Durante las últimas semanas se habló de alianzas para el 23 de octubre y ayer el ex presidente Fernando de la Rúa le pidió a Ricardo Alfonsín que no se bajara de la elección presidencial. También Elisa Carrió dio a entender que da un paso al costado y pidió que no la voten a ella, sino a sus candidatos a legisladores, cortando boleta. La realidad es que las alianzas, desde el punto de vista legal, no están previstas a esta altura del calendario electoral por la ley vigente, es decir que el que no las hizo antes del 14 de agosto, no puede hacerlas de cara a octubre.

Un artilugio para armar una alianza de hecho podría ser la renuncia de la fórmula presidencial del partido A y su reemplazo por la fórmula presidencial del partido B. Pero el artículo 89 de la ley de democratización de la representación política (26.571) no deja abierta esa posibilidad. En primer lugar, dice que en caso de renuncia o fallecimiento del candidato presidencial, éste será reemplazado por el candidato a vicepresidente y la fuerza política de la que se trate tendrá tres días para designar un nuevo candidato a vicepresidente. Pone un límite tajante. “Tal designación debe recaer en un ciudadano que haya participado en las elecciones primarias como precandidato de la lista en la que se produjo la vacante”. O sea que si, por ejemplo, Ricardo Alfonsín o Eduardo Duhalde renunciaran a su postulación, los reemplazarían Javier González Fraga y Mario Das Neves, respectivamente. Y tanto Udeso como Frente Popular podrían designar un nuevo candidato, pero surgido, por ejemplo, de la lista de diputados de esas fuerzas. No puede ocurrir que hagan una fórmula compartida, ni nada que se le parezca.

¿Qué sucede en caso de renuncia de la fórmula presidencial completa? Este diario consultó la eventualidad con jueces electorales. Los magistrados sostienen que, justamente, esa alternativa no figura en la ley porque la idea es que la fórmula es irremplazable, es decir que el partido o alianza en el que renuncian los candidatos a presidente y vice directamente se quedará sin boleta en esa categoría. La situación derivaría en lo mismo que les sucedió a los candidatos a diputados nacionales del PRO en Capital o la lista de José Manuel De la Sota en Córdoba: competían sin boleta en la categoría de la fórmula presidencial. No puede ocurrir, por ejemplo, que el binomio Elisa Carrió-Adrián Pérez renuncie y las boletas de la Coalición Cívica se cuelguen de otra fórmula presidencial.

Con ese panorama legal, que impide una fórmula compartida, las alianzas se hacen inviables. Pero, además, desde el punto de vista político, un paso al costado de los candidatos a presidente y vice deja totalmente desamparadas a todos las categorías que van debajo del binomio. Si Alfonsín-González Fraga, Duhalde-Das Neves o Carrió-Pérez no se presentan, se debilitan seriamente las chances de sus candidatos a senadores, diputados, gobernadores, legisladores provinciales, intendentes y concejales. Un ejemplo es el de la lista de De la Sota en Córdoba. Como candidato a gobernador consiguió el 42 por ciento una semana antes de las PASO y, en las primarias, sin fórmula presidencial, logró sólo el seis por ciento para diputados. El 90 por ciento de la publicidad, de la cobertura periodística y de la atracción ciudadana está puesta en las fórmulas presidenciales y es lo que guía al ciudadano en el cuarto oscuro. Los cortes de boleta suelen ser menores al 10 por ciento y, como mucho, llegar al 15 por ciento en las grandes ciudades.

La mayoría de los encuestadores considera que una renuncia en la fórmula presidencial produce un efecto devastador y no sólo en la elección misma, sino aun después. La deserción impacta en toda la estructura partidaria y de adherentes. Y los votantes no perdonan ni suelen inclinarse por la otra fórmula propuesta por quienes se bajaron.