Decir que la oposición ha elegido como jefe a Sergio Schoklender es una demasía del columnista principal de La Nación, que tal vez se cree a salvo de la catástrofe. Pero por crítica que sea la columna de Carlos Pagni, su diario le ha dedicado la tapa en seis días de la semana del 9 al 16 de setiembre. Aventajó incluso a Clarín, que le reservó cinco. El viernes 16, la coincidencia abarcó incluso el título, acerca de las presuntas presiones por parte del gobierno que habría sufrido el desquiciado, de las cuales la única prueba que aportó es que conocía a un funcionario de la Secretaría de Inteligencia. Es difícil expresar con mayor crudeza que Pagni el acuerdo entre Schoklender y la oposición: “Frustrados con sus denuncias de fraude, radicales y duhaldistas dieron otro manotazo de ahogado ofreciendo al operador de Bonafini el escenario del Congreso para que politice su chantaje. Schoklender, para quien el abuso de confianza no tiene secretos, aceptó la invitación y, subido a la tribuna, advirtió: ‘Se necesita equilibrio en el Congreso para evitar una monarquía’. Le faltaba la toga. ¿Qué menos podía hacer que retribuir las atenciones pidiendo el voto para quienes lo estaban convocando?”.

Callejón sin salida

Sólo el aturdimiento ante los resultados electorales del 14 de agosto explica la celada que la oposición se tendió a sí misma, siempre fiel a la línea fijada por su conducción estratégica. Que se hayan encerrado solos en tan sórdido callejón sin salida es una nueva constatación de que siguen sin entender cómo fue posible que más de la mitad del padrón votara por Cristina. Los candidatos del oficialismo que recorren el país con actos de campaña se asombran de no cruzarse nunca con sus adversarios. Repiten así las conductas que los llevaron a donde están, supliendo con escándalos y anécdotas y su repercusión en los medios con cabecera en la Capital la falta de militancia y de propuestas que permitan debatir los temas centrales de la producción, el trabajo, la seguridad o las relaciones internacionales. La escala legislativa en el raid mediático del hombre de negro exacerbó las recriminaciones entre las distintas piezas del fragmentado mosaico opositor. El Frente Antiinflacionario Progresista comunicó que no asistiría, pero se rectificó ante el batifondo de radicales y peornistas federales que lo acusaron de ser “funcional al gobierno”. Guiado por la pica con Hermes Binner, Ricardo Alfonsín dijo que participaría de la audiencia pese a que SS le parecía una fuente poco confiable. Concluido el trámite, el duhaldista remilgado Eduardo Amadeo dijo que SS le daba asco. Pero uno por uno cumplieron la insólita tarea de asociar su imagen con la de su huésped, por temor a que otro se apoderara del mapa y llegara primero al tesoro. Ver al juez del proceso a las juntas militares Ricardo Gil Lavedra convertido en vocero e intérprete de Schoklender es una experiencia fuerte, tanto como lo fue la extraña pareja que el hombre que mató a los padres formó con la madre a la que le desaparecieron los hijos. Los diputados oficialistas se negaron a asistir aduciendo que se intentaba montar un “circo mediático”, con lo cual le crearon otro dilema a la oposición. Para dañar al gobierno era necesaria la transmisión por la cadena de medios privados. Pero el gobierno les inoculó el virus de la duda: ¿no estarían por dar otro paso contraproducente, como al apoderarse de los cargos en las comisiones legislativas o al dar refugio al guardián de las reservas, Martín Redrado? Tanto dudaron entre las dos puertas, que terminaron por chocar con la pared: lo invitaron, pero sin presencia de cámaras ni periodistas. El pretexto inverosímil de que el juez Norberto Oyarbide había decretado el secreto del sumario les permitió erigirse en intérpretes y evaluadores de los dichos de quien ni siquiera ocultó su intención de extorsionar a Bonafini y el gobierno. Así cometieron el delito que presuntamente querían evitar. La confusión entre un imputado y un testigo, nada menos que en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la boxeadora Graciela Camaño de Barrionuevo, califica la intensidad de la crisis en que está sumida la oposición. Si algún valor pudiera tener el relato de un actor de los hechos investigados, sería su conocimiento directo. Pero Schoklender dijo que a él nunca se animaron a pedirle peaje. Supone que porque le tenían miedo...

