El vicecomodoro Oscar Rubén Jerez no pudo ascender el año pasado. Los diputados Marcela Bordenave y Alfredo Bravo impugnaron su pliego luego de enterarse de que había realizado tareas de inteligencia interna durante la democracia. Pero la Comisión de Acuerdos del Senado decidió que el aviador ya había estado en capilla el tiempo suficiente y consintió su promoción, que podría concretarse en la próxima sesión del Senado. El vicecomodoro Salvador de San Francisco Ozan, también acusado de espionaje, y el teniente de navío Julio César Binotti, un hombre de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) son los otros militares que quedaron relegados a fines de 2001. Sus expedientes siguen en la Comisión de Acuerdos, “pendiente de tratamiento”.
–¿Ustedes ahora terminan?
–Este gobierno termina. Los grupos de tareas de la Armada nunca terminan.
El diálogo fue mantenido a fines de la dictadura por Binotti y Víctor Basterra. El primero se había incorporado a la patota de la ESMA, en ese momento llamada GOEA (Grupo de Operaciones Especiales de la Armada) después de la guerra de Malvinas. En el centro clandestino era conocido como “Fernando” y tenía un juego de documentación falso con el apellido Ciscardo. El segundo había sido secuestrado, estaba cautivo y era obligado a confeccionar documentos falsos para sus represores.
Los antecedentes de Binotti, incluida su participación en el secuestro de René Haidar y una foto con uniforme de la Policía Federal, fueron presentados por Basterra, miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, ante la Comisión de Acuerdos hace diez días. El escrito tuvo efecto y el marino deberá esperar para festejar su promoción, pero no tiene que perder la esperanza. Su pliego no fue rechazado, aún espera ser tratado.
Jerez tuvo más suerte. Tuvo que aguardar tres meses pero puede ser ascendido en la próxima sesión del Senado. En noviembre, Bordenave y Bravo lo acusaron en la Justicia y ante los legisladores por haber violado la ley de Defensa Nacional. Según un documento que recibió Bordenave en su despacho, en 1993, el entonces mayor Jerez –jefe de la Regional de Inteligencia Litoral– solicitó una “orden de búsqueda estrictamente confidencial y secreta” en la que pedía información sobre tres personas. Al militar le interesaba saber “el concepto que gozan las interesadas (aspecto moral, ideológico y social); la ocupación que desarrollan o desarrollaron anteriormente; vinculaciones significativas; integrantes del grupo familiar, ocupación, medios de vida y toda otra información de interés”.
Los diputados acusaron a Jerez de violar el artículo 19 de la ley de Defensa, que establece que “las cuestiones relativas a la política interna del país no podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares”.
El pliego de Ozan también fue impugnado por hacer espionaje. El vicecomodoro, que fue jefe de la Regional de Inteligencia porteña, fue procesado en marzo de 2000 por investigar a diez periodistas –que habían escrito notas relacionadas a la seguridad y la privatización de los aeropuertos– y a la ONG Mujeres Agropecuarias en Lucha. Cuando fue interrogado por el juez Gabriel Cavallo el militar declaró que el organismo a su cargo “normalmente busca información relacionada al estado anímico de la familia aeronáutica”. Cuando Página/12 reveló las tareas ilegales de inteligencia realizadas por Ozan, el aviador fue pasado a disponibilidad y sancionado con un mes de suspensión. Luego apareció en la lista de ascensos.
“Una vez más los senadores tienen la opción: defender al pueblo, negando los ascensos y enviándolos ante la Justicia para ser juzgados por sus crímenes o formar un nuevo acuerdo de terror premiándolos en un rango conmayor poder de fuego”, aseguró la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.