Por Eduardo Tagliaferro y Felipe Yapur

“Dicen los hombres de vigilancia que no pueden garantizar la seguridad”, disparó el titular del bloque justicialista en Diputados, Humberto Roggero. Afuera la ruidosa concentración de la Central de Trabajadores Argentinos repudiaba el proyecto de Presupuesto 2002. Lejos de ser una amenaza, la protesta fue la excusa ideal para poner fin a las diferencias internas que fisuraban al bloque oficialista. Las discrepancias comenzaron con el debate sobre la conveniencia del juicio político a la Corte Suprema y se profundizaron con las críticas de algunos legisladores provinciales al Presupuesto enviado por el Gobierno y la cerrada defensa que realizaba el secretario de Hacienda, Oscar Lamberto.
El encuentro de los legisladores peronistas preveía escuchar breves informes del juicio político a la Corte, del Presupuesto 2002 y la situación del PAMI. El santacruceño Sergio Acevedo reseñó las últimas iniciativas de la comisión que preside. Entre ellas, la división del sumario por causas y el plazo autoimpuesto para concluir los preinformes en 10 días. El enjuiciamiento de los supremos es una piedra que molesta en los zapatos oficialistas. Por un lado, porque hace no mucho, algunos de sus hombres desestimaron acusar a la Corte por las mismas causas que hoy están siendo revisadas. Por el otro, porque en algunas de ellas, como en el caso de la venta ilegal de armas, aparecen vinculados emblemáticos hombres del menemismo. Entre ellos el propio Carlos Menem.
Sorprendió ayer la “razonable” posición de los menemistas. Lejos de criticar el juicio, insistieron en que la investigación debía dirigirse a los nueve cortesanos y no exclusivamente a los cinco conocidos como “la mayoría automática”. “Que el sumario también incluya a los jueces de (Raúl) Alfonsín”, fue la opinión de Martha Alarcia. La cordobesa tuvo tiempo de preocuparse por dejar a salvo la imagen de su jefe político. Así fue que desmintió que la mano de Menem estuviera detrás del fallo de la Corte contra el corralito bancario. De paso también calificó de “descabellados” los rumores que sostenían que el riojano estaría fogoneando una asonada militar para imponer un gobierno cívico-militar.
La actitud de los seguidores del líder de Anillaco puso en evidencia el endeble argumento de los duhaldistas, quienes repiten que la pesquisa debe circunscribirse al caso del corralito para no agitar las aguas internas. Palabras más, palabras menos, esa es la idea que suele repetir José María Díaz Bancalari, usualmente un orgánico del Gobierno.
La discusión sobre el juicio político quedó inconclusa por la llegada de Lamberto. Si hasta ese momento las diferencias apenas se habían insinuado, al debatir el Presupuesto 2002, las posiciones se convirtieron en antagónicas. En este punto el funcionario no pudo escapar al cliché y reclamó la “unidad del movimiento”. Una versión aggiornada de “nosotros o el caos”, al que supo apelar el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y que Duhalde recicla con la amenaza de la anarquía y la guerra civil. “Sólo el peronismo puede sacar al país de la crisis”, arengó Lamberto buscando de esta manera justificar la falta de recursos del gobierno nacional. Fue su manera de responder a los diputados Oraldo Britos y Saúl Ubaldini, que insistían en la necesidad de devolver el recorte salarial del 13 por ciento a los jubilados y empleados estatales.
Aunque el Presupuesto contempla un déficit fiscal de 2868 millones, al hablar de las cuentas públicas, Lamberto hablaba de un desequilibrio cercano a los 5 mil millones. No por nada, entre las últimas contramarchas del Gobierno figura la continuidad de los beneficios de promoción industrial y agropecuaria en algunas provincias. A esa altura la interna se había disparado. El interventor del PAMI, José Manuel Corchuelo Blasco, esperaba su turno, las posiciones se enfrentaban y Roggero apareció con un salvavidas a mano: el argumento policial de que no estaba garantizada la seguridad de la reunión. A regañadientes, comenzó la dispersión. En la retirada sobresalió la queja de la duhaldista Graciela Camaño, quien responsabilizó al Gobierno. “Si no hay seguridad es porque Duhalde no quiere”, sostuvo. La frase muestra por sí sola la escasa capacidad de la administración duhaldista para disciplinar a los suyos. El intento de aprobar el Presupuesto a libro cerrado es imposible. El tratamiento parlamentario se postergó para la semana que viene.