Eduardo Jozami *

Bajo el signo de la igualdad

Cuatro años atrás, Carta Abierta nació de un gesto dramático, la convocatoria para una urgente respuesta a la ofensiva de las patronales agropecuarias y los medios que no disimulaban su propósito de llevarse puesto al gobierno de Cristina Kirchner. La importante adhesión mostró que muchos compartíamos esa sensación de angustia frente al insólito avance de un discurso que negaba el rol del estado y condenaba a priori cualquier impulso de redistribución.

Desde entonces, el cambio ha sido vertiginoso hasta llegar a la situación actual caracterizada por la hegemonía kirchnerista en lo político y cultural. El mérito es para un gobierno que aguantó el acoso y –gesto inédito en la política argentina– contestó el hostigamiento con la profundización de su proyecto, pero no puede negarse que Carta Abierta prestó también su modesta contribución.

Confieso que he utilizado con cuidado el término hegemonía, porque lo que celebramos como producto del mayor consenso social con el gobierno y el incremento de su influencia política, como prueba de la debilidad argumental de la oposición y sus voceros mediáticos, es señalado por otros como una perniciosa tendencia del oficialismo a imponer un “relato disciplinador y engañoso”, utilizando –entre otros recursos no menos repudiables– la “inducción de mecanismos alienatorios sobre las formas colectivas de la subjetividad. (Manifiesto de Plataforma 2012).

En estos días, dos nuevos agrupamientos de intelectuales hicieron su presentación, lo que debe saludarse y anuncia futuros debates. El texto dado a conocer por uno de ellos, titulado Argumentos, hace aportes interesantes y manifiesta notables coincidencias con Carta Abierta, particularmente en lo que hace a la valoración del cambio operado desde el año 2003. También los señalamientos críticos sobre la acción de gobierno coinciden, en general con la mirada de nuestra reciente Carta 11. Es previsible con ellos un intercambio provechoso.

El otro nucleamiento, de un claro perfil opositor al actual gobierno, es el ya citado Plataforma 2012, en el que revistan algunos escritores y artistas muy valiosos. Este grupo hizo una presentación menos amigable, cuestionando duramente la ingenuidad de los análisis justificatorios que atribuyen a los intelectuales nucleados en Carta Abierta, a los que no vacilan en calificar –contra toda evidencia– como voceros del gobierno.

La caracterización del momento político iniciado en el 2003 es, sin duda, el eje de nuestra polémica con este sector de intelectuales. Plataforma critica algunas políticas y actitudes oficiales y le bastan esas críticas para señalar como rasgos definitorios de la hora actual la impunidad de los gobernantes y la represión generalizada de la que hace responsable al gobierno nacional. Enfatizando que nos hallaríamos ante un nuevo ciclo de violaciones a los derechos humanos, el grupo no considera relevantes los juicios a los responsables del terrorismo de estado, ignora la fuerte presión social que resistió el gobierno de Néstor Kirchner negándose a reprimir los cortes de calles de los piqueteros y desconoce la decisión con la que el fallecido ex presidente impulsó el juzgamiento de los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra.

No consideran tampoco necesario mencionar la drástica y virtuosa alteración de rumbo de la política exterior argentina y las consecuencias sociales de medidas tan significativas como la sanción de la Asignación Universal por hijo. Lejos de valorar los resultados de estas y otras políticas sociales, los integrantes de Plataforma consideran que se han profundizado las desigualdades en la sociedad argentina (artículo en la web de Maristella Svampa y Roberto Gargarella, firmantes del manifiesto de Plataforma 12). No sólo desconocen, de este modo, los cambios tan significativos en los indicadores económicos sociales del país, informados por la Cepal hace pocos días, sino que no se preocupan en explicar de qué modo se compadece ese supuesto proceso de creciente desigualdad con medidas como el matrimonio igualitario o la sanción de una ley de medios que abre inéditas posibilidades para una pluralidad de voces.

