En una sola acción y casi sin palabras, Cristina reconoció a Hugo Moyano como secretario general de la CGT y lo puso en su lugar. Lo sentó en la primera fila del salón de los patriotas latinoamericanos, junto a sus colegas de la CTA y de la Unión Industrial, a dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición y al líder de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló (quien anunció que aspira a sucederlo en junio). Para que nadie pudiera confundir la pacífica respuesta a la agresiva posición británica en el Atlántico Sur con el desembarco militar de 1982, recordó que sin soberanía popular en democracia no es posible la soberanía territorial y desclasificó el informe confeccionado por una comisión interfuerzas integrada por seis oficiales generales, que recomendó destituir y fusilar a los miembros de la Junta Militar. No se trató de un gesto dirigido sólo al frente interno. Junto con el respaldo de la UNASUR y la CELAC, la denuncia de la militarización y nuclearización de la única zona de paz del mundo y el reclamo de negociar la soberanía en las islas Malvinas como ordenó la Asamblea General de las Naciones Unidas hace casi medio siglo, coloca a Gran Bretaña en la situación más incómoda desde la ocupación, en enero de 1833. Clarín tituló que Estados Unidos “admite de hecho una administración británica de las islas”. Lo que en verdad dijo la vocera del Departamento de Estado fue que “reconocemos el gobierno de facto británico en las islas”, que no es lo mismo, y aclaró que no tomaba posición sobre la soberanía. Tampoco es cierto que se haya publicado completo el Informe Rattenbach. Nunca se conoció su núcleo informativo, que es el sumario interno del Ejército realizado por los generales Edgardo Calvi y Luis Alberto Amallo, que comprende las declaraciones de cada uno de los oficiales, suboficiales y soldados que regresaron con vida de las islas. Es por completo coherente que un grupo que llama presos políticos a los militares procesados por crímenes de lesa humanidad haya agredido a puñetazos a un diputado que salía del acto presidencial. La España Negra mostró su persistencia al condenar a Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo. Sus homólogos argentinos son por suerte un puñado de marginales.

En soledad

Desde el acto en River en 2010 por el 17 de octubre, en el que dijo que el sindicalismo aspiraba al poder y a que uno de sus dirigentes presidiera el país, pasando por el de la Avenida 9 de Julio en vísperas del 1º de mayo de 2011, con la pretensión de imponer candidatos propios en las listas del Frente para la Victoria, hasta el del 15 de diciembre en Huracán, donde renunció a sus cargos en lo que llamó “cáscara vacía de peronismo” del PJ, sin omitir las alabanzas a Kirchner y Cristina cuando la muerte del ex presidente ni la amenaza de paro y movilización a la Plaza de Mayo cuando la Procuración helvética pidió algunos datos sobre él por una causa contra un empresario de la basura, la trayectoria en zigzag ha sembrado dudas sobre el pulso de Moyano como conductor. Esto culminó con la última serie de frenazos y aceleradas en reportajes, declaraciones y filtraciones intencionales en las que Moyano y su locuaz hijo Pablo vertieron epítetos hirientes sobre el gobierno y sus funcionarios que terminaron por estacionarlos en un callejón tan estrecho, que les cuesta tanto retroceder como avanzar. El principal error de Moyano fue el desafío político a Cristina, terreno en el que ella sobresale y él es un principiante. Pero no fue más perspicaz su intento de repliegue a lo sindical, donde reivindicó a un dirigente tan desprestigiado como Juan José Zanola (cuando quedó en libertad, la Comisión Directiva bancaria lo expulsó, por 19 votos a cero) y en defensa de la caja de Gerónimo Venegas no apoyó el nuevo Estatuto del Peón, que devuelve derechos históricos y consagra nuevos para los trabajadores rurales. A medida que endureció sus posiciones contra Cristina fue cosechando adhesiones que lo alejan cada vez más del rol de aliado estratégico de un proceso de transformación nacional y popular. Los secretarios generales de las dos centrales fantasma que remedan la CGT y la CTA, el gastronómico Luis Barrionuevo de Camaño y el estatal Pablo Micelli, desearían, pero no saben cómo, caotizar la escena en procura de ampliar su menguado espacio. Con ellos no puede construir ni un hipotético sello electoral ni una alianza sindical estable. Quienes conocen el padrón confederal sostienen que Moyano no cuenta con los votos para aspirar a un tercer mandato, pero lo mismo pasa con los interesados en desplazarlo. Una hipótesis declinante es que varios gremios industriales consigan apoyos suficientes para consagrar a Caló. “En unos meses los Gordos se lo tragan, porque no tiene carácter”, dicen cerca de la actual conducción cegetista. Más probable parece que la CGT vuelva a dividirse, más de lo que ya lo está. Moyano atraviesa con Cristina una tensión similar a la de Víctor De Gennaro con Kirchner. Los dos dirigentes emblemáticos de la resistencia al consenso de Washington plantearon la disputa por la conducción a los gobiernos que enarbolaron sus banderas. De Gennaro recaló como diputado de un Frente Antiinflacionario Progresista que propone el ajuste. Dirigentes del círculo íntimo moyanista se han acercado al gobierno, para dejar constancia de su desacuerdo. “Si se va de la CGT, se repliega a Camioneros. ¿Y nosotros, dónde vamos?”, se preguntan.

