Cuarto Intermedio. Así se denomina el intervalo de las sesiones parlamentarias, y suele ser el momento propicio para la negociación de las leyes. Ese es el nombre elegido para la revista que está a punto de lanzar Carlos Bercún, el lobbista que cobró notoriedad el año pasado cuando fue señalado como el presunto intermediario de un pedido de coimas por parte de legisladores a representantes de la banca extranjera. Sus oficinas fueron allanadas, sus teléfonos estuvieron intervenidos y declaró ante la Justicia pero lo hizo como testigo (ver aparte). Cuando estalló el nuevo escándalo que involucró al Senado una vez más en un caso de presuntos sobornos, Página/12 reveló que elaboraba informes sobre la actividad legislativa referida a temas económicos y financieros, y a través de su consultora CB y Asociados vendía sus servicios a organismos oficiales, como el Ministerio de Economía o el Banco Central, y privados, como la Asociación de Bancos de Argentina, por montos que llegaban a los 27 mil pesos mensuales. Ahora Bercún se propuso salir a “movilizar influencias” a través de su nueva creación.
El mundillo de las consultoras está alborotado. La novedad está en boca de diputados, asesores y periodistas. Todo indica que tras la intensa exposición pública que tuvo en 2002, Bercún quedó averiado aunque no hundido. Y regresa con todo. El lanzamiento de Cuarto Intermedio está previsto para el 1º de abril y el consultor tiene la agenda cargada. Incluso hubo redecoración en las oficinas del primer piso de Hipólito Yrigoyen 1530, con vista a la Plaza del Congreso. Página/12 pudo saber que planean una tirada de 4 mil ejemplares y en principio se convertirán en competidores de la ya conocida revista El Parlamentario. Sin embargo, las aspiraciones de Bercún parecen ser mayores. Uno de los objetivos sería instalar la influencia de Cuarto Intermedio en el ámbito empresario, además de su venta en los kioscos céntricos.
Los “asociados” de Bercún, entre los que se encuentra un ex periodista de Ambito Financiero a cargo de la gerencia comercial, salieron a visitar a sus potenciales clientes. Y expusieron abiertamente cuáles son sus metas. Bercún conoce el paño político en el Congreso e incluso por su paso por la función pública. Según su análisis, con el próximo gobierno no habrá mayorías y esto es terreno fértil para arduas negociaciones en torno de la aprobación de las leyes. “El objetivo es salir a meter presión a través de la revista sobre determinados temas que se estén tratando”, explican los hombres que trabajan en el flamante proyecto del consultor. Y confiesan que la revista funcionaría como una pantalla: no esperan vivir de la venta de publicidad ni de los ejemplares.
El hombre que durante diez años frecuentó los despachos de los legisladores más influyentes se jactaba de ser un “operador político”. Pero de ex funcionario del Ministerio de Economía y poderoso lobbista pasó a ser el principal sospechoso de haber negociado un pedido de coima para frenar proyectos de leyes que perjudicarían los intereses de la banca extranjera. Esto fue publicado en agosto en el diario británico Financial Times (FT). El autor de la nota, el ex corresponsal Thomas Catán, ratificó ante el juez Claudio Bonadío lo que había escrito, y agregó que el emisario de la solicitud de soborno habría sido un lobbista. Fue entonces que la senadora Malvina Seguí señaló a Bercún. Un escrito anónimo incorporado a la causa mencionó al senador Carlos Verna como socio de Bercún y del ex senador Ricardo Branda, actual vicepresidente segundo del Banco Central. Según el libelo, Branda fue el ideólogo de “recaudar” con el paquete de leyes que afectaba a los bancos, y en sociedad con Verna y Bercún habrían pedido 1 millón y medio para frenar la Ley Barrionuevo. Las oficinas del lobbista fueron escenario de reuniones como la del 23 de julio, de la que participó el ministro Roberto Lavagna. En enero de 2002 Bercún armó un encuentro en la Casa Rosada durante el cual Eduardo Duhalde y sus principales ministros recibieron a un grupo de banqueros. A fines del año pasado, Bercún aseguró que la actividad de su consultora es legal invocando un supuesto pronunciamiento de la Oficina Anticorrupción (OA). Sin embargo, el director de la OA salió a desmentirlo. Manuel Garrido afirmó que “por el contrario” violó la Ley de Etica Pública por haber sido proveedor de Economía antes de que pasara un año de su alejamiento como funcionario. Quizá ya no necesite la credencial del bloque justicialista de Diputados que supo poseer. Ni las sospechas, ni su repentina notoriedad impidieron que, “movilizando influencias” siempre hiciera buenos negocios.