No rompió su silencio por casualidad. El juez de la Corte Suprema Carlos Fayt, que ayer se paseó por varios medios radiales explicando el reciente fallo redolarizador y las características de su recusación (ver asimismo página 13), tiene motivos para preocuparse. Desde diciembre del año pasado, cuando se supo que tenía un depósito de 200 mil dólares acorralados en el Banco Nación y luego se filtró a la prensa el contenido de lo que sería su fallo, pende sobre su futuro un pedido de juicio político impulsado por los diputados Nilda Garré del Frente Grande y Sergio Acevedo del PJ. Acompañada por el frentista Darío Alessandro, la legisladora porteña presentó ayer un escrito ante la Comisión de Juicio Político en el que amplió los cargos contra el ministro del máximo tribunal.
Los diputados frentistas recordaron que “en el fallo del pasado 5 de marzo en la causa de la provincia de San Luis, el juez Fayt no sólo emitió su voto a pesar de la prohibición que impone el Código Penal, sino que él mismo rechazó in limine el pedido de recusación que lo tenía como destinatario”. Para los legisladores el hecho vicia “insanablemente la sentencia dictada”.
En este punto Garré hace suyos algunos planteos del fallo que por la minoría de la Corte formularon el cordobés Juan Carlos Maqueda, Augusto Belluscio y Antonio Boggiano. “Más allá de la letra de la Constitución, de los pactos internacionales que la integran, y de la ley, desconocería elementales reglas de ética, con el consiguiente escándalo y bochorno para el Tribunal, que se dictara una sentencia que eventualmente se pronunciase sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un conjunto de normas que hacen a la política económica del gobierno de la Nación mediante la integración de una mayoría viciada con un juez con un interés concreto en la decisión”, dice Garré reproduciendo la opinión de Maqueda, Boggiano y Belluscio.
En diálogo con Página/12 la diputada porteña sostiene que “al haberse puesto en duda la constitucionalidad de una norma se abre una vía de reclamo que no lo excluye a Fayt de plantear futuros resarcimientos”. El punto no deja de poner de manifiesto las desigualdades que se dispararon a partir de la devaluación. Diferencias que se suman a las disparidades en la escalera social.
A diferencia del anterior proceso a los cortesanos, en el que el oficialismo le entregó un piadoso manto de salvación a los integrantes del máximo tribunal de Justicia, en esta ocasión, los legisladores del PJ aparecen dispuestos a avanzar. Con rigurosa reserva de su nombre, un destacado integrante del peronismo parlamentario le comentó a este diario que “como en esta ocasión se trata de un cargo puntual me parece que el trámite será mucho más sencillo”. También se preocupó en aclarar que no sería partidario de que el expediente se resuelva rápidamente ya que podría leerse como una revancha por el reciente fallo de la Corte.
La experiencia reciente ha demostrado que los cortesanos tienen sus defensores en Diputados. Claro que en esta ocasión, Fayt aparece como una pieza mucho más vulnerable que la de aquellos supremos a los que suele cubrirlos la larga capa del menemismo. “Me iré cuando quiera”, había dicho desafiante Fayt a los integrantes de la Comisión de Juicio Político. Aunque la conformación de las mayorías parlamentarias en principio le aparecen adversas, en beneficio de Fayt están los actuales tiempos electorales. No por nada el Congreso aparece virtualmente congelado.