Por Eduardo Murúa y José Abelli *

Nuestra propuesta, lo reconocemos desde un principio, es sectorial y acotada. Los trabajadores del Movimiento de Empresas Recuperadas no somos el sector formal de la economía, y por lo tanto no somos quienes podemos invertir en nuevas fábricas. Pero sí podemos, como ya lo estamos haciendo, recuperar las empresas que han sido destruidas por la macro economía. Empresas que tienen sus estructuras productivas intactas y a sus trabajadores en la calle, sufriendo la marginación social y el hambre. En esa situación hay un millón de puestos de trabajo que se pueden recuperar. Ello significaría inclusión social (salario, obra social, jubilación) para cuatro millones de argentinos. Pero además multiplicaría la economía, el consumo, los impuestos, etcétera, y generaría mayor competitividad para la economía en su conjunto.
Ya hemos recuperado 15 mil puestos de trabajo y 140 empresas en todo el país. Demostramos que se puede. Falta decisión política de los funcionarios del gobierno nacional, comenzando por el propio Presidente Duhalde, y de los legisladores, para poder avanzar. Los planes sociales son indispensables en momentos de tanto hambre y marginación, pero no se escucha ni una palabra sobre la recuperación del empleo digno y la producción. Son miles las empresas endeudadas con los trabajadores y el Estado (AFIP, Banco Nación, bancos de provincia) que se encuentran en proceso de quiebra. Hay que evitar que esas empresas desaparezcan junto con sus trabajadores.
Hay Estados municipales (Las Varillas, Cañada de Gómez, Villa Cañás, Avellaneda, por ejemplo) que han avanzado en políticas activas a pesar de sus magros ingresos. O Estados provinciales como Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que han desarrollado políticas de protección a los activos productivos (expropiación de las fábricas) y políticas de empleo (transfieren las fábricas expropiadas a favor de los trabajadores). También discuten la creación de Fondos de Capital de trabajo que garanticen empleo digno a más de 10 mil trabajadores. Así demuestran que con presupuestos más pequeños que los de la Nación, si hay voluntad y decisión política se puede dar pelea al hambre y la marginación social con medidas afectivas.
El Gobierno nacional debería para ello tomar solo dos medidas: la creación de un Fondo de Capital de Trabajo y una legislación de emergencia que impida la liquidación de los activos productivos por los próximos 24 meses transfiriéndosela a la comunidad productiva (trabajadores y demás acreedores laborales).
Recuperar estos puestos de trabajo tiene un bajo costo promedio por trabajador. Recuperar, entonces 1 millón de puestos, significaría una inversión, por única vez, de $ 300 millones. La mitad de lo que, por ejemplo, cobran anualmente los concesionarios de los trenes.
Países que han sufrido fuertes crisis económicas han salido de ellas con claras políticas públicas. Los Estados Unidos sancionaron en la década del ‘30, y nunca la modificó, el capítulo 11 de la Ley de Quiebras. Canadá en los ‘80 dictó políticas de incentivo fiscal sobre el salario para el rescate de empresas fallidas. España en los ‘70 creó las Sociedades Anónimas Laborales salvando más de 17 mil empresas. Italia tiene la Ley Marcorra, con la cual a fines del 2002 llevaban recuperadas 157 empresas y 5740 puestos de trabajo. Todos ellos preservaron los activos productivos (las empresas) y los puestos de trabajo por sobre el interés de los acreedores.
Las 140 empresas recuperadas no han recibido un solo peso del Estado. Todas están funcionando por el esfuerzo excluyente de sus trabajadores.
Mientras no resolvamos estas cuestiones todos tenemos derecho a pensar que importan más el clientelismo que la lucha contra la desocupación, que interesan más las medidas efectistas que derrotar el hambre y la marginación.

* Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas.