El pacto de silencio que suele imperar en las investigaciones judiciales, más aún en aquellas que involucran a uniformados, parece haberse roto en la causa que investiga la masacre de Plaza de Mayo. Por eso, tal como anticipó Página/12 el domingo, la jueza María Servini de Cubría ordenó que hoy sean careados el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, y el ex jefe de Operaciones Norberto Gaudiero, quienes se acusaron mutuamente. Gaudiero no sólo acusó al comisario general de haber dado todas las órdenes del operativo represivo. Para fundamentar su nula responsabilidad en los hechos, intentó defender la obediencia debida desde el derecho. “Cuando el orden jurídico priva a un determinado sujeto de toda facultad de recusar la ejecución de una orden bajo pena de desobediencia, ese sujeto está colocado jurídicamente fuera de toda imputación”, escribió el abogado defensor de Gaudiero citando jurisprudencia, en una presentación a la que este diario tuvo acceso.
Santos, detenido desde el jueves 7, volverá a ser trasladado hoy desde el Cuerpo de Operaciones Federales hasta los tribunales federales de Retiro. El viernes pasado declaró ante Servini durante diez horas y deslindó toda la responsabilidad en el comisario mayor Gaudiero, quien comandó el procedimiento represivo desde la Sala de Situación del Departamento Central de Policía. Cuando le preguntaron sobre la utilización de balas de plomo, en lugar de goma, para cargar las escopetas Itaka con las que sus subordinados dispararon a los manifestantes, Santos dijo que eso era un tema del jefe del operativo, es decir, de Gaudiero. Lo mismo repitió al ser interrogado sobre los policías de civil que participaron del procedimiento y al responder sobre la utilización de autos sin patente y motos de dificultosa identificación. Sólo admitió que ordenó hacer detenciones, pero a aquellas personas que no acataran la orden de irse de la plaza.
En otro tramo de la indagatoria, cuando explicaba los métodos que usan en una manifestación, el ex jefe de la Federal se lamentó por no haber podido emplear la técnica del “camuflaje”. Según relató, él mismo se “mimetizó” y anduvo por la Plaza de Mayo sin que nada le pasara.
Santos no se privó de reiterar lo que había señalado en el escrito con el que logró postergar 72 horas su interrogatorio como sospechoso de homicidio y otros delitos: que el 20 de diciembre lo llamaron cuatro funcionarios del gobierno –Nicolás Gallo, Ramón Mestre, Jorge de la Rúa y Leonardo Aiello– para pedirle que desalojara la Plaza de Mayo. En este punto las versiones de Santos y Gaudiero coinciden. El segundo describió que “Santos se encontraba en permanente contacto con otras personas vía teléfono celular, y tras ello impartía órdenes e indicaciones”. En otro párrafo, señaló que “el jefe de la fuerza, que permanentemente atendía su teléfono celular, luego de cortar otra llamada dijo ‘hay que hacer detenciones, que se comience con detenciones’”. La misma escena fue descripta en cuanto a la directiva de “limpiar” la plaza.
Uno de los momentos en que Santos trastabilló fue cuando le preguntaron sobre las muertes. Santos dijo que a las 17 lo llamaron de la Rosada y entonces Gaudiero le negó que las hubiera, pero cinco minutos después otro comisario corrigió la información. Tras varias repreguntas, admitió que sabía de los homicidios desde las 16, pero hubo una “desinteligencia” con el SAME, que levantó cuerpos sin vida.
Santos afirmó que no vio la parte más feroz de la represión porque sólo pasó temprano por la Sala de Situación, donde están las pantallas. Sin embargo, Gaudiero insistió en que “el jefe en persona asumió la dirección de los operativos” al presentarse en ese lugar. Y agregó que “era Santos a quien el operador de radio se dirigía transmitiendo las novedades”. En su escrito, Gaudiero indicó que la madrugada del 20, antes de tomar un brevedescanso, confeccionó un listado de los detenidos “por los sucesos acaecidos con posterioridad al ‘cacerolazo’” de la noche del 19. Aunque puso especial energía en acusar a su ex jefe, al igual que durante su propia indagatoria, Gaudiero aclaró que las órdenes fueron “legítimas y legales” y que “no puede responsabilizarse a quienes impartieron una orden por los excesos cometidos por sus destinatarios en el cumplimiento de la misma”. Por las dudas, adoptó el mismo criterio que Santos: deslindar en los “excesos” de los agentes que dispararon a matar.
Según este policía, los “incidentes violentos” se produjeron después de la orden de hacer detenciones. Pero agregó que “desde ya, la policía no era quien tendía emboscadas ni arrojaba bombas ‘molotov’”. Omitió mencionar que la policía mató a seis personas con balas de uso prohibido, disparó al torso y a la cabeza, y persiguió manifestantes a medio kilómetro de la Rosada, supuesto objetivo a defender.