Lun 10.10.2011

EL PAíS  › ENTREVISTA CON EL NIETO DE MIGUEL RAGONE, FERNANDO PEQUEñO RAGONE

“Ni sus enemigos pudieron mancharlo”

Mañana se conocerá el veredicto en el juicio por el secuestro y el asesinato del ex gobernador de Salta. Su nieto habla del rol de la policía y la complicidad judicial. “Todavía no encontramos el cuerpo, que es lo que estamos buscando”, dice.

› Por Alejandra Dandan

Un cura que ahora es capellán del Ejército de Salta fue vicepresidente del club de gallos de riña cuando Miguel Ragone era presidente. Su declaración en el juicio oral por el secuestro y asesinato del ex gobernador de la provincia abrió una grieta a partir de la cual ahora piden su destitución. El papel de la Justicia federal y los policías a los que Ragone desplazó de la fuerza y luego volvieron a matarlo, o las nuevas hipótesis sobre el lugar donde puede estar su cuerpo aún desaparecido, son algunos elementos que deja el histórico juicio oral que mañana tendrá su veredicto. “Todavía no encontramos el cuerpo, que es lo que estamos buscando”, dice su nieto y querellante de la causa, Fernando Pequeño Ragone. “Pero ahí está la esposa de él, de 91 años, que fue dos veces al juicio y siente que se va a morir viendo que se hizo algo.”

Mañana, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta dará a conocer el veredicto en la ciudad judicial donde se lleva a cabo el debate desde comienzos de abril. Hijos Salta y los organismos de derechos humanos convocaron a las 9 a esperar la sentencia de algunos jefes de la represión entre los que están Carlos Mulhall, jefe de la guarnición militar local; Miguel Gentil, jefe de la policía; y Joaquín Guill, uno de los hombres más simbólicos, jefe de Seguridad de la policía y responsable de los operativos clandestinos (ver aparte). El juicio deja efectos a largo plazo. No sólo sobre las nuevas pistas del cuerpo o de un pedido de imputación para el ex juez federal Ricardo Lona, como parte de la estructura represiva, sino también efectos simbólicos: el juicio funcionó como una pequeña Conadep y empezó a poner palabras ante un silencio de más 35 años.

“El martes es el veredicto después de una semana en la que los acusados tuvieron derecho a decir las últimas palabras”, dice Pequeño Ragone. “Ese es otro de los datos de estos juicios: sentir la cantidad de garantías procesales que tienen cuando mi abuelo no tuvo ninguna, a veces da bronca, pero si las garantías permiten que la democracia se consolide y que podamos avanzar con los juicios, está bueno. Muchos acusados nunca dieron la cara, pero hay cosas que me llenan de orgullo como algún defensor que reivindicó la figura de mi abuelo, o sea que ni siquiera sus enemigos pudieron mancharlo.”

–¿Cómo fue para el resto de la gente?

–La gente no acompañó en la sala, en los juicios hubo 15 o 20 personas, pero sí lo siguieron por los medios. En los diarios, en televisión, no llamaban a los programas porque en ese sentido hay todavía un gran silencio, pero nos lo decían a nosotros: por mail, por chat, venían a vernos. Cuando la gente vea que hay sentencia, que estos tipos van presos, se van a abrir muchísimas puertas. Hay mucha gente que se acerca, pero todavía hay mucho miedo y descreimiento.

–¿Qué nuevos datos le aportó el juicio?

–A mí me quedó claro que hubo dos proyectos de peronismo. Uno, que encarnaba mi abuelo, que fue derrotado, y otro que después se transformó en otra cosa y está ligado a la Triple A. Pero el juicio abrió las puertas para una investigación profunda sobre la policía y la responsabilidad del ex juez Lona. Y sobre el cuerpo de Ragone. Hay dos o tres hipótesis importantes y una testigo que trajo un dato que si bien no fue preciso se puede investigar: su marido estuvo en la caravana que mató a Ragone y le dijo que fue asesinado por la misma policía. Ella dijo que, esa noche, su marido cayó drogado a su casa, muy alterado, que él no sabía a quién estaban matando y que se puso muy mal cuando se enteró. Dijo que habían tirado el cuerpo en el camino a San Lorenzo, una villa veraniega a 6 kilómetros del centro de la ciudad. También hubo un testigo que dice haber estado en la caravana como policía, un famoso arrepentido al que el juez (Miguel) Medina que llevaba la causa lo quiso neutralizar y lo declaró inimputable. En el juicio declaró el psiquiatra que lo revisó y se echó atrás con la declaración. Ahora estamos pidiendo que se tenga en cuenta aquel relato que dice que en un momento Guill se subió a un auto con un silenciador y le pegó un tiro. Que después lo subieron a otro auto y fueron al dique.

–¿El Equipo Argentino de Antropología Forense revisó esos lugares?

–El EAAF exhumó doce cadáveres del cementerio de la ciudad, pero no encontró nada. Estuvieron dos veces en el juicio porque exhumaron el cuerpo de Arredes (Santiago Arredes, que cayó asesinado en el mismo operativo) para ver si la bala que lo mató tenía orificio de salida, pero lo que encontraron fue que no le hicieron autopsia, lo cual involucra más al ex juez Lona porque tendría que haberlo pedido.

–¿Usted vinculó a Lona con el actual capellán del Ejército?

–El cura era vicepresidente del club de gallos de riña, del que mi abuelo era presidente. Una de las cosas que no entendí de mi abuelo fue que siendo tan humanista tuviera esta cuestión. Me acuerdo de haberlo acompañado, yo tenía 8 años cuando lo mataron, así que calculo que entre los 5 y los 6 iba con él. El cura llamado Escobar Saravia le dijo al principal testigo del juicio, Daniel Mendoza: “Mañana lo van a matar”. Pero cuando declaró en el juicio lo negó, dijo: “Yo no me acuerdo”. Y dijo que no conoció a mi abuelo. Para mí, él forma parte de los civiles que actuaron en complicidad con el ex juez Lona, el único juez federal de esos años. Ahora es capellán del Ejército. Lo que yo quiero es que lo saquen porque quizá no tenga condena porque no hay pruebas, pero la condena social es necesaria.

–¿Cómo fue el trabajo con la policía de su abuelo?

–Mi abuelo trató de desandar lo que hizo la policía en los 18 años de proscripción del peronismo, que fueron los años en los que se estructuró la cúpula que lo mató después. El, su ministro de Gobierno y su jefe de policía –que fue asesinado por la policía– pidieron juicio político a 20 policías. Los desplazaron, a algunos los mandaron a sitios lejanos y a otros les pidieron la destitución. La Cámara Penal Oral de Tucumán ordenó la restitución de los policías cuando mi abuelo ya había sido destituido por Isabel Martínez; entonces quedó desamparado con todos los policías de vuelta adentro, una sentencia a muerte.

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