos propicios en varios rincones de la Rosada, en especial en Jefatura de Gabinete, que acepta el bono compulsivo como un mal menor.
Lavagna, que está de muy malas pulgas con “la gente del Gobierno que arma operaciones en los diarios” (que es el modo en que rebautiza en público a quien en privado se llama Alfredo Atanasof), no quiere emitir un bono ya. Su razonamiento tiene que ver con su estilo político, ligado a la doctrina que explicó magistralmente el filósofo Reinaldo Merlo, “paso a paso”. Apegado al gradualismo, minimalista y negociador, que fue su marca de fábrica durante la gestión Lavagna, rehúsa adelantar, bono mediante, el montante total de lo que habrá de pagarse en un futuro (dice él) aún impreciso. El Estado debe pagar los platos rotos, reconoce, pues así lo estipuló su ley de emergencia económica, ya erogó una parte y estaba por hacerse cargo de otra cuando “una operación periodística” lo motivó a frenar las tratativas. Pero Lavagna quiere pagar los platos que ya están en añicos no los que, inexorablemente pero no mañana, se harán trizas.
Singh habla de política
La venida de Anoop Singh es tabulada en Economía plenamente en su Haber. Lavagna y su gente se congratulan del bajísimo perfil adoptado por el emisario del Fondo –tan distante del sobreactuado imperialismo del anterior periplo de hace un añito– y de que, en un día, el enviado se dio por conforme con la información recibida.
Singh deslizó su visión del actual estado del acuerdo con el FMI en una reunión reservada que mantuvo en el Salón Paraná del Sheraton con cuatro de los más importantes consultores locales. Las metas monetaria y fiscal están sobrecumplidas y a las otras se llegará, resumió. La Argentina, agregó, es un país atípico, que funciona distinto a los demás y que ha obrado lo que podría definirse como un pequeño milagro. Un relato que evoca, como una gota a la otra, al que formula Lavagna. Esto dicho, Singh demostró preocupación por el futuro político e institucional de la Argentina algo que también desvela al ministro de Economía. Junto a John Thornton y cuatro colaboradores apestilló a preguntas “que había preparado y manuscrito minutos antes” a Julio Aurelio, Rosendo Fraga, Manuel Mora y Araujo y Enrique Zuleta Puceiro. Se interesó más por el futuro económico e institucional que por el resultado de las elecciones. “¿Las habrá?”, inquirió en su inglés fluido y no demasiado bien pronunciado. Todos asintieron. “¿Se respetará el resultado?”, postuló Singh, a dos días del urnazo de Barrionuevo en Catamarca. Casi todos afirmaron que sí. Uno de ellos se permitió generar una duda “no sé qué pasa si llegan a la segunda vuelta Carrió y Menem. El Gobierno, ¿tiene voluntad y espaldas para aceptar una minicampaña entre dos candidatos que lo critiquen duramente y antagonicen con él?” Singh no respondió en parte porque lo suyo, ese día, era la pregunta. Y en parte porque tamaño interrogante no sólo le queda grande a él, también supera la ciencia del politólogo sueco que va conociendo este país como la palma de su mano.
A llevar más gente que Pellegrini
Los encuestadores requeridos por Singh coincidieron en el escenario: virtual cuádruple empate entre Carrió, Kirchner, Menem y Rodríguez Saá. En privado, casi todos piensan que Menem y Kirchner, en ese orden, son los que están más cerca de llegar a segunda vuelta.
Conociendo esos datos debe contextualizarse como signo de optimismo que operadores oficiales de Kirchner auguren “Néstor sale primero, dos puntos arriba de Menem”. Lo que sugiere que, por ahora, sus datos indican que están parejos o primando el riojano. “Le vamos a ganar Buenos Aires por 5 a 10 puntos, la Capital por diez, la Patagonia por paliza. Con eso compensamos los 20 puntos que nos pueden sacar en el NOA, los 15 del NEA y los puntitos que nos llevan en Córdoba y Santa Fe”, dice una primera espada del Gobierno, bien pegada a la suerte del gobernador santacruceño.
Los números que se barajan en la Rosada sugieren que Kirchner, que hace unos meses trabajaba de cara al 2007, ha crecido mucho, casi asombrosamente. Pero también eriza los pelos que Menem pelee palmo a palmo la provincia de Buenos Aires y empate en la general.