Los desacuerdos respecto a la valoración del proceso iniciado en el 2003 se solapan con otra discusión no menos importante. El llamamiento de Plataforma señala que algunos intelectuales respetables –queremos creer que se refieren a Carta Abierta, aunque el elogio no es sino el pie necesario para el cuestionamiento posterior– se han metamorfoseado abandonando la mirada crítica. Es evidente que para los integrantes del grupo existe una incompatibilidad absoluta entre la función de intelectual crítico y la adhesión a cualquier gobierno. Quien adoptara esta última postura estaría dimitiendo de la independencia que se espera del intelectual, renunciando al privilegio de ser el enunciador de un discurso experto e incontaminado para degradarse en el pantano de la política.

No aceptamos esa idea sobre el rol del intelectual. No nos consideramos parte de un grupo privilegiado que tendría la función de decir lo que no pueden decir otros. No habría nada más escandaloso ni mejor modo de profundizar la desigualdad –sugiere Jacques Ranciere– que otorgar a un grupo de personas la capacidad exclusiva de pensar. Los integrantes de Carta Abierta somos intelectuales políticos, comprometidos o militantes, como se prefiera, no porque nos nucleemos para mostrar a través de la crítica nuestra amplitud de miras, ni para hacer alardes de nuestros saberes, sino porque queremos intervenir decididamente en una coyuntura política en la que se juega la suerte de un proyecto que está transformando el país. No formábamos parte de ninguna corporación de intelectuales preexistente: nos constituimos como tales cuando salimos a decir lo que creíamos necesario y nos comprometimos a hacer política ejerciendo la reflexión, el debate y la crítica. No porque esas prácticas nos caractericen como grupo intelectual sino porque son herramientas imprescindibles en la constitución del gran movimiento político y social necesario para sustentar el ciclo kirchnerista y profundizarlo bajo el signo de la igualdad.

* Miembro de Carta Abierta.

Alejandro Grimson *

Más argumentos par.a el debate

Argumentos surgió como una declaración colectiva para proponer nuevas formas de de-sarrollar el debate público. Es necesario y conveniente que los más diversos sectores sociales y políticos realicen propuestas y críticas a las políticas de los gobiernos. Pero también es importante, si queremos construir una sociedad más justa, que las denuncias o las contribuciones partan del reconocimiento de los cambios profundos en la sociedad argentina, en las políticas públicas y en la legislación vividos en estos últimos años. Las pinturas en blanco y negro raras veces son las más apropiadas para dar cuenta del accionar de un gobierno. Los gobiernos pueden tomar medidas que sectores de la oposición consideren apropiadas. Cuando los matices reemplazan el blanco/negro, la crítica comienza a distinguir aquello que contribuye a una mayor igualdad y aquello que la dificulta.

La teoría social nos ha enseñado que el poder real no siempre está en manos de los gobiernos y nunca un gobierno concentra todo el poder. No reconocer las tensiones entre gobiernos electos y poderes corporativos en la realidad latinoamericana actual plantea serios riesgos políticos. No se verifica el discurso único que denuncia Plataforma. Al contrario, los Estados son territorios surcados por ambivalencias, contradicciones y conflictos políticos. Muchas de esas tensiones atraviesan también a las organizaciones sociales.

Desconocer la extensa lista de los aspectos positivos de los cambios sociales y culturales argentinos de los últimos años impide comprender los sentidos que tienen las políticas públicas para los sectores populares. Plantea el riesgo de hacer política fuera de contexto. El contexto incluye a las políticas, sus efectos reales, las adhesiones y los sentimientos políticos. Hay dos formas clásicas en que la izquierda ha hablado fuera de contexto: una, queriendo que este país funcione como (cada quien creía que) funcionaban otros; dos, tomando cualquier hecho real y afirmando que esa parte es el todo: un gobernador es la Presidenta.

