El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió, en representación de la mamá de Mariano Ferreyra, que los siete policías federales acusados de liberar la zona donde mataron al joven militante del Partido Obrero (PO) en Barracas vayan a juicio oral como partícipes del homicidio. La conducta de esos agentes, sostuvo el organismo, fue “necesaria” para que el ataque de la patota de la Unión Ferroviaria se pudiera plasmar y terminara en la muerte de Mariano. Un planteo en la misma dirección hicieron un día antes las abogadas Claudia Ferrero (PO) y María del Carmen Verdú (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), que representan a varios heridos, entre ellos Elsa Rodríguez (quien recibió un disparo en la cabeza) y Nelson Aguirre (baleado en una pierna), también querellantes.

Los primeros en pedir que los policías vayan a juicio, a mitad de esta semana, fueron los fiscales Martín Mainardi y Fernando Fiszer aunque el delito que les imputan es el de “abandono de persona”, lo que entienden que no los desvincula del homicidio en sí. Ahora, con los pedidos de las querellas, el próximo paso es que la jueza Wilma López, a cargo del caso, resuelva si da por terminada la investigación –que es lo más probable– y pide que se juzgue a los uniformados, cuyos procesamientos fueron confirmados por la Cámara del Crimen. En tribunales hay quienes no descartan que sean incorporados al juicio oral contra el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández y ocho integrantes de la patota que se ocupó de ejecutar el ataque a los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca y las agrupaciones que los apoyaban, donde fue asesinado Mariano. Ese juicio tiene fecha de inicio fijada para el 20 de febrero.