“La expropiación de una fábrica envuelta en un conflicto salarial implica ensanchar nuestros horizontes de lucha”, dice Eduardo Murúa, dirigente del MNER y cooperativista de IMPA. “Si bien el gobierno nacional y el provincial no han tenido políticas activas para este sector nosotros como movimiento, con nuestra pelea, hemos logrado arrancar este tipo de decisiones legislativas. Seguramente el próximo paso será la modificación de la Ley de Quiebras y la conformación de un fondo fiduciario para capital de trabajo inicial”, explica Murúa.
–Reabrir la fábrica parece ser el punto complicado –comentó este diario.
–Las empresas comienzan a trabajar con mucho sacrificio. Hay una serie de modificaciones legislativas que harían falta. Nosotros proponemos que la ley determine centralmente que cada empresa que quiebre pase a manos de sus trabajadores, que capitalice las acreencias del Estado y los trabajadores y al resto de los acreedores se les dé el 20 por ciento de ladeuda en crédito fiscal. Hay un proyecto presentado en la Cámara de Diputados por Francisco Gutiérrez (Polo Social) con apoyo del ARI. Se puede bajar la desocupación con una decisión política del Estado. ¿Cuántas empresas están con sus máquinas dentro y sin nadie que trabaje en ellas? Son muchas y tendrían que pasar a manos de los trabajadores –sostiene Murúa.