Ante el contundente triunfo electoral del gobierno en 2011 se nos pregunta si acaso los pueblos nunca se equivocan. Todos los seres humanos podemos equivocarnos. Nadie se “equivoca” fuera de las opciones reales ni fuera de las lógicas culturales. Pero, además, esta pregunta supone de manera oculta que los intelectuales y la izquierda nunca se equivocarían. En la historia argentina los intelectuales y la izquierda han realizado significativas contribuciones, pero también han cometido grandes errores. Todos los que hemos participado en estos movimientos sabemos cuántas veces desde las izquierdas nos hemos equivocado. Y vemos las persistentes dificultades para comprender a los peronismos. Esto obliga a una reflexión crítica. Nada prohíbe que uno sea objeto de su propio pensamiento crítico.

Trabajar para una sociedad más igualitaria en la Argentina requiere reconocer los sentidos del peronismo y del kirchnerismo para los sectores populares. Una perspectiva crítica debe comprender esos significados y, a la vez, rechazar los chantajes de ciertos dirigentes que afirman que toda crítica al Partido Justicialista, al sindicalismo empresario, no olvidar qué fueron la Triple A y el menemismo sería gorila. Por otra parte, tampoco resulta aceptable realizar esas críticas como si otras tradiciones políticas, incluidas aquellas de “izquierda”, estuvieran exentas de articulaciones con poderes diversos, de clientelismo, de prácticas gubernamentales o sindicales nefastas. Desde una perspectiva purista no hay “ismo” que esté a salvo de esos problemas.

Es necesario alentar estos debates desde valores ideológicos fuertes que atraviesan diferentes tradiciones políticas. Salir de la lógica de la identidad que sólo se pregunta si somos nosotros los que hicimos una propuesta política. Si son los buenos, se apoya; si son los malos, se rechaza. Hay otra manera: analizar el contenido de la propuesta; si contribuye a una sociedad más igualitaria, la apoyamos; si no lo hace, debatimos y la rechazamos. Si alguien que razona en función de la identidad (o sea, alguien que rechaza o apoya todo lo que proponga el gobierno) pasa a pensar a partir del contenido, se dará cuenta de que las identidades son bastante complejas.

Esto parece muy obvio. Pero lo que resulta muy evidente es que el debate político en la Argentina no cese desarrollado ahora de este modo. El pensamiento y la acción política desde posiciones cerradas del tipo amigo-enemigo, blanco y negro, existen tanto en la derecha como en la izquierda. Un pensamiento crítico con matices, una crítica a la dicotomización no implica ignorar, sino todo lo contrario, que una mayor igualdad supone procesos necesariamente conflictivos. No se afectan intereses económicos, ideológicos o religiosos con sueños de armonía. Autonomía para decir lo que uno cree en cada contexto no es neutralidad ante las tensiones de nuestra vida social y política.

Pero una cosa es construir fronteras situacionales, como sucedió con la ley de matrimonio igualitario y la Asignación Universal, y otra muy distinta es anclar esa tensión en identidades dicotómicas que trascienden las situaciones concretas.

Puede percibirse un cierto agotamiento muy promisorio de la sociedad argentina frente a las dicotomizaciones trascendentes. Si bien muchos comentaristas políticos sostienen que la oposición se equivoca porque no se une, es posible plantear que el error de la oposición es justamente no haber comprendido que la sociedad ya manifestó su cansancio con la forma-dicotomización, un agotamiento del “anti”. A la vez, revisando los últimos años, podría argumentarse que el gobierno ha desarrollado diferentes estrategias en distintos momentos, pero que justamente en la actualidad su discurso y sus políticas apuntan a dificultar, más que facilitar, la emergencia de identidades dicotómicas, como “el campo”.

Esto implica una invitación a cambiar la lógica del debate en algunos espacios actuales en la Argentina. “Argumentos” es una declaración colectiva, cuyas coincidencias se encuentran

en www.argumentos12.blogs pot.com. Quienes tuvimos la iniciativa queremos contribuir a enriquecer los debates para una mayor igualdad y continuaremos trabajando por un disenso no sólo respetuoso, sino también productivo. Un debate público franco y claro también puede aportar a construir una sociedad más justa, libre e igualitaria.

* Miembro de Argumentos.
Idaes-Unsam y Conicet.

