Diputados de la oposición en la Legislatura porteña expresaron su rechazo al veto con que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, dejó sin efecto una ley que les daba protección a 29 empresas recuperadas, en el ámbito de la Ciudad, pero al mismo tiempo adelantaron que buscarán consensuar un nuevo proyecto con el macrismo para dejar a salvo esos emprendimientos. La ley vetada extendía por seis años el plazo que tiene el Ejecutivo porteño para hacer efectiva la expropiación de esas empresas, declaradas de utilidad pública. Es decir, llevaba el plazo más allá de la actual gestión, que acaba de iniciar su segundo mandato de cuatro años. Para Eduardo Montes, trabajador de Gráfica Patricios e integrante de la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas –una de las tres organizaciones que nuclean a las recuperadas–, el veto “deja abierta la puerta para la derogación de las leyes de expropiación”. Según Montes, sólo en tres de las 29 empresas avanzan los trámites de expropiación. Por lo pronto, legisladores del PRO dijeron a Página/12 que “la problemática de las empresas recuperadas debe rediscutirse, porque la realidad actual no es la misma que se daba en 1999, cuando se sancionó la ley de expropiación”.

Los diputados del interbloque K –que nuclea al Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro y el ibarrismo– dieron ayer una conferencia de prensa en la Legislatura, acompañados por trabajadores de algunas de las empresas involucradas. “El veto cuenta con argumentos falaces y hasta ridículos y desde este interbloque vamos a insistir con la ley tal cual está o vamos a impulsar una nueva, pero siempre con el objetivo de que las empresas recuperadas sigan protegidas con la prórroga correspondiente para que sigan su proceso”, afirmó la diputada Delia Bisutti (Nuevo Encuentro), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura.

El veto, publicado el viernes en el Boletín Oficial, recayó sobre la ley 4008, sancionada por la Legislatura el 17 de noviembre, que contemplaba una prórroga hasta 2017 de la protección a 29 empresas en las que se desempeñan en la actualidad más de 2000 personas. La medida protectiva había comenzado en 1999, cuando se sancionó la ley 238, que disponía los mecanismos para que el Estado declarara la utilidad pública de los bienes de las empresas en quiebra, gestionadas por sus trabajadores, e impulsaba su expropiación, como estrategia para evitar la pérdida de las fuentes de trabajo, producto de la crisis económica que por esos años afectaba al país. Esa ley imponía un plazo de tres a cinco años para que el Estado impulsara los juicios de expropiación, vencidos los cuales el trámite se da por “abandonado”.

Después de esa ley marco se sancionó la 1592, en noviembre de 2004, que declaró de utilidad pública los inmuebles e instalaciones donde funcionaban diecisiete empresas recuperadas por sus trabajadores. Los plazos que tenía el Estado porteño para promover los juicios fueron renovados en 2008 y, como vencen el 31 de diciembre de este año, los legisladores votaron por unanimidad, en noviembre, la ley que ahora fue vetada.

En los argumentos del veto, el gobierno cuestiona el artículo en el que exhorta al Ejecutivo a convocar a “una mesa participativa para la ejecución” de la ley, integrada por dos representantes del Ministerio de Desarrollo Económico, los integrantes de la comisión legislativa de esa área y un representante de cada empresa. El gobierno sostiene que la exhortación a conformar esa comisión es “contraria a la división de poderes”. También argumenta que la desafectación de inmuebles de dominio público, como manda la ley, “debe pasar por un procedimiento de doble lectura”, es decir, por una audiencia pública.

En la conferencia de prensa, Bisutti estuvo acompañada por Francisco “Tito” Nenna y Aníbal Ibarra. También participaron María Elena Naddeo, María José Lubertino, Edgardo Form y María Rachid. Para Bisutti, hay una “intencionalidad política” del jefe de Gobierno al vetar la ley, ya que “si no estaban de acuerdo con un artículo podían haberla vetado en forma parcial”. Ibarra advirtió que a partir de enero se abre “un período de incertidumbre para estas empresas, pues los antiguos dueños pueden impulsar acciones para recuperar los bienes que abandonaron”. “Los diputados del PRO tienen que hacerse cargo de lo que votaron o actuar mediante la obediencia debida”, dijo Nenna, del Frente para la Victoria.

El diputado Enzo Pagani, del PRO, reveló que desde el oficialismo “vamos a rediscutir la política respecto de las fábricas recuperadas, porque la situación hoy no es igual a la del 2001”, aunque no dio más detalles. Ante una consulta sobre las demoras en los trámites de expropiación, Pagani advirtió que “tampoco las gestiones de Ibarra y (Jorge) Telerman avanzaron”. Por su parte, Martín Ocampo, también del PRO, admitió que se intentará corregir el “error técnico” que tiene la ley vetada, mediante un nuevo texto. Adelantó de esa manera que el oficialismo no insistirá con la ratificación de la ley que había votado (se necesitan los dos tercios de los votos para rechazar el veto), sino que intentará consensuar un nuevo texto con la oposición.

Finalmente, Laura García Tuñón (Buenos Aires para Todos) coincidió en que “para destrabar la situación, se debe discutir con el Ejecutivo y consensuar un nuevo proyecto, para que no pase lo mismo que ocurrió con el Club Comunicaciones”.