Algo está cambiando en la cuestión Malvinas. Según sus propias palabras, el canciller británico William Hague ha tenido “discusiones francas” sobre temas relacionados con las islas con... Brasil, Chile y Uruguay. Esto habla por sí solo del resultado al que conduce para sus relaciones con nuestra región la política británica hacia Malvinas. Quizá sería más oportuno y eficaz que el ministro Hague comience una discusión franca con su colega argentino sobre la manera de poner fin a lo que en definitiva es la raíz misma de la cuestión: la disputa de soberanía.

Es conocida la negativa del Reino Unido de negociar con la Argentina la disputa que mantiene con ésta desde hace 179 años. Ante la Cámara de los Comunes, el canciller Hague mencionó vagamente los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Olvidó quizá que uno de ellos es la obligación que tienen los Estados de resolver sus controversias internacionales por medios pacíficos. Ello significa una actitud positiva, no la mera abstención del uso de la fuerza. Implica utilizar efectivamente uno de los métodos existentes de solución de controversias. El más elemental de ellos es la negociación bilateral. Al desoír los requerimientos de las Naciones Unidas, de la OEA, del Mercosur, de la Unasur, de la Celac, del Grupo de los 77 más China (131 Estados), de las Cumbres iberoamericanas, Latinoamérica-Países Arabes y Latinoamérica-Africa, al rechazar la misión de buenos oficios del secretario General de la ONU, al no ofrecer ninguna otra alternativa de solución pacífica de la controversia, el Reino Unido incurre desde hace tres décadas en una violación de esta obligación básica de las relaciones internacionales.

Las excusas británicas para no negociar son sin fundamento. No puede escudarse en la pretendida libre determinación de los isleños cuando ninguna resolución de Naciones Unidas les ha reconocido a éstos tal derecho, contrariamente a lo que ocurre en los casos en que el principio de libre determinación es aplicable en materia de descolonización. Es una pretensión a autodecidir en una cuestión en la que la otra parte sostiene otra posición. Equivale a afirmar: “Tenemos una controversia, pero como yo tengo razón y usted está equivocado, no negocio con usted para resolverla”. Es además inconsistente con la propia práctica británica en la materia: negoció con la Argentina desde la adopción de la Resolución 2065 de la Asamblea general hasta 1982, aun invocando la libre determinación; lo hizo recientemente con España sin que los habitantes de Gibraltar se lo solicitaran. Negoció en 1984 con China la restitución de Hong Kong sin consultar a sus habitantes ni invocar en absoluto su libre determinación.

Enfrentada a la negativa británica de resolver la controversia y a los avances en la explotación indebida de los recursos naturales del espacio en disputa, la Argentina ha tomado una serie de medidas tendientes a salvaguardar sus derechos. Denunció en plena conformidad con el Derecho de los Tratados el acuerdo de hidrocarburos celebrado por los cancilleres Di Tella y Rifkind en 1999. Requiere que todo buque que transite entre el territorio continental argentino y las islas o atraviese aguas jurisdiccionales cuente con autorización previa. Adoptó medidas que permiten sancionar a aquellas empresas que exploren o exploten recursos de hidrocarburos sin permisos argentinos. Recientemente, en el marco del Mercosur, se decidió no aceptar en puertos de los Estados miembro y asociados a buques que enarbolen el pabellón británico de las islas Malvinas. Este conjunto de medidas es lo que el gobierno británico llama un “bloqueo económico” por parte de la Argentina.

El Reino Unido acude a una propaganda efectista para ocultar sus propias violaciones al Derecho Internacional. El “bloqueo económico” que supuestamente la Argentina impondría al territorio en disputa lo es, según el canciller Hague, para “intimidar a una población civil inocente”. Alguien que ignora completamente la situación podría creer que en el Atlántico Sur se vive una situación semejante a la cuarentena impuesta por la armada estadounidense a Cuba en plena crisis de los misiles en 1962. O que las medidas argentinas se asemejan a las que desde hace casi medio siglo los Estados Unidos imponen a Cuba. Pero aquí no hay prohibición alguna de comercio o tráfico entre el continente y las islas. Todo habitante de las islas nacido en ellas dispone exactamente de los mismos derechos que cualquier otro ciudadano argentino en el continente. Si hubo una sanción colectiva en la cuestión, ésta fue la del gobierno británico que durante 17 años impedía a los detentores de un pasaporte argentino el ingreso al territorio insular. Si hay trabas para el contacto entre el continente y las islas, éstas son el producto de la política británica. Lo paradójico del caso es que son los propios dirigentes isleños los que se autoimponen una suerte de bloqueo comercial. Prefieren importar productos frescos desde Europa antes que adquirirlos en el territorio continental argentino. Se han negado rotundamente a la existencia de un vuelo de línea directo entre el territorio continental argentino y las islas. Si el vuelo semanal de LAN de Punta Arenas a las islas existe hoy, esto fue el resultado de un pedido que el gobierno argentino hizo en 1999 al chileno. Pero por sobre todas las cosas, la dirigencia isleña ha elegido el statu quo y evitar toda solución de la controversia que opone los dos países.

Ningún país que tiene una disputa de soberanía con otro puede pretender seriamente oponerse a toda solución de la controversia, instalar una base militar, explotar los recursos naturales del área en disputa y esperar que la otra parte acepte la situación de brazos cruzados. El Reino Unido no haría otra cosa si la situación fuera la inversa.

Lamentablemente, el gobierno británico ha optado por las políticas de pretender imponer de facto su posición y de desconocer la obligación elemental de solución pacífica de las controversias internacionales. En lugar de las medidas provocadoras en ocasión del 30º aniversario del conflicto armado, el gobierno británico podría resolverse de una vez por todas a desbloquear la situación, cumpliendo con lo que no sólo la Argentina, sino la comunidad internacional, le exige: sentarse a la mesa de negociaciones para resolver pacíficamente la disputa de soberanía.

* Profesor de Derecho Internacional del Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo, Ginebra.