Roberto Gargarella y
Maristella Svampa *

Reflexiones sobre la desigualdad

Plataforma reúne a un grupo de académicos, artistas y trabajadores de la cultura, unidos por vínculos profesionales y, en muchos casos, de afecto, preocupados por las violaciones de derechos humanos de ayer, y también de hoy. El grupo aglutina a personas interesadas en la vida pública, que han sido activamente disidentes de la dictadura; críticas de los planes de ajuste y las políticas neoliberales del menemismo; pero también de las diferentes formas de desigualdad y violencias políticas que siguen afectando, hoy, a amplios sectores de la sociedad.

Una mayoría de los miembros del grupo promotor se ha caracterizado por comprometerse en sus reclamos y denuncias, buscando poner el cuerpo a sus reivindicaciones: asistencia terapéutica a víctimas de la represión de ayer y de hoy, acompañamiento y trabajo con poblaciones originarias; labor cultural y social con niños en situación de calle; participación activa en luchas sociales y ambientales. Estos, entre otros temas, ilustran una postura que apela a la articulación entre el decir y el hacer, enunciar y activar, entretejer socialmente y producir agenda, fisurar el orden de la gubernamentalidad, tanto para la exigibilidad cuanto para la ampliación de derechos. Así, muy lejos del aspecto “denuncialista”, que algunos pretenden atribuir al grupo, gran parte de los impulsores de Plataforma viene militando por sus convicciones en distintos espacios, en la calle y en los foros ciudadanos, en muchas ocasiones para dar audibilidad a voces sociales en clara asimetría.

Aunque el colectivo está en construcción, podríamos decir que a todos nos reúne una preocupación muy especial por los diferentes tipos de desigualdad hoy reinantes. El gobierno y quienes lo apoyan sostienen que en ese campo se han hecho avances y que, por ende, resulta temerario o al menos infundado, afirmar lo contrario. Quisiéramos abordar brevemente el tema, en tres ítems diferentes.

En primer lugar, la desigualdad en materia de distribución de ingresos es difícil de medir, porque no hay acuerdo sobre las cifras básicas y porque se han alterado las bases de datos del Indec (intervención y persecución del personal mediante), además de los índices de precios. Por lo demás, todo dependerá de a qué período se mire y con cual se haga la comparación: con el 2001 (plena crisis), o con los inicios de los años ’90. Lo cierto es que, sin duda, ha habido una notable mejoría respecto del álgido período de la crisis (2001-2002), pero en casi todos los indicadores, la situación es aún peor que a comienzos de los ’90. Asimismo, todos coinciden en sostener que ha habido un real mejoramiento económico en los primeros años de salida de la crisis, pero –y frente a la ausencia de datos– para no pocos economistas, existe la presunción de que hoy asistimos a un estancamiento.

Respecto del impacto distributivo que ha tenido la asignación universal por hijo –a la que apoyamos, reclamando una cobertura universal–, las opiniones son muy diversas, pues están aquellos que sostienen que dicha transferencia de ingresos habría producido un descenso de la desigualdad, pero también otros que señalan que la inflación existente habría neutralizado tal efecto. Además, hay quienes afirman que no hay estudios de campo que hayan verificado los resultados que se reclaman, más allá de que ésta se considere una medida con potencialidad distributiva. Sin embargo, en el campo de los datos “duros”, el problema mayor reside en la pertinaz opacidad del Estado que, al no proporcionar datos, imposibilita un debate serio y transparente sobre una cuestión no menor de nuestra sociedad.