El comienzo del fin

Otro elemento llamativo es la tranquilidad con que el gobierno vivió el episodio. La crisis de la Fundación Sueños Compartidos estalló cuando la presidente CFK se negó a concederle un crédito a tasa subsidiada de la línea del Bicentenario, que Schoklender le había pedido a Débora Giorgi, porque no estaba contemplado su otorgamiento a organizaciones sin fines de lucro. SS pidió entonces que los fondos se entregaran a la empresa Meldorek, pero nunca presentó las garantías que le reclamaron. Entre sus presiones a distintos funcionarios amenazó, incluso, con que “Hebe va a hablar con Cristina”. La única vez que Bonafini rozó la cuestión, la presidente le dijo afectuosamente que no se ocupara de ese tema. Como Schoklender seguía exigiendo dinero fresco estatal, Bonafini lo apartó, según creía, en buenos términos, hasta que un embrujo lo convirtió en víbora. Tanto el gobierno como la Fundación sostienen que las viviendas construidas son mejores que las de otros programas sociales, que se entregan con terminación de calidad, amobladas y hasta con cortinas, y que los pagos sólo se hacían contra verificación del avance de las obras por las jurisdicciones provinciales y municipales. Agregan que si en algunos casos se contrataron sin concurso ni licitación fue porque se construyeron en barrios bravos en los que ninguna empresa quería entrar, con trabajadores del lugar, a los que no se les pedían antecedentes penales, la mitad mujeres, que además recibieron capacitación y contaban con guardería, escuela, centro de salud y áreas de deportes y esparcimiento. Lo mismo sucede en algunas obras de la organización Túpac Amaru. De acuerdo con esta versión, el gran número de empleados estables, con salarios de convenio y registro regular, implicaba altos costos fijos que requerían la constante iniciación de nuevas obras en cada jurisdicción, con cuyos anticipos se cubrían los déficit acumulados, ya sea por ese descalce entre costos y precios o por la derivación de fondos hacia otros fines que se imputa al apoderado. Por eso, Schoklender exigía a funcionarios nacionales, provinciales y municipales que le concedieran más obras, incluso en otros países de la Unasur, y créditos para instalar fábricas que produjeran a menor costo los paneles que usaba en sus construcciones. Cuando sus urgencias dejaron de coincidir con el ritmo de los trámites y los controles que se aplican a los dineros públicos, se despeñó desde la cima de una pirámide de Ponzi, como la que construyó en Estados Unidos el financista Bernard Madoff.

Plata dulce

Si en el camino, además, se cometieron otros delitos en perjuicio de la organización para la que trabajaba Schoklender, o del Estado, y/o con participación de algún funcionario, se determinará en la causa judicial, en la que además del poco estimado juez Oyarbide también actúa una Cámara de Apelaciones con mejores credenciales. Las afirmaciones de que Sueños Compartidos era una caja política que pagaba sobresueldos a funcionarios y que su imprenta realizó sin cargo carteles para las campañas porteñas de Amado Boudou y Abel Fatala requieren de más pruebas que esta extemporánea denuncia. Por lo pronto, el dictamen del fiscal Jorge Di Lello afirma que esos presuntos aportes no están probados en la documentación que SS entregó a la Justicia. Así como Cristina rechazó las presiones de Shoklender y le negó la plata dulce que exigía, bajo su gobierno ningún procesado siguió en su cargo. Pero para que se llegue a ese punto hará falta algo más que el relato vengativo de un oscuro personaje que debe ser tomado “con pinzas” porque su motivación es “no caer solo”, como dijo el más íntimo colaborador de Francisco De Narváez, Gustavo Ferrari. También habrá que cuidar que el merecido castigo a cualquier deshonestidad no implique el abandono de formas de organización social distintas a las del mercado, que además de solucionar un problema habitacional tienden a la integración de sectores marginados. Sería más fácil si Bonafini ahorrara al Congreso los insultos que primero usó contra los asesinos de la dictadura y luego para dirimir diferencias políticas o ideológicas con sus compañeros de lucha del movimiento de derechos humanos y con aquellas Madres de Plaza de Mayo que no creían en el dogma de su infalibilidad.

