A tres meses de las primeras condenas por crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino El Vesubio, el fiscal federal Federico Delgado solicitó ayer la elevación a juicio de otros cuatro imputados. El pedido, que ahora está en manos del juez federal Daniel Rafecas, incluye a los coroneles retirados Jorge Raúl Crespi, Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis, y al ex penitenciario Néstor Norberto Cendón, que están acusados por más de doscientos secuestros y tormentos.

El 14 de julio, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a prisión perpetua al general Héctor Gamen y al coronel Hugo Pascarelli. Un mes después, les concedió el arresto domiciliario, que Pascarelli violó al salir en el auto de su hijo sin autorización. El fiscal federal Félix Crous y el CELS, advertidos por el Patronato de Liberados, pidieron la revocación del privilegio y el traslado a una cárcel, reclamo que esta semana rechazaron los jueces Pablo Bertuzzi y Néstor Guillermo Costabal, con disidencia de Leopoldo Bruglia. El TOF4 también condenó a los ex penitenciarios José Néstor Maidana a 22 años y medio de prisión, a Diego Salvador Chemes a 21 años y medio, a Ricardo Néstor Martínez y Ramón Antonio Erlán a 20 años y medio, y a Roberto Carlos Zeolitti a 18 años. Murió antes de la condena y en libertad el ex jefe del centro clandestino, Pedro Durán Sáenz.

El Vesubio estaba ubicado en la intersección de la Autopista Riccheri y Camino de Cintura, en el partido de La Matanza, y fue demolido antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 1979. El fiscal Delgado recordó que “en el marco de la distribución geográfica del terror” en zonas, subzonas y áreas, El Vesubio era parte de la Subzona 11, a cargo del fallecido general Adolfo Sigwald, a quien sucedió Juan Bautista Sasiaiñ. Minicucci fue en 1977 jefe del Regimiento de Infantería 3 de La Tablada, del que dependía el centro clandestino. En 1978 fue reemplazado por Svencionis. En el regimiento funcionaba la “central de reunión de información” encabezada por Crespi, a la que pertenecían los interrogadores a cargo de las sesiones de tortura. Cendón, alias Néstor Castro, suboficial de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal, actuó como guardia e integró los grupos de tareas.

“La práctica de aplicación de tormentos tuvo un papel protagónico en el acicalamiento del terror”, sostuvo Delgado en su escrito de 76 carillas. “Al apelar a diversos métodos –que no se reducían al uso de instrumentos emblemáticos de suplicios– los represores hacían algo más que satisfacer sus inclinaciones sádicas”, destacó. “En la cultura de la crueldad, el fuerte ignora la dignidad del débil; le impone no sólo sin razón sino también haciéndole advertir que no hay razón, que se trata de un hecho caprichoso, porque ésta es la forma más eficaz de suprimir al otro”, explicó. Tras el detalle de víctimas y delitos, el fiscal concluyó que “la norma material fue el desarrollo de una ordenada, jerárquica e ilegal maquinaria debidamente aceitada para cumplir acabadamente con el cometido fijado: el aniquilamiento del oponente a un precio conocido de antemano por todos los integrantes de la estructura”.