“Enrique Mathov debe ser considerado autor, por omisión impropia, de las acciones homicidas que provocaron la muerte de cinco ciudadanos”, indicaron en forma tajante los fiscales federales Luis Comparatore y Patricio Evers en el escrito con el cual pidieron la detención y el procesamiento del ex secretario de Seguridad, tal como adelantó Página/12 el domingo. También solicitaron el procesamiento del ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos. Además de homicidios dolosos, les adjudican los cargos de lesiones dolosas graves, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad. Este último delito tiene que ver con las detenciones que ordenaron en el marco del decreto de estado de sitio, las que habrían carecido de “razonabilidad”. Por otra parte, la jueza María Servini de Cubría se apresta a indagar al ex presidente Fernando de la Rúa y su ministro del Interior Ramón Mestre, tal como pidieron los fiscales por tercera vez.
Tras describir las jornadas finales del gobierno aliancista a través de cuatro “indicios” del operativo represivo, los fiscales destacaron que “no se ha detectado que los manifestantes que participaron de los hechos hayan estado en posesión de algún tipo de armamento, más allá de la tenencia de palos, piedras u otros objetos contundentes”. Según su relato, a partir de las dos de la tarde del 20 de diciembre la Plaza de Mayo se encontraba despejada casi en su totalidad, controlada por la Policía Federal, “por lo que la posibilidad de que grupos violentos intentasen ingresar a la Casa Rosada (tal como adujo Mathov en su defensa), resultaba por demás remota”.
En relación a la situación de Mathov, Comparatore y Evers consideraron que “tenía un conocimiento lo suficientemente amplio de la situación que se vivía en las inmediaciones de la Plaza de Mayo y demás zonas de conflicto, y, no obstante ello, no dio ninguna orden concreta, lo cual estaba dentro de sus facultades, como para que modificara el modo abusivo con el cual la Policía Federal pretendió controlar el orden público”. Teniendo en cuenta que el estado de sitio suspende pero no anula las garantías constitucionales, los fiscales entendieron que las casi 200 detenciones realizadas aquel día carecieron de “razonabilidad” porque el decreto que las ordenó fue demasiado “escueto”. Por lo tanto, responsabilizaron al ex secretario de Seguridad también por la privación ilegal de la libertad de esas personas, como así también de las lesiones que sufrieron, tal como denunció este diario.
“Si una persona tiene a su cargo la seguridad de una ciudad, es el garante de dicha función, sabe que en ella se están realizando actos ilícitos, tiene la posibilidad fáctica de impedirlos y, no obstante ello, guarda silencio, debe responder ante la ley penal al igual que el autor material de la acción propiamente dicha”, concluyeron los fiscales. Similar razonamiento hicieron con el detenido Santos. “Si no efectuó ninguna acción para contrarrestar lo que estaba observando, o debió observar, su responsabilidad penal debe ser equiparada a la del autor material de los disparos letales.”