La Unidad de Información Financiera (UIF), cuyo titular es José Sbatella, se presentó ayer ante la fiscalía federal de Gerardo Pollicita y pidió ser tenida como querellante en el caso en que se investiga a una presunta red de proxenetismo y trata de personas. Al mismo tiempo, reclamó en un escrito que se clausuren todos los locales y se inhiban todos los bienes y cuentas que estén a nombre del ex agente de la SIDE Raúl Martins, presunto líder de esa organización, quien fue denunciado por su hija, Lorena Martins. La UIF considera que lo que se está investigando en este caso es el lavado de dinero proveniente de la prostitución y en el caso de las actividades de Martins en México, también del narcotráfico, según la denuncia formulada por Lorena. Como la UIF sostiene que los bienes existentes deben preservarse porque son de origen ilícito, es que pide la clausura y su inhibición.

Como lo reveló en exclusiva Página/12, Lorena Martins denunció a su padre por varios delitos: trata de personas, coimas a comisarios y jefes de la Policía Federal, dádivas a inspectores y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros ilícitos. También la joven habló de las actividades de Raúl Martins en México, la relación con el cartel de Los Zetas en Cancún, la trata de mujeres y los vínculos con funcionarios del estado de Quintana Roo y con Migraciones. En este terreno, no sólo Lorena, sino una chica que fue llevada a México, Clara (nombre de fantasía con el que brindó su testimonio ante este diario), contaron que era obligatorio darles un servicio gratuito ( sexual) a los integrantes de Los Zetas. La organización Martins le retribuye a la chica un pago, mucho menor al habitual, por ese servicio. El narco no paga. También Lorena relató que en el guardarropas de los clubes nocturnos The Mix o The One, en Cancún, propiedad de Martins, los narcos dejan sus armas.

En conocimiento de esos hechos, Sbatella se presentó ayer en la fiscalía de Pollicita, que es la que instruye actualmente el expediente. Durante un mes, la causa pasó de un lado a otro y el fiscal la recibió en forma tardía, cuando los allanamientos debieron hacerse hace un mes. Sbatella le pidió a Pollicita ser tomado como parte querellante, es decir intervenir en la causa porque considera que se investiga también el delito de lavado de dinero. En ese sentido, pidió que se determine con qué dinero se compraron los siete boliches-prostíbulos de la Capital Federal y con qué fondos se establecieron los locales en México. Es más, la UIF le pedirá a Pollicita que solicite informes a la Justicia de ese país sobre los movimientos de dinero.

Como la UIF considera que existen sospechas de lavado de dinero originado en la prostitución y el narcotráfico, sostiene que debe haber una responsabilidad patrimonial del imputado, o sea Raúl Martins, y un aseguramiento de los bienes por parte de la Justicia. Por ello es que pide la clausura de los siete boliches-prostíbulos y la inhibición de los bie-nes y cuentas. En el texto presentado ante la Justicia, Lorena Martins señala los locales que son propiedad de su padre pero que en varios casos figuran a nombre de testaferros, son: el local nocturno Rouge y/o Brut; en la calle Vicente López 2257; New Manhattan y/o Fama, en Rivadavia 7373; Hot Area, en Artigas 1490 y Juan B. Justo 5302: Top Secret, en Artigas 1438, y Oba Oba en Rivadavia 2434. En cada caso, la hija de Raúl Martins detalla a nombre de quién está cada local y cada habilitación.

“En tres de esos locales, Top Secret, New Manhattan y Oba Oba –detalla Lorena– hay habitaciones en donde las chicas mantienen sexo con los clientes. En Hot Area, los clientes usan las habitaciones de Top Secret porque queda a 40 metros. La hija de Martins, que se infiltró en la organización, señala que el Appart Hotel y Swinger Club Anchorena, de Anchorena 1121, también es propiedad de su padre y allí se cuenta con ocho o diez chicas que ejercen la prostitución encubierta: el objetivo es que mantengan relaciones sexuales con algunos de los hombres que concurren solos y de esa manera hacer atractivo el lugar.

Lorena irá a declarar mañana, nuevamente, a la fiscalía de Pollicita. En su momento –en diciembre– dio todos los detalles de los lugares que debían allanarse, la forma en la que se manejan las cuentas y los nombres supuestos que se utilizan. La joven incluso propuso horarios para realizar los allanamientos por cuanto los movimientos de dinero se dejan establecidos en pendrives, no dentro de las mismas computadoras, en el local de la calle Anchorena. Habrá que ver cuáles son los caminos que le quedan a Pollicita en esta investigación. Por de pronto, la UIF quiere participar y podría ser un nuevo protagonista de la historia.

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