Las trabajadoras de Brukman suspiran aliviadas pero enseguida vuelven a ponerse en alerta. La Justicia ordinaria dictó la falta de mérito a seis obreras de la textil recuperada bajo el modelo de autogestión, que en febrero habían sido llamadas a indagatoria acusadas de “usurpación, robo y defraudación”. Habían sido detenidas en el intento de desalojo de la fábrica de Once el 24 de noviembre, cuando irrumpieron grupos policiales especiales, encapuchados y policías de civil que las golpearon junto a las abogadas del Ceprodh (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) que las representan. El fallo del juez Enrique Velásquez reconoció que les corresponde parte de la ganancia del producto de su propio trabajo, aunque la materia prima no les pertenecía. Pero otra jueza, que instruye el concurso iniciado por los dueños, ordenó una medida de cumplimiento inminente que podría derivar en un nuevo procedimiento con la intervención de la fuerza pública.
La magistrada del fuero comercial Matilde Ballerini fijó plazo para realizar un inventario de las maquinarias de la fábrica. La medida se concretaría en las próximas horas y los letrados del Ceprodh temen que podría derivar en un operativo represivo similar al ocurrido en noviembre. Tras aquel violento intento de desalojo, las trabajadoras fueron demandadas por la patronal. Pero el juez de instrucción Enrique Velásquez les dictó la falta de mérito porque consideró que no hubo una usurpación por parte de ellas, dado que se trata de un conflicto laboral en el que no se aplica el Código Penal. “El ejercicio en sí de la ocupación se puede seguir reputando como pacífica, entendiendo a la misma como consecuencia de un conflicto de estricto orden laboral que no debió tocar la Justicia criminal”, escribió el magistrado. Según los hermanos Brukman, las costureras también habían cometido “defraudación y hurto”. Es que cuando pusieron la fábrica en marcha comenzaron a producir y a vender el stock. Aunque el juez lo consideró posible, concluyó que como ya concretaron la venta de lo producido a partir de esa materia prima les corresponde parte de la ganancia. “Si bien es cierto que dichas ganancias no debieron ser gobernadas por los causantes, no debe pasarse por alto que la transformación de la materia prima, es decir el trabajo realizado en ella, debe ser retribuido, aún sosteniendo la situación irregular en que se enmarcó dicha conducta”, redactó Velásquez.
Pero el párrafo que más entusiasmó fue el que descubrió que los patrones jamás habían hecho los aportes de sus empleados. Como Enrique y Jacobo Brukman insistían en que la fábrica estaba ocupada por personas que no eran trabajadores, la Justicia buscó los listados de la ANSES y así detectó la falta de aportes. De todos modos, los abogados del Ceprodh apelaron la decisión porque exigen un sobreseimiento de las acusadas y el cierre de la causa. Por motivos opuestos, también los patrones apelaron el fallo, por lo cual tienen una razón más para mantenerse en estado de “alerta”. Además, impulsan una demanda penal por los golpes que recibieron en noviembre las letradas Ivana del Bianco, Mariana Salomón y Miriam Bregman.
A fines de 2001 cincuenta mujeres pusieron a funcionar la textil y en dos meses de gestión obrera recuperaron el nivel salarial de 1995, pagaron las deudas de luz y gas que habían dejado los dueños y mejoraron las condiciones laborales. Se transformaron en una expresión emblemática de un movimiento que demostró que los trabajadores pueden volver rentables empresas que los patrones declaran en quiebra, en más de un centenar de casos. Pero a diferencia de otros emprendimientos, y al igual que en Zanon, pretenden la estatización sin resignar el control administrativo. Durante el fin de semana se realizó en Rosario el Tercer Encuentro de Fábricas Ocupadas en el que los participantes se pronunciaron por la defensa de Brukman y Zanon.