Entre los obispos católicos también existe preocupación por el proceso electoral y por los resultados de los comicios del 27 de abril. Hay un acuerdo tácito en evitar declaraciones o manifestaciones que puedan tomarse como interferencias directas de la jerarquía católica en la actividad política. No por ello han cesado los diálogos, los contactos discretos y los intercambios entre los propios obispos y de éstos con los dirigentes políticos. Los hechos ocurridos en Catamarca la semana anterior encendieron una luz de alarma, los obispos del noroeste se reunieron y decidieron pedir a la Comisión Permanente del Episcopado que se pronunciara –no en particular sobre este tema– sino sobre la coyuntura política previa a las elecciones. A través de la Mesa del Diálogo la Iglesia Católica viene intentando sin éxito obtener un compromiso de gobernabilidad por parte de los diferentes candidatos. A partir de mañana, en la sede capitalina del Episcopado en la calle Suipacha, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina iniciará una reunión prevista para cuatro días y de la que seguramente saldrá un documento dirigido a la opinión pública.
El encuentro será presidido por el arzobispo rosarino, Eduardo Mirás, titular de la Conferencia Episcopal y será la primera reunión oficial de ese organismo en lo que va del año. En las últimas semanas hubo consultas a los obispos respecto de la oportunidad de emitir una declaración y la mayoría de las opiniones han sido favorables a esa iniciativa, teniendo en cuenta que la Asamblea Plenaria del Episcopado sólo se volverá a reunir el 26 de mayo, un día después de la fecha prevista para asunción del nuevo presidente argentino. A muchos obispos les preocupa –además del proceso electoral en sí– el “día después” de las elecciones y la gobernabilidad cualquiera sea el candidato triunfante. Consciente de que poco tiene para hacer y aportar en el escenario actual, parte de la jerarquía católica considera que su aporte puede ser importante cuando sea necesario acordar bases de convivencia y acuerdos básicos que hagan posible la gestión del gobierno que asuma en mayo.
En días pasados circularon también algunos lineamientos en forma de borrador que podrían ser la base del documento episcopal que se conozca esta semana. Los criterios apuntan a evitar declaraciones que hablen de los principios y a reclamar nuevos renunciamientos. A los obispos les ha ido mal con ese tipo de demandas y saben que, si bien la mayoría de la dirigencia política termina por manifestar su coincidencia con el discurso, no hay luego hechos que respalden esas declaraciones. Es posible, sin embargo, que el documento episcopal advierta esta vez sobre la necesidad de que los ciudadanos examinen la trayectoria de cada uno de los candidatos, su idoneidad y su honestidad, antes de emitir el voto. Si bien hay algunos obispos que quisieran hacer un llamado a la participación en los comicios, dentro del Episcopado también hay voces que prefieren guardar silencio sobre este tema porque entienden que no se puede descalificar a quienes, como forma de protesta, deciden no emitir un voto positivo.
Las expectativas en torno de la Mesa del Diálogo son pocas. En los últimos meses los esfuerzos estuvieron centrados en tomar contacto con los candidatos o sus representantes para avanzar con ellos hacia un acuerdo de gobernabilidad apoyado en algunos puntos básicos. No se logró avanzar demasiado en el punto. “¡Qué acuerdos vamos a lograr... si no hay ni siquiera propuestas electorales!” confió un miembro de la Mesa muy cercano al armado de la estrategia. Otro objetivo fue del organizar debates entre los candidatos para que la ciudadanía pueda contar con mayor cantidad de elementos para tomar decisiones. Adolfo Rodríguez Saá y Carlos Menem se mostraron totalmente reacios a esta posibilidad y los restantes candidatos, sin resistirse, tampoco le pusieron mucho entusiasmo a la iniciativa. La de mínima será propiciar una serie de programas de televisión con similares reglas de juego, en el que los candidatos puedan ser interrogados por un panel de expertos y periodistas.
Además de las cuestiones referidas a la realidad política y social, los miembros de la Comisión Permanente abordarán temas estrictamente eclesiásticos, entre ellos la actualización de las “líneas pastorales”, una suerte de plan estratégico para la acción de la Iglesia en los próximos años.