El gobierno y la etapa

Todos los intentos de conciliación fracasaron, porque se ciñeron a los aspectos anecdóticos, psicológicos o de personalidad, sin discutir el fondo de la cuestión: Moyano cree (igual que De Gennaro) que el gobierno ha dejado de defender a los trabajadores, que se ha volcado a las patronales y que sigue una política de ajuste. Esto no soporta el cotejo con los datos objetivos. Lejos de reducir el gasto público, el piso conservador del presupuesto 2012 prevé su expansión en un 18 por ciento, sin contemplar los aumentos salariales que vendrán. La proyección del crecimiento del PIB es del 5 por ciento, con una inflación en baja por el enfriamiento global. El gobierno preferiría que tanto los aumentos salariales como las ganancias patronales fueran más moderados que en los últimos dos años, para que la inflación no volviera a rondar los 25 puntos. Pero su prioridad es preservar el empleo y el consumo, de modo que no ve las discusiones paritarias como una cuestión de vida o muerte y es previsible una cierta tolerancia a los deslizamientos. En su primer mensaje después del bisturí, CFK estigmatizó la rentabilidad extraordinaria de sectores que gracias a los subsidios pueden otorgar salarios más altos que otros y puso como ejemplo, nada menos, a la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga. Esto equivale a decir que las paritarias no tienen piso ni techo pero que ni las ganancias de los patrones ni los ingresos más altos de la heterogénea pirámide asalariada podrán alimentarse con fondos públicos.

Los jubilados recibieron este semestre un aumento del 17,6 por ciento, muy superior al que les hubiera tocado con la fórmula de los líderes revolucionarios Claudio Lozano, Miguel Bona-sso y Pino Solanas, y bien por encima del índice de precios al consumidor medido por la consultora más afiebrada para esos mismos seis meses. El Plan de Obras Públicas está en marcha, sin reducciones, y tampoco se encogió la planta de empleados públicos. El gobierno insiste en que no habrá recorte sino redireccionamiento de subsidios y afirma que la supresión de aquellos a los consumos de luz, gas y electricidad se hará en forma muy gradual, tanto en el tiempo como en los porcentajes. En Puerto Madero y Barrio Parque la poda fue inmediata y del 100 por ciento. Pero en otros lugares podría llegar dentro de uno o dos años y ser del 70, el 50 o el 30 por ciento. El tope del 35 por ciento impuesto en diciembre al interés que mutuales y cooperativas pueden cobrarle a jubilados, transfirió otros 10.000 millones de pesos de la cuenta de ganancia de los bancos a la demanda agregada. La medida se extenderá ahora a los préstamos a empleados públicos, con un efecto similar. Estos golpes al parasitismo financiero (ni de las cobranzas se encargaban los bancos que descontaban los documentos de los jubilados, ya que la hacía la ANSES al liquidar los haberes) son fuertes apuestas al mercado interno y el consumo popular. Algo parecido sucederá con los subsidios que dejen de pagarse a las líneas de colectivos, desde que la tarjeta SUBE permitirá transferir esos aportes en forma directa a los pasajeros más necesitados, de acuerdo con los datos sobre cada uno que constan en las distintas bases de datos de un Estado cuya calidad de gestión también ha mejorado. El control de la compra de dólares, las trabas a la remisión de utilidades al exterior, la supervisión previa de las importaciones y el seguimiento de las paritarias con un análisis de la productividad del trabajo y la rentabilidad de las empresas tampoco tienen por qué dañar el empleo, los ingresos populares y la demanda agregada. Sobre todo si se considera que los estudios de CIFRA (el centro de estudios de la CTA que dirige Eduardo Basualdo) demuestran que los incrementos de productividad han sido muy superiores a los de los salarios, alimentando las ganancias extraordinarias que tan contentas tienen a las grandes empresas, como comprobó con las de su país la secretaria de Asuntos Interamericanos, Roberta Jacobson, luego de reunirse aquí con la AMCHAM. Si, además, el encargado de medir la evolución de esas variables es Axel Kicillof, quien quiera ver ajuste debe sintonizar algún canal griego o español, porque aquí ya no se consigue.