Quién es quién

En cambio hubo que esperar a que terminara el gobierno de Carlos Menem para que avanzaran las causas que lo involucraban a él y a sus colaboradores. Por eso, la absolución del ex presidente por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia produjo decepción en sectores de la sociedad. El resultado era previsible, desde que la mayoría automática de la Corte menemista dijera en 2001 que no estaba probada la asociación ilícita ni la falsedad ideológica de los decretos firmados para vender a Panamá y Venezuela los fusiles que en realidad fueron a los Balcanes y el Pacífico. Desde entonces la causa remanente se tramitó en el fuero penal económico (penal cómico, lo llaman en Tribunales), que desde su creación, en 1959, ha ido perdiendo competencias. Nunca prosperaron los proyectos de disolverlo porque se perderían buenos negocios que importan a media docena de grandes estudios jurídicos. Sólo son respetados los camaristas Edmundo Hendler y Nicanor Repetto y la fiscal María Luz Rivas Diez. En la actualidad, se ocupa apenas de contrabando. Sus turnos y sorteos permiten digitar en qué juzgado se inicia cada causa. Es el único fuero que carece de un sistema informático que permita detectar si existen más causas con los mismos imputados, ni en qué sala está cada una. Debido al contrabando de sustancias psicotrópicas de consumo prohibido, es uno de los fueros más penetrados por la DEA estadounidense, que organiza tours para jueces y fiscales. En varios artículos periodísticos se implicó que los jueces Artabe e Imas, que firmaron la absolución de Menem, habían sido designados por Cristina y que el fallo absolutorio era el pago por las abstenciones que le impidieron al Grupo Ahhh... lograr el control del Senado. Los mismos medios insisten en que la candidatura de Menem para renovar su banca en el Senado se presenta en alianza con el FpV. Esta versión se ha repetido una y otra vez, aun luego de la desmentida categórica de los secretarios electorales de las Cámaras nacional y de La Rioja, Nicolás Deane y Lía María de la Colina de Ibarlín: no se ha presentado tal alianza antes de que vencieran los plazos ni hay boleta pegada. En cuanto a los jueces, Horacio Artabe ingresó en la justicia como secretario de primera instancia en mayo de 1978, cuando gobernaba el entonces general Jorge Videla, y en 1994 Menem lo designó juez de Instrucción en este fuero. Su patrocinador fue el entonces abogado de Daniel Hadad, Daniel Open. En 2005 el creador de la Policía de Seguridad Aeronáutica, Marcelo Saín, lo denunció por conducta sospechosa. En 2006, el Consejo de la Magistratura lo designó juez subrogante en el Tribunal Oral en lo Penal Económico N 3. En el mismo año ocupó su cargo como subrogante en ese tribunal Luis Imas, quien hasta entonces ejercía como abogado particular. Es decir que ya estaban allí cuando Cristina fue electa presidente. Luego de concursar ante el Consejo de la Magistratura, los dos fueron designados, esta vez sí por CFK, como titulares en el mismo tribunal, Artabe el año pasado e Imas éste. Como tantos miembros de la gran familia penal cómica, Artabe e Imas son íntimos amigos. Artabe está vinculado también con los generales Mario Dotto y Victor Hugo Figueroa. Dotto lo invitó a participar en el viaje del rompehielos Almirante Irizar de 2006, que, con el pretexto de conocer la Antártida, la Armada utilizaba para hacer lobby entre personalidades, funcionarios y diplomáticos. El juez ya había participado del viaje de 2005 y quiso repetirlo. Dentro del sistema de castas en que estaba organizado el buque hasta su incendio, en abril de 2007, los jueces y los militares tenían acceso al comedor del quinto piso, con buffet y barra libres, al que no podían ingresar los demás pasajeros. Esa discriminación fue suprimida por la ministra Nilda Garré, quien advirtió que “no quiero el hotel flotante de Massera”. Un contertulio de Altabe a Imas cuenta haberlos oído despotricar contra Néstor y Cristina y comprometerse a darle “una mano a Menem”. En noviembre, cuando se den a conocer los fundamentos de este llamativo fallo, tal vez se entienda por qué, luego de escuchar la absolución, Menem se abrazó y besó con su abogado, Máximo Rosconi.