EL PAíS
› LA CORTE HABILITO EL AMPARO PRESENTADO POR EL “RIO NEGRO”
Un respaldo para el periodismo
La Corte Suprema abrió el proceso iniciado contra el gobierno de Neuquén que le cortó la publicidad oficial al diario “Río Negro”.
La Corte Suprema admitió un recurso de amparo presentado por el diario Río Negro contra el gobierno de Neuquén, que cortó la publicidad oficial al matutino a raíz de la publicación de una denuncia sobre corrupción en la designación de jueces. La resolución, alentadora para el periodismo, fijó una audiencia de conciliación para el 10 de abril y requirió a las autoridades provinciales que entreguen un informe sobre las razones de la medida tomada.
Río Negro presentó un recurso de amparo el 23 de enero pidiendo que el gobierno de Neuquén diera marcha atrás con la decisión de privarlo de la publicidad oficial. El matutino, el de mayor circulación en la región, advirtió que la interrupción de los avisos se produjo después de la publicación de una denuncia del diputado Jorge Taylor, quien mostró cámaras ocultas que revelaban un intento de soborno de parte del vicepresidente de la Cámara baja local, Osvaldo Ferreyra, para el nombramiento de jueces en el Superior Tribunal de Justicia. En las imágenes aparecía también el gobernador Jorge Sobisch.
El diario se consideró blanco de discriminación. Evaluó, como señala en su edición de ayer, que “el Ejecutivo neuquino sanciona a un medio que molesta a la administración, presionando a la prensa libre con recursos de los contribuyentes para restringir el ejercicio de la libertad de expresión”. Ese fue, de hecho, uno de los argumentos centrales de la denuncia judicial original, que mostraría la lesión de derechos garantizados por la Convención Americana de Derechos Humanos. Aquel escrito recordaba que Taylor había dado una conferencia de prensa en la que participaron otros medios –incluso la noticia fue dada primero por América TV– y que Río Negro “como medio independiente y pluralista que es difundió en forma completa todo lo referente a la grave denuncia”, al tiempo que recogió “todas las manifestaciones efectuadas, incluso de los denunciados cuando quisieron hacerlas”.
“Es muy importante que la Corte Suprema de la Nación haya reconocido la competencia originaria en un caso así, y sobre todo teniendo en cuenta que en general con los amparos no se mete. No estábamos tan seguros de que pudiera ocurrir y nos preparábamos para recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero el alto tribunal reconoció nuestro argumento: que tiene que intervenir cuando alguien de una provincia demanda al Poder Ejecutivo de otra. El diario tiene sede en General Roca y demanda al gobierno de Neuquén”, explicó el abogado del diario Río Negro, Hugo Wortman Jofré.
La Corte, en una decisión que firma el secretario Hugo Galmarini, ordenó notificar a las autoridades neuquinas para que informen en un plazo de 16 días por qué suspendieron la publicidad, algo que deberán también exponer en una audiencia de conciliación que tiene fecha para el 10 del mes próximo a las 11 de la mañana. El medio de comunicación debería demostrar el perjuicio económico que le causó aquella medida. Un paso posterior podría implicar que la Justicia disponga el embargo de los fondos que el Poder Ejecutivo local tiene en el Banco de la Provincia de Neuquén. “Eso sería medular”, sostuvo Wortman Jofré.
Entre las organizaciones que apoyaron al diario en su decisión de recurrir a la Corte Suprema figuran la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) –que también ofreció llevar el caso a la CIDH–; la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y la Asociación Periodistas para la Defensa del Periodismo Independiente.
Según el diario Río Negro, “el cese de la publicidad oficial no es más que la contraparte económica de las agresiones verbales, de una campaña de hostilización y advertencias” expresadas por varios funcionarios.
En cuanto a la causa iniciada a raíz de la denuncia que hizo Taylor, la Justicia no resultó muy esclarecedora sino que el juez Roberto Abelleira ordenó archivarla. La fiscalía que interviene apelará ese fallo apoyándose en que los videos en juego deben ser considerados pruebas válidas.