El 25 de mayo de 1978, la dictadura peruana de Francisco Morales Bermúdez arrestó sin orden judicial a trece opositores. Había dirigentes políticos, sindicalistas, miembros de las Fuerzas Armadas y un periodista. Después de recibir una golpiza, fueron subidos a un avión, donde viajaron engrillados y vigilados a punta de metralletas. Aterrizaron en Jujuy, donde los llevaron al Regimiento de Infantería de Montaña 20. Allí les dijeron que eran “prisioneros de guerra” y que su estadía en la Argentina obedecía a que “los gobiernos de ambos países habían decidido intercambiar prisioneros”. Quisieron obligarlos a firmar un pedido de asilo y, como se negaron, terminaron en el sótano de Coordinación Federal, en el centro porteño. Luego, fueron expulsados a terceros países. El juez federal Norberto Oyarbide ordenó por este hecho las indagatorias de los represores Jorge Rafael Videla y Albano Harguindeguy y dispuso la captura internacional del dictador peruano Francisco Morales Bermúdez.

“Una de las cosas destacadas del fallo es que abre la posibilidad de que desde la Justicia argentina se persiga judicialmente a los autores de delitos de lesa humanidad cometidos fuera del territorio argentino. Porque en este caso el hecho se inició en Perú, de parte de militares peruanos y las víctimas son peruanas”, explicó Pablo Llonto, abogado del caso. Destacó también que se haya “perdido el miedo” a un personaje poderoso en el exterior, a quien la Justicia italiana ya investigaba.

Morales Bermúdez derrocó en 1975 al general nacionalista Juan Velazco Alvarado con el objetivo de anular las reformas sociales y económicas que éste había impulsado.

La causa que tiene a su cargo Oyarbide no forma parte del expediente en el que se investigan los delitos de la Operación Cóndor porque allí no se incluía a Perú como miembro de la coordinación de la represión en el Cono Sur. Sin embargo, en su resolución, el magistrado enmarca este hecho como parte de ese plan. “El fallo va en el mismo sentido de la denuncia, que decía que esta expulsión violenta fue un acuerdo de alto nivel entre las dictaduras de los dos países”, dijo a Página/12 Ricardo Napuri, uno de los trece apresados y denunciante en este expediente.

“En 1978 la dictadura peruana se caía por la presión popular. Se produjo una huelga general y, como manotazo de ahogado, hicieron este operativo. El Mundial de Fútbol nos jugó a favor, porque los argentinos no sabían qué hacer con nosotros. Los militares argentinos querían que firmáramos un pedido de asilo político pero nosotros nos negamos, nos habían amenazado con aplicarnos la ‘ley de fuga’ y nos llevaron a los sótanos de la Policía Federal, donde había manchas de sangre en las paredes, donde nos hacían escuchar las sesiones de torturas. El caso fue tomado por el gobierno de Suecia y por Naciones Unidas, así que finalmente nos expulsaron, algunos a Suecia y otros a México o a París”, contó Napuri, quien en ese momento era candidato a la Asamblea Constituyente y fue elegido estando ausente del país. El papel que los represores argentinos pretendían que los peruanos firmaran tenía –reveló Napuri– una frase del estilo “al gobierno democrático de las Fuerzas Armadas, de la tradición argentina de defensa de los derechos humanos”.

El ex legislador narró también su salida de Argentina: “Nos trasladó un grupo armado de la policía al aeropuerto, no pasamos por migraciones, nos llevaron hasta la puerta del avión de Air France y al piloto le dijeron que nos retuviera la documentación y que a la llegada nos recibiera la policía francesa por subversivos. Protestamos y gritamos y los pasajeros se solidarizaron y el piloto habló con autoridades de su gobierno, nos dio los documentos y nos dijo que éramos huéspedes privilegiados”.

La decisión de Oyarbide tuvo gran repercusión en Perú. Morales Bermúdez, de 90 años, afirmó que el hecho por el que se lo acusa “fue una deportación a Argentina de un grupo de políticos peruanos que estaban alterando el orden público, en momentos que el gobierno militar preparaba la transición a la democracia” y negó que su dictadura haya sido parte del Plan Cóndor.

En el fallo, el magistrado citó un “reporte de la CIA fechado en 1978 en el que textualmente dice: ‘los miembros originales (de la Operación Cóndor) fueron Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia, Perú y Ecuador recientemente se convirtieron en miembros’”. También recordó el secuestro de Noemí de Molfino. La mujer fue capturada en Lima el 15 de junio de 1980 junto con otros tres argentinos en un operativo en el que participaron miembros de las Fuerzas Armadas de ambos países. Luego fue llevada a España, donde apareció muerta en un hotel el 21 de julio de 1980.

Videla y Harguindeguy serán indagados el 22 y 23 de febrero, respectivamente. El dictador argentino y su ministro de Interior ya están presos en otras causas vinculadas con delitos de lesa humanidad. El pedido de arresto con fines de extradición contra Morales Bermúdez se cursará a través de Interpol. Oyarbide también envió un exhorto internacional a través de Cancillería dirigido a la Justicia peruana. “Se procederá a subsumir la actividad desplegada por Morales Bermúdez como incursa en un acuerdo criminal, en carácter de autor y en calidad de miembro, que tuvo como objeto la privación ilegal de la libertad personal y torturas, entre otros ilícitos, conformado en este caso con las autoridades argentinas, puntualmente en este caso con Jorge Rafael Videla y Eduardo Albano Harguindeguy.”