Al final, la causa en la que se investiga la venta de Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón como una posible operación compulsiva, en el contexto de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, quedó en manos del juez federal Julián Ercolini. Ese fue el resultado del sorteo que se hizo ayer, después de que la Sala I de la Cámara Federal definiera que el traspaso accionario (del grupo Graiver a los diarios) debe ser investigado por la Justicia porteña y que apartara al juez Daniel Rafecas.

El sorteo se hizo en presencia de los abogados de las empresas investigadas y de representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, autora de la denuncia. Ese organismo volverá a pedir la semana que viene ante el nuevo juez la indagatoria del dictador Jorge Rafael Videla, su ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, Ernestina Herrera de Noble (dueña de Clarín), el CEO Héctor Magnetto, los Peralta Ramos (de La Razón), Bartolomé Mitre (La Nación), Raimundo Podestá (ex secretario de Desarrollo Industrial) y Reynaldo Bandini, ex secretario de redacción de Clarín. Para la secretaría, ya existen suficientes pruebas en lo que se investigó hasta el momento.

La causa estuvo cerca de un año radicada en La Plata, donde la Justicia investigaba los secuestros y torturas sufridos por integrantes del Grupo Graiver así como el homicidio de Jorge Rubinstein, quien fue mano derecha de David Graiver y murió en la tortura. Luego de avanzar en el análisis de cómo se hizo la venta de acciones de la empresa, los fiscales Marcelo Molina y Hernán Schapiro concluyeron que el caso debía pasar al fuero federal porteño. De todos modos, advirtieron que se trataba de delitos de lesa humanidad y que la transferencia se había hecho entre presiones, amenazas y maniobras extorsivas.

En los tribunales porteños, también había recibido una denuncia el juez Daniel Rafecas, después de que Lidia Papaleo (viuda de Graiver) y Rafael Ianover (testaferro) relataran en la Secretaría de Comercio cómo había sido la venta de Papel Prensa, bajo intimidaciones y sin siquiera saber a qué precio. Rafecas se declaró incompetente con el argumento de que no se podían separar esos hechos de las privaciones ilegales de la libertad de los afectados del grupo. Para llegar a esa conclusión, abrió una primera causa. Cuando el juez platense le devolvió el expediente, Rafecas abrió otro, con nuevo número. El fiscal Carlos Stornelli planteó que se trataba de una maniobra para apartarlo y presentó una queja ante la Cámara Federal. Los camaristas (Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero) dijeron que Rafecas había incurrido en una falta procesal, por eso anularon su división de expedientes y lo apartaron. Además, contextualizaron los hechos en el “ataque generalizado contra la población civil materializado por medio de la intervención del aparato represivo estatal de la dictadura”. Esto los equipara con posibles crímenes de lesa humanidad.