Las Abuelas de Plaza de Mayo le pidieron al Consejo de la Magistratura que abra una investigación sobre la conducta del juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freytes en las causas sobre crímenes de la última dictadura que tiene a su cargo. Según el organismo, el magistrado difundió “indebidamente” el apellido de un joven cuya identidad está bajo investigación para establecer si es hijo de desaparecidos, con lo cual lo expuso ante todos los imputados y habría puesto en peligro el éxito de la pesquisa. Una de las hipótesis es que podría ser el nieto de la titular de Abuelas, Estela de Carlotto. El texto de la presentación señala que no sería una actitud aislada del juez. “Advertimos una serie de dilaciones y anomalías que demuestran su inclinación a favorecer a represores y ponen en riesgo el avance de todas las causas por delitos de lesa humanidad que tramitan en Córdoba”, dice un comunicado de la entidad. El juez cuestionado, paradójicamente, integra como consejero el mismo cuerpo que tendrá que analizar si incurrió en mal desempeño, si cometió algún delito o una falta disciplinaria.

Sánchez Freytes es titular del juzgado federal 2 de Córdoba, y desde principios del año pasado también subroga el juzgado federal 3, que concentra la mayoría de las causas por violaciones a los derechos humanos de la provincia, incluidas las apropiaciones de hijos de desaparecidos. A fines del año pasado, además, asumió como integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación. Para ese entonces tenía una denuncia ante el organismo por haberle aumentado la pensión a un imputado por crímenes de lesa humanidad que integraba el grupo operativo del centro clandestino La Perla. Sostuvo que era por “daños psíquicos” o “dolencias” vinculadas “a sus años de servicio”. Ese expediente aún está en trámite.

La denuncia de Abuelas, firmada por Carlotto, advierte sobre la existencia de “una serie de decisiones del magistrado que hacen dudar fundadamente que cumpliera cabalmente su función e imprimiera a las causas de derechos humanos (en especial aluden a las de apropiación de menores) el trámite debido para que pueda alcanzarse verdad y justicia”. Uno de los casos a los que aluden es el expediente en el cual se investigan el secuestro, torturas y homicidio de Silvina Parodi –hija de Sonia Torres, titular de la filial cordobesa de Abuelas– y su pareja Daniel Orozco, además de la sustracción de su hijo. La abogada María Teresa Sánchez le dijo a Página/12 que a pesar de que la Cámara de Apelaciones le había ordenado a Sánchez Freytes que profundizara la investigación respecto de los autores mediatos del robo del hijo de Parodi, pasaba el tiempo y no había adoptado medida alguna.

“Peor –señaló la abogada–, desdobló la causa, abriendo un nuevo expediente sobre la apropiación del niño. De este modo hizo volver a foja cero 13 años de investigación, empezó a pedir testimonios de quienes ya declararon, como Sonia Torres. Es una irresponsabilidad.” La abogada Mariana Paramio, también de Abuelas, añade que por la sustracción ya tienen procesamiento firme Luciano Benjamín Menéndez y otros cinco represores: “Esta situación seguirá demorando la realización del juicio”.

Las Abuelas decidieron llevarle su inquietud al presidente de la sala B de la Cámara, Abel Sánchez Torres, que pidió hablar con el juzgado. En representación fueron dos secretarias que, luego del encuentro, armaron una nota que advertía que el camarista había querido “interiorizarse sobre el estado de algunas causas”. Al indicar de cuáles se trataba señalaron la de la hija de Torres y su nieto (caratulada Díaz Carlos Alberto y otros), y otra, sobre la apropiación de un menor, cuyo apellido explicitaron por lo menos dos veces en el texto, a quien algunas hipótesis señalan como posible nieto de Estela de Carlotto.

“Esta circunstancia, lejos de constituir un mero equívoco, en rigor, implicó poner en evidencia la existencia de dicha investigación y el nombre del joven cuya identidad está en duda, ante los imputados de gravísimos crímenes de lesa humanidad involucrados indudablemente en la apropiación de niños”, dice la denuncia. La nota de las secretarias, explicó la abogada Sánchez, fue agregada a todos los expedientes por crímenes dictatoriales que tramita Sánchez Freytes. Al quedar a la vista de todos los abogados defensores, recusaron al camarista Sánchez Torres en la única causa en la que sí había intervenido ordenando la reapertura de una investigación contra varios funcionarios judiciales por su complicidad con el terrorismo de Estado, a quienes Sánchez Freytes había librado de responsabilidad. Se la conoce como “la causa de los magistrados”.

Consultado por Página/12, Sánchez Freytes acusó a Sánchez Torres de “haber dado directivas fuera de su incumbencia” a sus colaboradoras, en “causas en las que no interviene”. “Yo le pedí a la Cámara que evalúe si fue una conducta desarreglada funcionalmente y eso aún no fue resuelto. Creo que ahí está el origen de la denuncia en mi contra”, se quejó. “El único juez preocupado y ocupado por los derechos humanos (en Córdoba) soy yo. No tengo ninguna decisión de importancia revocada por la Cámara. No he dilatado ninguna causa.” Cuando este diario le preguntó si dar a conocer el nombre de un joven cuya identidad está en plena investigación no tendría consecuencias, sostuvo que “no afecta” a la causa.