El macrismo se disponía anoche a aprobar una reforma al Estatuto del Docente que modifica el sistema de designación y ascensos de maestros y profesores. Como adelantó Página/12, el PRO no logró los votos suficientes como para imponer su proyecto, que borraba de plano las Juntas de Clasificación, los organismos integrados por docentes y representantes estatales que hasta ahora se encargan de los concursos del sector. Tuvo entonces que negociar con otros bloques y apoyó, con modificaciones, la iniciativa que venía impulsando el diputado Sergio Abrevaya, de la Coalición Cívica, que reduce la cantidad de juntas de las catorce actuales a siete, y recorta algunas de sus actuales atribuciones. Los gremios, que cumplieron ayer un nuevo paro de 24 horas y se manifestaron en forma masiva frente a la Legislatura, rechazaron el proyecto acordado.

El eje del debate, desde que el PRO presentó su proyecto para eliminar las juntas, hace dos meses, es quien resuelve las designaciones y ascensos: si las juntas mixtas con mayoría docente o una oficina única dependiente del Ministerio de Educación.

El tratamiento del proyecto se cerró con la misma tensión con la que había empezado, a fines de septiembre. Por la mañana se registraron incidentes provocados por una patota que agredió a los docentes y como consecuencia de los cuales resultó golpeada la diputada Victoria Morales Gorleri (PRO), otros legisladores y personal legislativo (ver aparte).

La tensión fue creciendo en el transcurso de la tarde. La sesión estaba convocada para las 15.30, pero se inició una hora después. Como en ese momento la negociación aún no estaba cerrada, se pidió un cuarto intermedio que se prolongó hasta las 19.30. Hubo un fuerte despliegue de efectivos de infantería de la Policía Metropolitana, a los que se sumaron voluminosos agentes civiles de seguridad de la Legislatura, ayudados por mangueras de incendios y un vallado de hierro contra las puertas de madera. Hasta se vio personal civil empuñando armas de fuego. Todo hacía pensar sobre la inminencia de un asalto al Palacio Legislativo, desde el exterior. Nada de eso ocurrió.

En el interior del recinto, esperaban pacientes un nutrido grupo de empleados y asesores del Ministerio de Educación porteño. Cuando el diputado Francisco “Tito” Nenna percibió que no había docentes en las barras, pidió el ingreso de dos delegados por sindicato, lo que fue concedido por el presidente del cuerpo, Oscar Moscariello.

Reanudada la sesión, primero se aprobaron en bloque decenas de proyectos, sin debate. Se repudiaron las agresiones a legisladores y empleados del cuerpo por amplia mayoría, pero el PRO se negó en primera instancia a tomar la misma actitud contra el ataque que sufrieron los docentes que se manifestaban frente a la Legislatura. Luego de dos horas de debate, finalmente accedieron a repudiar también esa actitud.

Luego, Abrevaya logró que se aprobara un proyecto de declaración en la que se le pide al gobierno de Mauricio Macri que revea los descuentos por los paros. Es que ayer, con los recibos de sueldos, comenzaron a llegar deducciones de entre 700 y 1300 pesos, incluso a quienes estaban de licencia los días en que se cumplieron las medidas.

El controvertido expediente sobre las juntas docentes se puso sobre los escritorios recién a las 21.30. La primera en hablar fue Morales Gorleri, quien explicó por qué el PRO encaró su ofensiva contra las juntas docentes. Sostuvo que en algunas de las juntas se producían retrasos en los concursos que obligaban a hacer titularizaciones masivas cada dos o cuatro años. Se refirió a supuestas arbitrariedades en el armado de las designaciones. Y defendió el apoyo final al proyecto de Abrevaya.

Le siguió Laura García Tuñón (Proyecto Sur) que expresó su rechazo a la iniciativa consensuada en nombre de los gremios docentes (de los que proviene). Argumentó que el proyecto no fue discutido en las escuelas por los maestros, como sí ocurrió en 1985, cuando se discutió el Estatuto del Docente. “Están vulnerando los derechos que conseguimos y que había avasallado la dictadura militar.” Argumentos similares esgrimieron otros tres legisladores de extracción docente: María Elena Naddeo (Frente Progresista Popular) –dijo que el PRO quiere “instaurar una dedocracia”–, Delia Bisutti (Solidaridad e Igualdad/Nuevo Encuentro) –le reprochó al PRO no haber hecho nada durante cuatro años para hacer que las juntas, que no funcionaban bien, lo hicieran– y Tito Nenna (Encuentro Popular para la Victoria), quien advirtió: “Es muy llamativo que se logre un consenso con dos proyectos que nunca fueron presentados, de dos diputados que en unos días dejan sus bancas”. Se refería a Abrevaya y a Diego Kravetz, autor de otro proyecto alternativo.

Luego fue el turno de Abrevaya. Dijo que buscó desde el inicio proponer un texto de consenso para evitar que se aprobara la eliminación de las juntas. “Las juntas no están todas mal, pero hay que hacer correcciones. Me comprometí con los gremios a que las juntas debían mantener el poder de decisión sobre la designación de los docentes”, afirmó.

El proyecto de Abrevaya, que terminó apoyando el PRO, con algunas modificaciones, propone la creación de una Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales (Coreap) –con tres integrantes designados por el Ejecutivo, con acuerdo de la Legislatura–, a la que se le traslada la responsabilidad de clasificar a los docentes, por orden de mérito, de acuerdo con sus títulos y antecedentes. Se crea además el Legajo Unico Docente, que centraliza la información de cada maestro y facilita la actualización de datos.

En cuanto a las juntas, deben dar conformidad al puntaje otorgado a cada docente, fiscalizar los listados y proponerlos a consideración del ministro. De acuerdo con el primer borrador que debía debatirse en particular, cinco de las siete juntas estarán integradas por cinco miembros (en lugar de los nueve actuales), tres elegidos por los docentes y dos designados por el ministerio. Las otras dos (de nivel primario y medio) tendrán ocho miembros, seis elegidos y dos designados.

Mientras el debate continuaba, a eso de las 22.30, cronistas, fotógrafos y camarógrafos pugnaban por salir del edificio, sitiado pero desde adentro, por la policía. Al fin, un grupo de la Metropolitana armó un operativo, con escudos y bastones, pero al abrir la puerta, del otro lado no había amenaza alguna. A cien metros, un nutrido grupo de docentes continuaba con su vigilia. Más tarde, hubo piedrazos, roturas de vidrios y gases lacrimógenos.