En Gobierno cunde la fe. “Estamos mejorando el armado. De la Sota juega con nosotros. Y Lole no se arriesga él pero sus dos principales dirigentes Alberto Hammerly y Jorge Obeid nos van a acompañar”, se estimulan. En Capital hay contactos con Aníbal Ibarra y con Mauricio Macri, en ese juego pragmático propio del justicialismo que los propios peronistas suelen asociar con el sincretismo y cualquiera menos autoindulgente que ellos vincularía con el Cambalache.
“Hay que mover gente” dicen en el comando de campaña oficial. Tal como adelantó este diario, han entablado una curiosa competencia con Menem: ambos equipos de campaña quieren al estadio Monumental para albergar concurrencias masivas. “Vamos a primerear –se entusiasman cerca de Kirchner–, a meter 70.000 personas.” El portento, cuya fecha se guarda bajo siete llaves, bien podría ocurrir antes de fin de este mes, el 27 o el 28.
El 25 podría salir el fallo Beratz. El 26 se tratará en el recinto la situación de Barrionuevo. Qué semana será ésa, cuando seguramente Bush haya desatado su barbarie en Irak.
Un promotor del gorilismo
Representante eximio de lo peor del peronismo, de la dirigencia sindical y del ambiente de fútbol (colectivos a los que tira para abajo pero cuya primera línea integra por derecho propio), Luis Barrionuevo le ha infligido a la sufrida democracia local un daño fenomenal. El Frente Cívico catamarqueño hizo lo suyo amañando una elección anticipada más allá de lo lógico y urdida con un insoportable e ilegal criterio proscriptivo. La UCR y el PJ en principio optaron por ver exclusivamente la viga en el ojo ajeno y aplaudir a sus impresentables aliados norteños. Y el daño sigue.
El Gobierno decidió avalar a Barrionuevo. “Nadie lo quiere por acá –describe o justifica un inquilino de la Rosada– pero no teníamos otra. Tiene el escudo del PJ, su mujer es ministra de Trabajo. ¿Qué podíamos hacer?” La respuesta es obvia, tener algún compromiso con las instituciones, la legalidad, el sentido común y, si nos apuramos algo, hasta el buen gusto. El apoyo al incendiario de urnas algo deteriorará al Gobierno, aunque la medida exacta es imposible de profetizar. La defensacerrada en el Senado fue impresentable. Pudo ser peor, si prosperaba una operación del duhaldismo que hizo lo posible por evitar que Cristina Fernández de Kirchner participara de la sesión donde se discutió acerca del senador rebelde. La senadora hasta aceptó viajar al Norte con su esposo pero no al costo de no participar de la sesión. Se le indicó que Duhalde prefería que no fuera, que su presencia crítica alejaría a senadores “potables” que se vienen acercando a la candidatura de su esposo (como Jorge Busti y José Luis Gioja). “Ni Kirchner (así nombra en público a su esposo) me indica dónde tengo que ir y dónde no”, se enfureció ante empinados pares la senadora cuya posición en el trámite de las sanciones a Barrionuevo puede resquebrajar la –patética– política oficial de protección al senador que atentó contra la democracia.
Ojo al piloto automático
Una característica, que a veces hasta fue virtud, del gobierno de Duhalde fue estar muy pendiente de los humores sociales, de los climas políticos y consiguientemente dispuesto a cambiar. Esos cambios no siempre fueron atinados, a menudo los planes B fueron tan malos como los A. Pero hubo cierta aptitud para torcer el rumbo, para acortar el mandato por ejemplo, para adecuarse. El subrayado viene a cuento porque en estos días, a estar a lo que se ve y a lo que dicen muchos de sus fieles, Duhalde parece más pendiente de los armados políticos que de su tarea de Presidente, como confiando en el piloto automático.
Esta semana, en la que se degradó la democracia, se agravó la situación económica futura de todos los argentinos que no son ahorristas y se desagió (vaya a saber cuánto) la candidatura oficial, es un buen ejemplo de que en la Rosada no se puede bajar la guardia. Al fin y al cabo, este gobierno formateado en la crisis siempre supo que estaba al borde del abismo. Seguirá allí en los tormentosos días que le quedan, y sería bueno que lo computara para no pegar el patinazo que tozudamente esquivó por 14 meses.