El prontuario de Eduardo Alfredo Ruffo recogió una nueva medalla. El ex agente civil de inteligencia de la patota de Automotores Orletti, integrante de la banda de Aníbal Gordon, dedicado a los secuestros extorsivos, apropiador de Carla Rutila Artés, a quien sometió a todo tipo de padecimientos desde pequeña, entró solo a la sala de audiencias de los Tribunales de Retiro. Ruffo se sentó y escuchó una nueva acusación en su contra, esta vez en el escenario del juicio por el Plan sistemático de robo de bebés. Ruffo está acusado ahora de la sustracción de Simón Riquelo, el hijo de la uruguaya Sara Rita Méndez. Con su ingreso, el Tribunal Oral Federal 6 entró en el último tramo del juicio oral, con eje en el centro clandestino Automotores Orletti, base del Plan Cóndor en Buenos Aires. Un lugar, como recordó la sala, donde el robo de niños formó parte del “botín de guerra” de los represores.

El caso Ruffo volvió a mostrar la desmesurada arquitectura del robo de niños en Orletti. El Tribunal leyó dos tramos de la acusación, una elevada por la fiscalía de Jorge Di Lelo y la otra del juzgado de Norberto Oyarbide, una síntesis que repasó cada caso en clave sistémica.

“En los procedimientos se incluía un móvil para el traslado de los niños”, dice la acusación que recogió datos de un informante clave, que a esta altura parece ser el propio Ruffo. Los niños “eran dejados en hospitales o instituciones de menores” o “eventualmente entregados a amigos” y “durante los operativos coordinados con uruguayos se obtuvo una gran cantidad de dinero y se repartieron los niños de varios de quienes luego fueron desaparecidos”.

Eso sucedió con Riquelo y con cada uno de los niños del juicio. La acusación señaló el caso de Mariana Zaffaroni Islas, hija de los uruguayos desaparecidos María Emilia Islas Gatti y Jorge Roberto Zaffaroni, apropiada por Adriana María Gonzalez y Miguel Angel Furci. Furci era un hombre de la SIDE. Se quedó con ella en 1976, mientras estaba en Orletti y vio cómo “una mujer allí detenida y su pareja iban a ser trasladados con destino incierto por miembros del ejército uruguayo y le ofrecieron la niña, a quien anotó como hija propia con documentación falsa”.

Los otros casos conocidos hasta ahora, con “igual principio pero resultado diferente”, son Ernesto Anzalone, de alrededor de un año, hijo de Rita y Pablo Anzalone, robado de la guarda de su tía Laura Anzalone el 13 de julio de 1976. A Laura también la llevaron a Orletti y luego a Uruguay. Dos meses después del secuestro, los abuelos encontraron a Ernesto en manos de una médica, aunque distintas versiones indicaron que antes pasó por la comisaría de la zona donde estaba su tía. La lista incluye a la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia Iruretagoyena de Gelman, embarazada a término, detenida en Orletti y desaparecida. Su hija, que nació en cautiverio, estuvo en poder de un policía uruguayo. El último caso son los hermanos Anatole y Victoria Julien, secuestrados y trasladados con sus padres a Orletti en septiembre de 1976. Los padres continúan desaparecidos y a ellos los dejaron abandonados en la Plaza Valparaíso de Chile.

“Todo lo señalado refuerza la idea de que los menores formaban parte del ‘botín de guerra’ –dice la acusación– y eran entregados a conocidos, en los casos señalados, todos integrantes del servicio de inteligencia, de la policía o militares.”

El caso Simón Riquelo es parte de esa trama.

Sara Méndez reconoció a Ruffo en la patota de 15 personas que el 13 de julio de 1976 entró a su casa y le arrancó a su hijo de los brazos. La patota se presentó como parte del “Ejército argentino y uruguayo”. Simón tenía 20 días. El mayor Nino Gavazzo, uno de los represores emblemáticos de Uruguay, se presentó a cargo el procedimiento. Estaba secundado por un argentino, a quien tiempo después ella reconoció como Aníbal Gordon. Antes de llevarla a Orletti, Ruffo la torturó a ella y a otra compañera.

A esta altura, Sara declaró muchas veces sobre ese operativo. Ya dijo que ella quería quedarse con su hijo, pero Gordon le dijo que se quedara tranquila, “que esta guerra no es contra los niños”. A esta altura, la fiscalía dio por probado que en ese procedimiento también estuvo el subcomisario de la comisaría 33ª, Osvaldo Parodi, que finalmente robó al niño. El caso es una de las razones de los últimos escraches de Hijos a la casa del juez de la Cámara de Casación Gustavo Mitchell, porque intervino y legalizó la apropiación con los papeles de adopción.

Ruffo no dijo casi nada durante toda la audiencia. La presidenta del Tribunal, María del Carmen Roqueta, le preguntó en un momento si podían no leer alguno de los tramos de la acusación. En ese momento, ella lo trató de “señor Ruffo”. Y él le respondió algo así como está bien “señora”. En la sala casi no había presencias. Su caso no está impulsado en el juicio por las querellas de los organismos de derechos humanos, sino por la fiscalía que encabeza Martín Niklison. Además de Niklison y dos colaboradoras de la fiscalía, en toda la sala había dos integrantes del Centro Ulloa y el abogado de Ru-ffo. Los cuatro jueces, dos secretarios. Nadie más. Ni arriba ni abajo Ruffo vio algo más que su propia sombra.