Desde Lima

El dictador Francisco Morales Bermúdez, de 90 años, reapareció ayer, después de conocido el pedido de extradición del juez federal Norberto Oyarbide por el secuestro y deportación a la Argentina de trece dirigentes políticos peruanos en 1978. Lo hizo para atacar a la Justicia argentina y anunciar que no está dispuesto a someterse a ella. El general, que encabezó una dictadura entre 1975 y 1980, justificó la deportación de los políticos peruanos a la Argentina, donde fueron detenidos clandestinamente en una base militar de Jujuy, y anunció que estaba dispuesto a someterse a los tribunales peruanos para responder por este caso, pero que de ninguna manera aceptaría ser juzgado en Argentina. En la Justicia peruana no hay ningún proceso abierto contra él.

Más allá de su voluntad y de sus declaraciones contra la Justicia argentina, a la que acusó de desatar una “persecución política” en su contra, Morales Bermúdez tendrá que someterse al proceso de extradición, que puede tomar un año o incluso algo más. Una vez que la solicitud llegue a la Cancillería peruana ésta deberá derivarla a un juez, que tendrá veinte días para decidir si dicta orden de captura o si el largo proceso de extradición sigue con orden de comparecencia. La Corte Suprema tendrá la decisión judicial final. Si la Justicia peruana niega la extradición, el caso queda cerrado, si le da luz verde el asunto pasará al gobierno y el presidente Ollanta Humala tendrá la última palabra: tiene la facultad de darle trámite o rechazarla.

Carlos Rivera, abogado en derechos humanos y subdirector del Instituto de Defensa Legal, le señaló a Página/12 que, por tratarse de un caso de extradición, Interpol no puede detener a Morales Bermúdez sin la orden de un juez peruano. Sin embargo, Ronald Gamarra, también abogado en derechos humanos y ex secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, considera que una detención por parte de Interpol sí procedería. “Morales Bermúdez forma parte de los dictadores que en los años ’70 infectaron América latina y me parece muy bien que un juez argentino haya solicitado su extradición para procesarlo. No veo razón por la que no deba ser detenido por este caso y extraditado. Puede ser detenido inmediatamente que llegue la comunicación a Interpol. El Estado peruano debe tener muy claro que estamos ante un ex dictador”, señaló Gamarra a este diario.

En diciembre de 2007 la Justicia italiana solicitó la extradición del general Morales Bermúdez por el secuestro en 1980, en territorio peruano, de la ciudadana argentina, de origen italiano, Noemí Gianotti de Molfino, que luego apareció muerta en Madrid. En esa ocasión, el entonces presidente Alan García negó la extradición. En opinión de Carlos Rivera, a pesar del cambio político en el Perú con el inicio del gobierno de Ollanta Humala, en esta ocasión la extradición del dictador también encontraría dificultades para prosperar por razones políticas.

Dirigentes del partido del ex dictador Alberto Fujimori, del grupo político del ex presidente Alan García y miembros de la derecha, han salido en defensa del dictador acusado de violar los derechos humanos en el marco del Plan Cóndor. El gobierno no se ha pronunciado.

En opinión de Rivera, cuando Morales Bermúdez dice que no se quiere someter a la Justicia argentina pero pide que la Justicia peruana sí lo investigue, está apostando al alto nivel de impunidad que existe en los tribunales peruanos en los casos de violaciones a los derechos humanos: “Morales Bermúdez sabe que en Argentina hay un estándar que está más dirigido a sancionar a los jefes militares, mientras que en el Perú hay una tendencia a absolverlos. Por eso creo que su apuesta es ser juzgado en el Perú para no ser sancionado”.