Negociar con energía

En la misma dirección de transferencia de recursos, el gobierno intenta encarar la situación energética. La fuerte caída de las reservas y de la producción de hidrocarburos, el consecuente incremento de la importación y los mayores precios internacionales son consecuencia natural de la apertura y la privatización comenzadas hace dos décadas. Las compañías subvaluaron las reservas para bajar el precio que pagaron en la privatización y las monetizaron después, con exportaciones crecientes dirigidas a mejorar su rentabilidad y sin preocuparse por el autoabastecimiento ni la seguridad energética del país. Mientras los ingresos por exportaciones agropecuarias e industriales lo permitieron, el gobierno centró su preocupación en impedir un cuello de botella energético para el crecimiento espectacular de la economía y el empleo. Hoy que la deuda pública con acreedores privados no pasa del 13 por ciento del PIB, la factura energética es el principal desvelo. Este año la balanza comercial energética tendrá un déficit de 4.500 millones de dólares. El ingeniero en petróleo de la Fundación Bariloche Nicolás Di Sbroiavacca calculó que en veinte años se exportaron unos 1100 millones de barriles, a un promedio de 22 dólares el barril. Las petroleras ganaron unos 11.300 millones de dólares en moneda corriente. Si la Argentina tuviera que importar hoy esos mismos barriles (al precio de 103 dólares el barril del viernes) su costo ascendería a 112.000 millones de dólares. De no haberse dilapidado ese recurso precioso no renovable, las reservas llegarían hasta 2025. Esto daría mayor holgura al lento proceso exploratorio en la plataforma continental nacional y en otras áreas, y un mayor margen de negociación. Mientras maduran inversiones en otras fuentes de generación, es preciso aumentar la producción y reducir el déficit ya. Repsol concentró su inversión en la búsqueda de gas y petróleo no convencionales. Cuando se supo que había hallado reservas de shale oil y gas que serían las terceras del mundo, su capitalización bursátil creció. Pero no invirtió para explotarlas y migró sus extraordinarias utilidades hacia la casa central, que las invirtió en el norte de África. Cuando además se negó a financiar el combustible a precios internacionales que le suministra a Aerolíneas Argentinas, el gobierno no aguantó más. El principal accionista de Repsol, el catalán Antoni Brufau, desairó a los ministros de Economía y de Planificación, Hernán Lorenzino y Julio De Vido: sólo invertirá para hacer efectivas y poner en producción las reservas no convencionales de Vaca Muerta, pero nada en las áreas cuya producción convencional declina, salvo que le entregaran nuevas concesiones.

El interés público

Desde la reforma constitucional de 1994 los yacimientos son propiedad de las provincias, lo cual explica la importancia que adquiere la organización federal que reúne a las diez que producen hidrocarburos. Ante la reticencia de Repsol (y de su socio argentino especialista en mercados regulados), la OFEPHI estudia diversas alternativas. Las concesiones fueron otorgadas por contratos administrativos, diferentes a los comerciales entre privados. Su marco general es la ley de contrataciones administrativas, por la cual prevalece el interés público sobre el privado. Este ius variandi a favor del Estado fundamentaría la reversión de las concesiones si la inversión fuera insuficiente y siguieran cayendo la producción y las reservas en las cuencas convencionales. Así lo dijo en forma explícita la OFEPHI, que también propuso poner a punto métodos de medición que permitan al ente regulador estatal un control on line de lo extraído y el monitoreo ambiental. En los próximos días la OFEPHI fijará las inversiones “mínimas necesarias” para alcanzar la sustitución de esas importaciones. El Estado Nacional y las provincias reclaman que mientras el déficit energético no se conjure, Repsol comparta los costos del gas, ya sea importándolo al costo argentino o vendiéndolo al mismo precio que en el mercado español, según el modelo de Colombia. La entrega de esas áreas a otras empresas, ya sean públicas o privadas es otro camino en consideración. Pero las necesidades financieras de liquidez de España obligan a ser cuidadoso con la eventual renacionalización de YPF, que a los actuales precios podría ser muy onerosa, salvo que se tratara de una expropiación por razones de utilidad pública. En ese caso, según la ley 21499, la indemnización a pagar sólo comprendería el valor objetivo del bien, pero no las ganancias hipotéticas ni el lucro cesante. Llegar a este punto requeriría una intensa movilización social y política, que no parece fuera del alcance del actual gobierno. Por lo pronto, dentro de diez días, el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, y un grupo de organizaciones políticas y sociales que la acompañaron a fines de la década del ’90 en el Frente Nacional contra la Pobreza, lanzarán un Frente por la Soberanía Energética, que podría propiciar un plebiscito sobre el tema.