Mié 21.09.2011

EL PAíS

La extradición de un represor

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, autorizó la extradición del militar retirado Norberto Raúl Tozzo, imputado por su participación en el fusilamiento de una veintena de presos políticos en 1976 en la denominada Masacre de Margarita Belén. La medida complementa la decisión del Tribunal Supremo Federal (TSF) de Brasil, que en mayo accedió a la solicitud de la Justicia argentina. Tozzo llegaría el país en no más de treinta días. El exhorto con el decreto firmado por Rousseff llegó ayer al Juzgado Federal de Resistencia, según informaron fuentes judiciales al diario on line Chaco Día por Día. Ahora la Justicia argentina está habilitada para repatriar al represor, en un operativo que deberán coordinar las oficinas de Interpol y las cancillerías de ambos países junto con el Juzgado Federal chaqueño. Según las normativas previstas en el acuerdo de extradición firmado por Brasil y la Argentina, el plazo máximo para que el acusado llegue al país es de treinta días. El TSF de Brasil decidió por mayoría la extradición, aunque fijó varias condiciones favorables al militar. La primera es que, en caso de ser encontrado culpable, Tozzo no reciba una condena superior a treinta años de cárcel, pena máxima prevista en la legislación brasileña. La segunda es que sólo podrá ser juzgado por las privaciones ilegales de la libertad de los cuatro fusilados que no fueron identificados. Sobre los otros 18, si bien según la legislación argentina el represor debería ser juzgado por sus homicidios, el máximo tribunal de Brasil consideró que ese delito está prescripto. Tozzo había sido detenido en junio de 2003 pero se benefició días después con la excarcelación que le concedió la Cámara Federal de Resistencia. Entonces se fue del país, hasta que en septiembre de 2008 fue detenido en un hotel de Río de Janeiro y apresado en la prisión federal de máxima seguridad de Ary Franco. Tozzo rendirá cuentas en el segundo juicio por la Masacre de Margarita Belén. En el primero, que concluyó en mayo, ocho militares fueron condenados a prisión perpetua y fue absuelto un policía.

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