El juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda finalmente no intervendrá para definir la pelea judicial entre Alfredo Bravo y Gustavo Beliz por una banca en el Senado. Así lo resolvió un tribunal de conjueces que interviene específicamente para resolver este caso y que ayer aceptó su excusación, producto de la recusación en su contra que previamente planteó el socialista. Todavía no hay fecha cierta para la resolución de ese tema. Mientras tanto, los supremos “titulares” cargarían nuevamente contra Luis Barrionuevo en su cruzada por ser candidato a gobernador de Catamarca. Otro tema en agenda es la posible ratificación del primer recorte salarial de la gestión de Fernando de la Rúa.
Para analizar el caso Bravo-Beliz, en lugar de Maqueda integrará la Corte de conjueces el camarista marplatense Alejandro Tazza. Por ahora, todo hace pensar que la banca de tercer senador por la Ciudad de Buenos Aires que lleva más de un año vacía seguirá en esa misma situación por un tiempo: parece difícil que el tema sea resuelto antes de las elecciones. Hasta ahora, sólo se conoce un dictamen del procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, que le da la razón a Bravo. Lo que Beliz le había cuestionado era que sumara los votos a su favor en dos listas distintas.
En otro orden, la Corte tendrá su reunión plenaria habitual mañana y allí podrían tratar la cuestión de fondo en relación con la postulación de Barrionuevo en Catamarca. Hasta ahora los ministros rechazaron todas las presentaciones del líder gastronómico, argumentando que el tema era competencia de los tribunales locales. Faltaba que llegara la apelación del sindicalista a la resolución en su contra que tomó el superior tribunal de la provincia. La Corte, al parecer, le podría dar mañana el golpe definitivo en su carrera electoral.
Los jueces del máximo tribunal también se prepararían para respaldar el recorte de las remuneraciones en el sector público que dispuso De la Rúa en mayo de 2000, y que estableció quitas de entre el 12 y el 15 por ciento. Si bien la Corte cuestionó la poda salarial de julio de 2001, en este caso entendería que como el Gobierno había puesto un tope debería interpretarse como constitucional.