En segundo lugar, nos interesa hablar de “desigualdades”, en plural, pues creemos que ésta tiene muchas aristas y no se mide solamente en términos de ingreso. Existen otros indicadores que deben ser tenidos en cuenta: la esperanza de vida (cuyas tendencias negativas no se han revertido, en relación a los sectores bajos), el afianzamiento de las brechas educativas (si tenemos en cuenta, por ejemplo, las diferencias en el gasto por alumno de cada provincia); el desigual acceso a la salud, el reforzamiento de las desigualdades entre las provincias pobres y ricas; las desigualdades territoriales y urbanas. ¿Acaso se puede hablar de un país más igualitario con el crecimiento exponencial que ha habido de la población en villas de emergencia, entre 2001 y 2011, por citar el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires o del Conurbano Bonaerense? ¿Qué hay de los problemas de acceso a la tierra y la vivienda, que han marcado la agenda del conflicto en los últimos tiempos, desde los hechos represivos de Ledesma hasta el Parque Indoamericano? ¿Qué hay de las poblaciones indígenas y campesinas que hoy asisten al despojo de sus territorios por el avance de la frontera agropecuaria, la minería a cielo abierto o los megaemprendimientos turísticos? ¿Acaso estas asimetrías violentísimas no nos revelan que la actual Argentina transita por una vía de mayor inequidad y violación de derechos básicos?

En tercer lugar, hay que hablar de los diversos arreglos institucionales hoy existentes que reafirman otras formas de la desigualdad. Existe, ante todo, una desigualdad política flagrante, en razón de la inédita concentración de poderes que hoy se advierte sobre la Presidencia de la Nación. Para quienes abogamos por la democracia política, la presencia de un Poder Ejecutivo monacal es obviamente un problema grave, que instala modos de hacer política verticales. Hoy, el poder toma decisiones discrecionalmente; usa al Congreso como mero ratificador de sus acciones (impidiendo cualquier desafío o debate legislativo reales); se molesta frente al que piensa distinto (a quienes ve siempre como conspiradores), y por ello socava, en lugar de promover, la voz y la participación del pueblo, salvo cuando se trata de voces y movilizaciones que vengan a aclamar aquello que el poder ya ha decidido de antemano poner en agenda.

La importancia que, desde esta perspectiva, adquiere la cuestión del poder político no implica que no prestemos atención a la presencia y fuerza de los grandes poderes económicos. Por el contrario, atendiendo a la cuestión creemos que el poder político refuerza el sistema de explotación vigente, en alianza con los más poderosos grupos económicos del país –sean estas las grandes empresas mineras, las exportadoras de granos, grandes industrias o petroleras; las que se siguen enriqueciendo hoy, como pocas veces, gracias a la concentración económica que el poder político mantiene y favorece.

La conclusión es que, en diversas y cruciales aspectos relacionados con la igualdad, la Argentina no presenta entonces un perfil promisorio. Esto no implica desconocer lo que se ha realizado en estos años, respecto de temas tales como la expansión de la jubilación, la ley de medios, la política de derechos humanos en relación con el pasado dictatorial, el matrimonio igualitario o el regreso de un instituto laboral, como las convenciones colectivas (aún si coexiste con la fuerte persistencia de la precariedad laboral). Sin embargo, todo ello no debería autolimitar la crítica, ni diluirla en un mar de elogios para con el gobierno, en nombre de “las transformaciones realizadas”, como si se tratara de “asignaturas pendientes” o de claroscuros inevitables de una etapa de transición.

Finalmente, se trata de no ver a las partes separadas del todo. En otros términos, y sin necesidad de construir una teoría conspirativa, advertimos claras relaciones entre muchas de las angustias y miserias que marcan la época. Por citar sólo unos casos: no se trata de que ocasionalmente mueren dos indígenas en Formosa, asesinan a un campesino del Mocase en Santiago del Estero; la legislatura deroga una ley que prohibía la minería con cianuro en Río Negro; los legisladores kirchneristas promueven la minería a cielo abierto en La Rioja; apalean a masas empobrecidas en Jujuy; o aplican ajustes y represión en Santa Cruz. Se trata de que el gobierno ha establecido una estructura de alianzas con poderes económicos y políticos, en cada una de las provincias y áreas que controla, que hacen posible tales violaciones de derechos, en lugar de impedirlas. Frente a ello, en el actual contexto político, resulta por lo menos controvertido o más bien, ilusorio, sostener una real aspiración de igualdad.

* Miembros del Grupo Plataforma 2012.