Tres guardias de la cárcel de mujeres de Azul, la Unidad 52 del Servicio Penitenciario Bonaerense, fueron condenadas por golpear a otras tres mujeres en dicha unidad, en febrero de 2007, mientras que una cuarta carcelera resultó absuelta. Lo curioso (aunque sumamente expresivo) del caso es que las golpeadas resultaron ser una presa y dos guardias (supuestamente) compañeras. La paliza que dieron a las dos empleadas del SPB se debió a que pretendían justificar la golpiza que antes habían propinado a la detenida, simulando que tuvieron que controlarla porque la interna, fuera de sí, estaba apaleando a sus demolidas compañeras.

El 28 de febrero de 2007, Claudia Aguirre, alojada en la U52 de Azul, fue trasladada desde el pabellón hasta una celda del sector de admisión. El motivo alegado: que había provocado (supuestos) incidentes en el sector donde era alojada.

En aquel momento, la información que trascendió fue que en un ataque feroz la presa habría repartido golpes a diestra y siniestra, habría lastimado seriamente a dos guardias y que sólo habría podido ser controlada con la participación de otras tres o cuatro funcionarias, según fuentes carcelarias, condicional incluido.

Tiempo después, las dos guardias seriamente lastimadas –María Eugenia Cervino y Rosa Edith Alonso– denunciaron otra versión de los golpes, ya no en condicional y con fuentes verificables: sostuvieron que Aguirre había sido trasladada hasta el sector de admisión, donde Estefanía Fernández, una de las condenadas, la ablandó a golpes, patadas y palazos, mientras la detenida se acurrucaba en el piso intentando protegerse. Un silencioso y paciente trabajo de Luz Ramallo y Jorge Moreno, de la APDH de Azul, permitió que las dos denunciantes, muy atemorizadas, se animaran a presentar el caso ante la Justicia.

Según quedó demostrado en el juicio, para justificar el deplorable estado en que había quedado la detenida, Fernández junto a Natalia Paola Callegaro y María José Newbery rodearon a Cervino y Alonso, y decidieron que debían colaborar con ellas forzosamente, es decir, debían representar la supuesta violencia de la detenida en sus propios cuerpos, con marcas de golpes y moretones. Y, como quien dice, las molieron a patadas al grito de “¡defendámoslas!”, tal como se registra en la historia de la humanidad en cuanta cruzada se haya realizado en aras de la paz mundial.

El juicio –llevado adelante por el juez Carlos Pocorena, del Juzgado Correccional Nº 1, de Tandil– tuvo su curiosidad: las defensas, y sus testigos incluidos, reconocieron que había ocurrido todo tal cual la denuncia. Pero sus abogados sostuvieron que fueran absueltas por la “atipicidad” de los hechos, lo que en realidad parecía disculpar más al SPB que a las acusadas. Moreno se presentó como particular damnificado y Ramallo como representante de APDH. La fiscal Neli Rosas pidió 3 años de prisión para las cuatro acusadas, incluida Fabiana Marianache, por omisión de denuncia, a Fernández por vejámenes y a Callegaro y Newbery por lesiones graves a Alonso y leves a Cervino. Moreno reclamó 3 años de cumplimiento efectivo. El juez sentenció a Fernández a 2 años y 5 meses; a Callegaro y Newbery a 1 año y 8 meses; y a Marianache la absolvió.

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